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Cuando el SMI paga IRPF, sube tu nómina… y también la factura empresarial: 480 € adicionales por trabajador

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido una bandera recurrente del debate político en España, pero lo que muchos no advierten es que si el SMI paga IRPF, la factura empresarial sube para las empresas y puede dispararse.

Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la carga adicional podría rondar los 480 euros por trabajador al año.

Ese aumento no solo presiona a las pymes, sino que genera efectos colaterales en la competitividad, en la viabilidad del empleo y en las expectativas de quienes perciben el salario mínimo.

En este artículo revisamos con detalle las cifras, los mecanismos, las consecuencias reales y los dilemas que esta decisión plantea en el contexto laboral y fiscal español.

 

Contexto: del SMI exento al SMI que tributa, si el SMI paga IRPF sube factura empresarial

El SMI actual y su exención tradicional

Hasta ahora, los trabajadores que perciben el SMI quedaban exentos de tributar en el IRPF (o, en los casos en que la suma de sus ingresos no superaba el mínimo exento).

Esa exención era una forma de proteger a los colectivos con menor ingreso y evitar que parte del incremento legal del salario se perdiera en impuestos.

El SMI para 2025 fue fijado en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un total de 16.576 euros anuales.

Esta subida beneficiaría a aproximadamente 2,4 millones de personas.

Sin embargo, Hacienda decidió no elevar el mínimo exento del IRPF, lo que rompe esa correspondencia automática entre subir el salario mínimo y mantener la exención fiscal.

De esta forma, aunque el SMI suba, una parte de esa subida podría acabarse destinando al impuesto sobre la renta.

 

Qué advierten los técnicos de Hacienda, si rl SMI paga IRPF sube factura empresarial

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha advertido que si el SMI empieza a tributar, el coste empresarial aumentarían unos 483 euros anuales por trabajador que cobra el salario mínimo.

Esa cifra incluye tanto el aumento del salario bruto como el incremento de las cotizaciones sociales empresariales asociados.

Esa estimación parte de suponer que el salario bruto debe elevarse desde 16.576 € hasta 16.916 € para que el trabajador reciba neto lo mismo una vez aplicado IRPF; a ese incremento hay que añadir las cotizaciones adicionales que esa base superior arrastra.

En total, ese coste extra lo soportaría la empresa, no el trabajador (aunque este último podría terminar con menor mejora neta de lo esperado).

TEP (Técnicos de Hacienda) también señalan que unos 2,4 millones de personas cobran el SMI, pero que en realidad hay hasta 8 millones de trabajadores cuyos ingresos efectivos están alineados con él por jornada parcial u otros factores, lo que amplía el impacto potencial.

GESTHA propone que, para evitar esta carga, se introduzca una deducción específica en el IRPF que exima del impuesto a quienes perciben el SMI, en lugar de cambiar el mínimo exento general.

 

Mecanismos: por qué elevar el salario mínimo y que tribute encarece el empleo, si el SMI paga IRPF sube factura empresarial

Para entender por qué ese aumento de coste se genera, conviene descomponer los mecanismos:

Efecto “salario bruto mayor”

Si el SMI debe tributar, el salario bruto tiene que subir para que el trabajador reciba al menos lo mismo neto que antes del cambio. Esa subida bruta recae sobre la empresa (dentro de la masa salarial).

 

Cotizaciones sociales empresariales sobre la base superior

Con el salario bruto mayor, la empresa contribuye más en cotizaciones (contingencias comunes, desempleo, formación, etc.). Esa carga adicional es proporcional al nuevo tramo de salario ajustado.

 

Coste agregado por trabajador

La suma de esos dos elementos (salario bruto adicional + cotizaciones extra) se traduce en un incremento sustancial del coste laboral por cada empleado que percibe el SMI.

 

Consecuencias económicas y laborales si el SMI paga IRPF, sube factura empresarial

Presión sobre las empresas, especialmente pymes

Para muchas pequeñas y medianas empresas, encajar un coste extra de cerca de 480 € por trabajador puede resultar crítico.

Sobre todo en sectores de bajo margen (comercio, hostelería) donde los costes fijos ya están al límite.

Ese aumento puede frenar nuevas contrataciones, fomentar ahorros en otros gastos o incluso incentivar reducciones de plantilla marginales cuando la actividad no lo permite.

 

Distorsión del efecto de la subida del SMI

Precisamente uno de los objetivos del alza salarial es mejorar el ingreso real de los más vulnerables.

Si parte del incremento se remunera vía impuestos y costes adicionales empresariales, el efecto real para el trabajador es menor del anunciado.

En algunos casos, la mejora neta puede ser casi inexistente.

 

Riesgo de desempleo o precarización

Cuando el coste de contratar o mantener empleo se eleva, las empresas podrían optar por reducir plantilla, reemplazar trabajadores por automatización, externalizar funciones o evitar que ciertos puestos sean ocupados.

Eso puede impactar adversamente sobre los trabajadores de menor cualificación que el SMI pretende proteger.

 

Revisiones de estructuras salariales

Las empresas podrían cambiar estructuras salariales, reajustar complementos, presionar negociaciones colectivas para amortiguar el impacto fiscal o reconfigurar contratos.

