El nuevo equipo del Ministerio de Trabajo empieza a mostrar la hoja de ruta sobre los cambios que pretenden introducir en el sistema de contratación.
Entre las primeras decisiones al respecto, según anunció este martes la secretaria de Estado de Trabajo, Yolanda Valdeolivas, figurará la eliminación del denominado contrato indefinido de apoyo a emprendedores. Valdeolivas argumentó que una de las medidas estrella de la exministra Fátima Báñez, este contrato con un año de prueba durante el cual el despido no tiene que ser justificado y es gratuito, “ha provocado precarización de las condiciones de trabajo”. Y, pese a las bonificaciones en las cotizaciones que comporta para las empresas, “no ha contribuido” a aumentar el empleo fijo.
El contrato de emprendedores, nacido al calor de la reforma laboral del PP en el 2012, se implantó con el objetivo de incentivar la contratación de jóvenes y mayores de 45 años y contempla bonificaciones durante tres años para empresas de menos de 50 trabajadores que lo usen. Según datos facilitados por Trabajo, este mes de junio se firmaron más 26.000 contratos de este tipo (frente al total de casi 193.000 de carácter indefinido). Desde su creación, la cifra alcanza los 958.000.
Los contratos de formación y aprendizaje también se modificarán
La nueva secretaria de Estado aprovechó la presentación de los datos sobre el paro registrado y la afiliación para adelantar también su intención de “revisar profundamente” los contratos de formación y aprendizaje. Así, dio a entender que buscarán otro tipo de “mecanismo de incorporación de los jóvenes al mercado laboral, sobre todo los no cualificados”, pero arrojó sombras sobre la formación que reciben los actuales beneficiarios de estos contratos en su puesto de trabajo y su adecuación a la actividad que desempeñan.
Este contrato “seguirá funcionando, pero no como ahora”, puntualizó. El mes pasado se registraron 4.872 contratos de formación, “un número poco significativo”, en palabras de la propia Valdeolivas. Desde el ministerio que dirige Magdalena Valerio, recuerdan que estas medidas han de negociarse con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios.
Contra la temporalidad
La secretaria de Estado adelantó además que equipararán los conceptos de cotización de un contrato de menos de una semana (representan alrededor de la cuarta parte de todos los temporales que se firman) a los de larga duración. En la práctica, supone encarecer las cuotas, ya que pasarían a tener que cotizar proporcionalmente por conceptos como pagas extraordinarias, festivos, vacaciones, fines de semana…
De esta forma, aseguraron, tratan de combatir la elevada temporalidad y rotación, al tiempo que contribuyen a engordar las maltrechas arcas de la Seguridad Social. El secretario de Estado de esta área, Octavio Granado, no dudó en criticar con dureza la actuación del anterior gobierno en la gestión de las cuentas de este sistema público de protección social y, en especial, el recurso de los préstamos para financiar la Seguridad Social. Además de cargar contra la devaluación de los sueldos de los últimos años: “Más de la mitad del déficit es por la reducción de los salarios”, señaló.
Equilibrar ingresos y gastos
Granados insistió en que su objetivo principal es alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos.“Una vez tengamos trazada las estructura del equilibrio, intentaremos que tenga mayor calidad, lo cual significa que vamos a pedir mayor contribución a la sociedad española”. Para ello, apoyó nuevas figuras impositivas (que se desplegarán en los presupuestos del próximo año) y defendió destopar la base máxima de cotización, para que sea más “equitativo”. Aunque admitió que se trata de un cambio complejo y que tendrá que ir de la mano de una subida de la pensión máxima.
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