Las pymes y los autónomos se enfrentan a numerosos problemas en España, pero la morosidad es uno de los principales obstáculos para su economía y viabilidad. 

Alrededor de 40.000 autónomos han cerrado sus negocios o cesado sus actividades desde 2008. ¿Por qué? Por impagos de administraciones públicas o empresas privadas, principalmente.

Analizando los últimos diez años, han sido 400.000 trabajadores por cuenta propia los que han cesado su actividad. El 42% de autónomos aseguran que han sufrido morosidad pública y privada, y sitúan el periodo medio de pago de las facturas por encima de 60 días (lo que marca la ley de morosidad).

Desde el año 2014, el ritmo de cierres por estos motivos ha bajado el ritmo hasta llegar, más o menos, a los 300.000 cada año, siendo la peor época de cierres en España la crisis económica, ya que entre 2008 y 2013 cerraro 250.000 negocios.

El plan de pago a proveedores fue en 2011 un respiro para un colectivo. Durante ese año, regiones y municipios tenían ocultas en los cajones ocho millones de facturas pendientes de casi 200.000 empresas. Una deuda que alcanzó su mayor nivel en 2011, con más de 81.000 millones pendientes de pago a empresas (un 8,1% del PIB, según el Banco de España).

Al llegar el Gobierno de Mariano Rajoy al poder en el año 2012, la Administración pagaba a los proveedores con una media de 162 días de retraso. Con el objetivo de atender las necesidades de las empresas, el Ejecutivo puso en marcha el Plan de Negocio a Proveedores, que permitió saldar 41.800 millones en facturas sin pendientes.

El tamaño de la administración o de la población, no justifica la morosidad.  Y, apesar de que todas las administraciones han visto reducidos sus periodos medios de pago, el esfuerzo no ha sido el mismo para todas las regiones.

Las autonomías son las que más esfuerzo han hecho y más han reducido los periodos de pago. Las locales, para las que más trabajan los autónomos y pequeñas empresas, siguen, por el contrario, incrementando año tras año su demora y morosidad con los autónomos.

Las administraciones autonómicas han sido las únicas que han visto reducidos en el último año sus periodos de pago, hasta 45 días, casi un 17% en el último año. La Administración Central también lo ha hecho en casi dos semanas, lo que le permite entrar en los plazos que establece la Ley de Morosidad (55 días).

La media de retraso en los pagos de la administración local son alrededor de 95 días, pero hay municipios que registran unos datos mucho más altos. Es el caso de ayuntamientos como los de Jaén que sigue siendo el consistorio que más tarda en pagar de España, una media 589 días.

El Congreso de los Diputados debate una proposición de ley de Ciudadanos, auspiciada por asociaciones de autónomos, que establece como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de veinte días, y muy grave el que dicho plazo exceda en más de sesenta días.

Las primeras tienen establecido multas que oscilan entre los 2.046 euros hasta los 40.985 euros, en función del grado de gravedad, mientras que las multas para las infracciones muy graves pueden alcanzar, en su máximo, entre los 409.891 euros a 819.780 euros. La idea es que esta norma se apruebe en septiembre para que pueda entrar en vigor ya en 2019.