El Ejecutivo está estudiando esta posibilidad a fin de recabar más dinero para las arcas públicas

De cara a elaborar los presupuestos del año 2021, el Gobierno está estudiando la posibilidad de reformar diversas figuras fiscales, buscando la manera de recaudar dinero para sanear unas maltrechas arcas públicas. La crisis provocada por la pandemia está causando estragos y el Fisco necesita vías para financiarse.

La coalición conformada por el PSOE y Unidas Podemos tiene esta propuesta sobre la mesa y, mientras que los ministros socialistas, ostentadores de las carteras económicas, son reacios a tomar esta medida, al menos hasta que amaine la crisis, la formación morada es más partidaria de tomar esta decisión cuanto antes.

Según un estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Hacienda deja de ingresar alrededor de 3.457 millones de euros debido a la exención de IVA  en las actividades educativas y sanitarias en el sector privado.

Sin embargo, AIReF no recomienda gravar estas actividades debido a que estima unos gastos para el Estado de 4.306 millones de euros por el trasvase de usuarios de servicios privados a públicos. Este trasvase, además, podría generar una mayor congestión del sistema público, el cual ya está bastante saturado.

Hasta ahora, y al igual que sucede en el resto de países europeos, a excepción de Grecia, tanto la sanidad como la educación privadas se han visto exentas de impuestos. No obstante, se están elaborando informes para determinar la eficiencia que tendría esta medida y su posterior aplicación.

El problema con la sanidad

Los cálculos realizados por AIReF se han realizado en base a las cifras obtenidas durante el ejercicio de 2017. Con los números en la mano, el coste de aplicar el 21% de IVA  la sanidad privada sería de alrededor de 382 millones de euros.  

En cambio, estas cifras podrían aumentar considerablemente con la situación en 2020, en la cual la crisis sanitaria está asfixiando al sector público y lo único que se conseguiría sería meterle más presión.

De hecho, las asociaciones sanitarias también advierten de lo inoportuno de la medida debido a que la sanidad privada ofrece una vía de desahogo para el sistema público. Son muchos los ciudadanos que optan por la sanidad privada debido a la saturación en el sector público.

Con respecto a la educación

Para realizar los cálculos relativos a la educación, AIReF toma datos pertenecientes al año 2016. Y, según sus estimaciones, gravar con el 21% del IVA a ésta supondría un agujero en las arcas del Estado de aproximadamente 467 millones de euros.

Pero, al igual que sucede con la sanidad, estos datos podrían verse agravados debido a la crisis actual. Las estimaciones nunca serán exactas y el coste dependerá del número de usuarios de la educación privada que pasaran al sistema público, pero con la situación actual de muchas familias, este número podría ser más elevado del esperado.