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La devolución de ayudas de los ERTE para «poder despedir»

La prolongación de la incertidumbre económica del país está llevando al límite a miles de empresas españolas. 

La desesperación comienza a inundar a empresarios españoles, hasta el punto de devolver a la Seguridad Social los beneficios generados por las exoneraciones en las cotizaciones de los que lograron ser admitidos en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, alertó el pasado martes de la futura «avalancha» de despidos, puesto que muchas empresas han comenzado a devolver las ayudas recibidas de los ERTE, en concreto las cuotas que en su día les exoneró la Seguridad Social.

«Estamos viendo cómo muchas empresas han comenzado a reembolsar a la Administración el coste del ERTE para proceder al despido, después de ver que no es viable la empresa por el largo período que lleva en esa situación», dijo Álvarez durante una jornada organizada por UGT junto con el Consejo General del Poder Judicial.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró altamente preocupado por las consecuencias económicas de esta segunda ola de la pandemia, asegurando que las empresas están ya en una situación «muy complicada», diferente a marzo, cuando el virus golpeó por primera vez pero las cogió aún fuertes.

El presidente de la patronal reconoció que «los empresarios estamos pasando por un momento muy delicado», en el que hay sectores «muy tocados», entre los que enumeró el turismo, la hostelería o el comercio.

Por ello, exigió al Gobierno elevar al 100 % las exoneraciones en las cotizaciones de la Seguridad Social a las empresas que están en un ERTE, sobre todo en los sectores que más están sufriendo, ya que ahora tienen que pagar una parte, dependiendo del tipo de expediente al que estén adscritas.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo obliga a las empresas – salvo por despidos justificados y otras excepciones- a mantener los puestos de trabajo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiéndose la reincorporación al trabajo de personas afectadas por expediente. 

«No son hechos aislados, muchas empresas están haciendo números y no les salen las cuentas, así que tenemos que ser previsores ante lo que se viene encima a no ser que se pongan las medidas que devuelvan las expectativas a estas empresas para que mantengan el empleo», señala una fuente sindical.

 

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