Eso puede generar tensiones laborales y negociación sindical con presión ascendente.

 

Efectos fiscales contraproducentes

Si la carga sobre las empresas crece, algunas podrían reducir inversión o actividad, lo que reduciría la base imponible general, menor crecimiento económico y menor recaudación global.

El efecto contrario al deseado.

 

Comparativas internacionales y lecciones

En muchos países, los sistemas de salario mínimo y tributación están diseñados para evitar que el salario mínimo tribute.

Esa exención diferencial es una protección social.

Cuando se integran el salario mínimo dentro del sistema general del IRPF, los efectos deben moderarse con deducciones específicas, escalas progresivas o mínimos exentos específicos.

En otros casos, cuando el salario mínimo crece, también se ajusta el mínimo exento: ese mecanismo corrector ha sido común para evitar que los más vulnerables paguen impuesto por mejoras legales.

La experiencia internacional indica que imponer tributación directa sobre el umbral más bajo del mercado laboral puede provocar efectos adversos de empleo reducidos, crecimiento inferior en la base de asalariados y aumento de la informalidad.

 

Tensiones políticas e institucionales. Si SMI paga IRPF sube factura empresarial

Conflicto entre Trabajo y Hacienda

El Ministerio de Trabajo sostiene que el SMI debe permanecer exento de IRPF para no penalizar a los niveles salariales más bajos, mientras Hacienda apunta a mantener ingresos fiscales sin ampliar excesivamente exenciones.

El equilibrio entre estas visiones está generando tensiones institucionales.

Trabajo ha pedido escenarios donde, si el SMI tributa, el neto siga representando el 60 % del salario medio, para amortiguar el efecto sobre los trabajadores.

En Madrid y otras comunidades, el impacto puede variar según las deducciones autonómicas y retenciones regionales.

 

Riesgo de veto legislativo o modificaciones

Para evitar que el SMI tribute sin compensación, ya se han planteado deducciones especiales o ajustes al mínimo exento.

Hacienda ha valorado una deducción que incluiría a los perceptores del SMI para que no tengan que pagar IRPF.

También podría haber propuestas legislativas para elevar el mínimo exento en el IRPF o para hacer progresivas las cargas.

Pero esos cambios tienen un coste presupuestario que el Estado tendrá que financiar.

 

Debate de justicia fiscal

Para muchos, es injusto que quien gana el salario mínimo pague impuesto por su mejora.

Otros argumentan que la tributación del SMI es lógica si está dentro de la base gravable general, y que no debe haber privilegios fiscales.

El debate gira en torno a si el impuesto debe respetar pautas de progresión —es decir, que las rentas bajas contribuyan poco o nada— o implementar una política más igualitaria en el IRPF.

 

Qué hacer para minimizar el daño y salvaguardar la viabilidad

Desde una perspectiva liberal y pro mercado, algunas recomendaciones para evitar que esta medida genere efectos dominó negativos podrían ser:

  • Deducción especial para perceptores del SMI. Que una parte o la totalidad del salario mínimo esté exento, aun cuando tributen formalmente, mediante deducciones específicas.
  • Transición gradual con escalas suaves. Introducir la tributación del SMI de forma progresiva a lo largo de varios años para que las empresas se ajusten.
  • Compensaciones para pymes. Ayudas fiscales o bonificaciones para empresas pequeñas que soportan más el peso de esa carga adicional.
  • Revisión del mínimo exento del IRPF. Elevar el mínimo exento o ajustar tramos para que la mayoría de perceptores de SMI no queden en situación de tributación inmediata.
  • Flexibilidad salarial contractual. Permitir que algunas partidas variables o complementarias se ajusten, de acuerdo con convenios, para mitigar el impacto fiscal y de coste.
  • Refuerzo del crecimiento económico. Estimular la productividad, la inversión y la innovación para amortiguar la presión fiscal con mayores ingresos generales.

 

Conclusión Cuando el SMI paga IRPF, sube tu nómina… y también la factura empresarial: 480 € adicionales por trabajador

Exigir que el Salario Mínimo tribute en el IRPF parece una medida técnica o de equidad fiscal, pero en realidad es una bomba de relojería para la relación salarial-entorno empresarial.

Si los más vulnerables pierden parte de la mejora salarial en impuestos, y las empresas deben asumir un coste adicional cercano a 480 euros por trabajador, el precio que paga el empleo puede ser demasiado alto.

Piensan que gravar el SMI es “justicia fiscal”; pero al imponer una carga fija sobre quienes menos margen tienen, estamos penalizando el riesgo productivo y la posibilidad de generar empleo.

Esa decisión convierte el salario mínimo en una máquina de crear costes, no de reducir desigualdad.

La política laboral no se resuelve con decretos tributarios: debe construirse sobre incentivos reales, responsabilidad empresarial y equilibrio fiscal. Porque una subida de salario que termina en impuestos no es progreso, es ilusión maquillada.

Si no acompañamos esa decisión de mínimos exentos, deducciones y protección a pequeñas empresas, esta medida puede terminar ahogando el empleo que pretende dignificar.

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