Los autónomos poseen una responsabilidad ilimitada frente a deudas ya que, en caso de endeudamiento derivado de su actividad profesional, puede ver comprometidos sus bienes particulares.

Para poder minimizar el impacto de esto está la posibilidad de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, con la que se trata de librar de acreedores a los autónomos que han trabajado bajo preceptos a la hora de como gestionar su negocio.

Aunque bien es cierto, que beneficiarse de esta ley no es algo sencillo ya que cuenta con unos requisitos muy exigentes. Se tiene que demostrar que se cuenta con más de un acreedor y que no se puede llegar a afrontar el pago de estas deudas.

También es necesario probar que se es un «deudor de buena fe» y obtener un pacto previo extrajudicial con los acreedores.

CIAE afirma que se deben tener más en cuenta a los autónomos además de no poner tantas dificultades para beneficiarse de dicha Ley. Tal y como reflejan los datos publicados, obtenidos de cifras oficiales aportadas por el Gobierno, un 18,9% de autónomos y empresas se encontraban en concurso de acreedores el año pasado.

El porcentaje es aún mucho mayor contando las que no entran a concurso y entran a formar parte de la economía sumergida.

Otro de los puntos señalados en Apyme Digital para la mejora del funcionamiento de esta medida es una mayor felixibilidad por parte de la Administración. Así, creen que se conseguirían mayores ingresos tanto fiscales como en la Seguridad social.

Además, el último punto señalado como importante es sobre la figura tanto de los autónomos como de las pymes. En España son un 99,7% del total de las empresas y se cree que se debería incluir un apartado distinto o especial en la ley concursal.