Conflicto de pymes y autónomos por la ley de contratos públicos

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ley de contratos públicos

Actualmente el Gobierno está trabajando en el proyecto de ley de contratos públicos y se encuentra con un gran obstáculo: autónomos y pymes. Este sector laboral critica este acuerdo, ya que en él, se da la posibilidad de que tanto las administraciones como los contratistas puedan fijar ellos el plazo del pago de los servicios, lo que supone que puedan hacerlo más allá de los 30 días para el sector público y los 60 para el sector privado.

Aún no se ha fijado nada pero el plazo de enmiendas para el proyecto ley rechazará esta enmienda al completo, que tendrá como fecha límite para hacerlo el próximo jueves 23 de enero. Y es que esta ley futura relacionada con la contratación pública afecta a un 18,5% del PIB español y quiere luchar contra la corrupción, algo que lleva ya varios meses predicando Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

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«El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo, respetando los límites previstos en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004 (…), siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva», recoge el proyecto de ley. «¿Qué es abusivo? Aquí la ley lo deja abierto a interpretación y ahí está la trampa» afirma Antoni Cañete, secretario general de la patronal catalana Pimec y presidente de la Plataforma contra la Morosidad, que pide que se elimine de la Ley esta opción de superar tanto el plazo de 30 como el de 60 días.

Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA y embajador de la Comisión Europea encargado de mirar con lupa que no se cometan fraudes ni impagos afirma que si esta ley no se modifica, no dudarán en recurrir a la Justicia continental: «Nos vamos a oponer a todo lo que signifique superar los 60 o 30 días de plazo de pago. Espero que el PP no se deje llevar por las presiones de los lobbys y las grandes empresas».

Autónomos y pymes también rechazan la opción de que un subcontratista no tenga relación directa con la administración sino únicamente con la empresa que lo contrata, dejándolo a expensas de las grandes empresas y además critican que la ley no obligue a a las administraciones a controlar que las empresas adjudicatarias cumplen a su vez los plazos de pago de la Ley contra la Morosidad.

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