La medida tomada por Hacienda  cayó con un jarro de agua fría en los trabajadores propios y recibió muchas críticas por parte del sector, por lo que la entidad se está replanteando esta medida y están realizando negociaciones para que se lleve a cabo a largo plazo y no al comenzar el 2017, aunque de momento el Real Decreto-Ley que prohíbe estos aplazamientos no se ha modificado.

Desde el 2013, en pleno núvleo de la crisis el número de aplazamientos del pago del IVA se multiplicó por cuatro, pasando de 501.336 a 2,07 millones en seis años, un grandísimo aumento, aunque con el paso de los años, ha ido descendiendo paulatinamente.

La prohibición de aplazar o fraccionar el pago del IVA, afectará en su mayor medida a las pequeñas empresas, que al contar con menos capital y menos ingresos, se encontrarían con grandes dificultades para pagar la totalidad del importe solicitado por Hacienda.

Según Cepyme, la gran mayoría de solicitudes de aplazamientos que realizan las empresas son inferiores a los 18.000. Este cambio en la ley supondría un duro traspiés para las empresas con problemas de liquidez que tendrían que recurrir a los bancos para resolver sus problemas económicos.

Además, este organismo muestra el descenso del número e importes solicitados por las empresas en los últimos años y recuerda en que estas empresas, cuando solicitan el fraccionamiento del IVA, se les aplica un coste adicional, por lo que dice que las pequeñas empresas deberían queden exentas de esta medida.

Eduardo Abad, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), asegura que para que la Administración tenga tesorería “se la quita a pymes y autónomos.

Este aplazamiento supondría “un instrumento de diferimiento del pago de las obligaciones tributarias y de obtención de financiación” afirma Cristóbal Montoro, y asegura que no tiene sentido que Hacienda financie a todas las empresas que solicitan el aplazamiento del IVA, cuando hay empresas que tienen capital para pagarlo, y aún así lo aplazan o fraccionan.