La reducción de la jornada laboral y el aumento del SMI han coincido en el tiempo y puede parecer que han tenido repercusión en el mercado laboral.

En enero de 2025, España experimentó una notable contracción en su mercado laboral, con la pérdida de 242.148 afiliados a la Seguridad Social, lo que equivale a una disminución diaria de 11.530 puestos de trabajo durante los días laborables del mes.

Esta tendencia coincide con debates y decisiones gubernamentales clave, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Mientras el Gobierno defiende estas medidas como avances en derechos laborales y herramientas para mejorar la productividad, diversos sectores empresariales expresan su preocupación por el posible aumento de los costes laborales y sus repercusiones en la creación de empleo.

Reducción de la jornada laboral y aumento del SMI

Contexto actual del mercado laboral español

El inicio de 2025 ha estado marcado por una significativa destrucción de empleo en España.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, enero registró una pérdida de 242.148 afiliados, la cifra más alta para este mes desde 2020.

Este descenso se atribuye en gran medida a la finalización de contratos temporales vinculados a la campaña navideña, especialmente en sectores como el comercio y la hostelería, que juntos eliminaron cerca de 96.000 empleos.

Aunque el paro aumentó en 38.725 personas, esta cifra es inferior a la de años anteriores, lo que sugiere una cierta atenuación de la estacionalidad en el mercado laboral.

Sin embargo, la destrucción de empleo en enero sigue siendo una constante preocupante.

Reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El Consejo de Ministros aprobó recientemente un anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales.

Esta medida, que beneficiaría a más de 12 millones de trabajadores del sector privado, busca mejorar la productividad y reducir el absentismo.

Además, introduce modificaciones en el control horario y establece el derecho a la desconexión digital.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la iniciativa afirmando que permitirá a los trabajadores «vivir mejor y trabajar menos», al tiempo que se incrementa la eficiencia económica.

Díaz también ha señalado que sectores como la hostelería están obteniendo beneficios significativos, lo que justifica la necesidad de redistribuir la productividad y democratizar los beneficios.

Incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

Paralelamente, el Gobierno ha acordado con los sindicatos CCOO y UGT un aumento del SMI en un 4,4%, situándolo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a un salario anual de 16.576 euros.

Esta medida, que se aplicará retroactivamente desde el 1 de enero de 2025, busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos.

Es importante destacar que, con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el valor de la hora trabajada aumentará.

Por ejemplo, si antes se trabajaban 40 horas semanales, al reducirse a 37,5 horas, el valor de la hora trabajada se incrementa proporcionalmente.

Reacciones del sector empresarial a la Reducción de la jornada laboral y aumento del SMI

Las medidas propuestas han generado reacciones diversas entre los representantes empresariales.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha manifestado su preocupación por los «signos de fragilidad y cierta atonía del dinamismo empresarial», señalando que el aumento de los costes laborales, fiscales y financieros, junto con la inseguridad jurídica derivada de constantes cambios legislativos, podría afectar negativamente a la creación de empleo.

Pedro Alfonso, presidente de la patronal en Tenerife, criticó la reducción de la jornada laboral, argumentando que comprometerá la productividad y añadirá cargas adicionales, como el incremento del SMI.

Advirtió que muchas pequeñas empresas podrían recurrir a contratos a tiempo parcial para hacer frente a la reducción de horas, lo que podría afectar la calidad del empleo.

Por otro lado, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha expresado su apoyo a la reducción de la jornada laboral, argumentando que mejorar las condiciones laborales aumentará la productividad empresarial.

Abad destaca que las grandes empresas ya compiten ofreciendo mejores condiciones laborales y que la conciliación de la vida profesional y personal es fundamental.

Perspectivas económicas y de empleo

A pesar de las preocupaciones expresadas por algunos sectores, el Gobierno ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento económico para 2025, proyectando un aumento del PIB del 2,6% y la creación de medio millón de empleos anuales.

Se espera que la tasa de paro se reduzca al 9,7% para finales de 2026, alcanzando un récord de 23 millones de empleados.

Estas proyecciones se basan en la solidez del mercado laboral, un incremento de la inversión y una recuperación del consumo privado.

Sin embargo, expertos como Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, señalan que, tras cuatro años de intenso crecimiento del PIB posterior al COVID-19, la tasa de paro aún se sitúa en el 10,8%, lejos del objetivo de pleno empleo y por encima del nivel mínimo previo a la crisis financiera (7,9%).

Riesgo enfatiza la necesidad de desplegar todo el potencial de la digitalización en la gestión de las políticas activas de empleo para incorporar al mercado laboral a muchos trabajadores que siguen buscando empleo y facilitar candidatos a empresas que necesitan cubrir vacantes.

Conclusión Reducción de la jornada laboral y aumento del SMI: ¿Un impulso o freno para el empleo en España?

Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno español, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales, buscan mejorar las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, es esencial analizar críticamente sus posibles repercusiones en el tejido empresarial y en el mercado laboral en su conjunto.

La reducción de la jornada laboral sin una disminución proporcional del salario implica un aumento del coste por hora trabajada.

Este incremento puede representar un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen la columna vertebral de la economía española.

Estas empresas, a menudo con márgenes de beneficio ajustados, podrían enfrentar dificultades para absorber los mayores costes laborales sin trasladarlos a los precios finales de sus productos o servicios, lo que podría afectar su competitividad.

Además, el aumento del SMI, aunque beneficioso para los trabajadores de menores ingresos, podría tener efectos adversos en la creación de empleo.

Estudios previos han señalado que incrementos significativos en el SMI pueden conducir a una menor creación de empleo, especialmente entre los colectivos con menores salarios.

Por ejemplo, un análisis del Banco de España sobre la subida del SMI en 2019 indicó un menor crecimiento del empleo en los segmentos salariales más bajos.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha advertido que la ralentización del mercado laboral desaconseja una nueva subida acumulativa del SMI y el aumento de costes laborales que implica la imposición de una reducción de la jornada laboral sin ajustar correlativamente los salarios.

Según CEPYME, estas medidas, impuestas sin tener en cuenta las circunstancias específicas de los territorios, sectores o tamaños de empresa, ni la evolución a la baja de la productividad, impactarán negativamente en las pymes, mermando su rentabilidad y su capacidad para invertir.

Es crucial reconocer que, aunque las intenciones detrás de estas políticas son loables, su implementación sin una consideración integral de las realidades económicas y empresariales puede generar efectos contraproducentes.

Un aumento de los costes laborales, sin una correspondiente mejora en la productividad, podría llevar a las empresas a adoptar medidas como la reducción de plantillas, el incremento de precios o la informalidad laboral, afectando negativamente al empleo y a la economía en general.

Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno, en colaboración con los agentes sociales, diseñe estrategias que equilibren la mejora de las condiciones laborales con la sostenibilidad económica de las empresas.

Esto podría incluir incentivos para la formación y mejora de la productividad, apoyos específicos para las pymes y una implementación gradual de las medidas que permita a las empresas adaptarse sin poner en riesgo su viabilidad.

En conclusión, aunque la reducción de la jornada laboral y el incremento del SMI representan avances en derechos laborales, es imperativo abordar sus posibles implicaciones económicas con cautela y responsabilidad, asegurando que las políticas públicas fomenten un crecimiento inclusivo y sostenible para todos los actores del mercado laboral español.