La inmensa mayoría del sector público continúa incumpliendo la Ley de Morosidad que establece un periodo máximo de pago a sus proveedores de 30 días, siendo así el plazo medio de pago de las administraciones públicas a los autónomos de 72 días, 11 menos que en el 2015, según informa la ATA.

El plazo del estudio realizado por la ATA, va desde la fecha de emisión de las facturas y el pago efectivo de las mismas, pone de manifiesto que las Comunidades Autónomas han reducido sus periodos de pago a en 34 días  con respecto al 2015, llegando a los 64 días en 2016. Sin embargo, la Administración Central, ha mantenido los plazos medios de 43 días, llegando a los 80 en las corporaciones locales, 13 más que en 2015.

Durante el año anterior las comunidades que más se retrasaron en los pagos a los autónomos fueron, Murcia, Baleares, Cantabria, Madrid, Baleares, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja, País Vasco y Navarra.

Respecto a los ayuntamientos, los municipios que más retrasaron sus pagos a los autónomos fueron los de Gandía, Algeciras y Alcorcón, mientras que Fuengirola, Segovia y Albacete, con 12, 15 y 18 días, fueron los que más los redujeron.

Del estudio realizado por la ATA también se observan datos en los que los plazos de pago de las empresas privadas a los autónomos también se han reducido el año pasado hasta en 10 días, hasta los 74, aunque sigue siendo superior al periodo máximo de 60 días que se establece por Ley.

Mientras que pymes y autónomos si cumplieron este plazo de pago con un máximo de 54 días de demora, las grandes empresas con plantillas superiores a los 250 trabajadores fueron las que más sobrepasaron estos plazos legales.