ATA, la asociación mayoritaria de autónomos, pide aplazar la obligación al nuevo software de facturación VeriFactu.

La acelerada transformación digital obliga a los autónomos y pequeñas empresas en España a adaptarse a la nueva realidad normativa en materia de facturación.

Un cambio que no sólo implica actualizar programas, sino replantear procesos enteros.

En este contexto, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está ya enviando comunicaciones a pymes y autónomos, anunciando que deberán disponer de software de facturación homologado que garantice la trazabilidad, la inalterabilidad y el envío o registro de operaciones conforme al nuevo esquema denominado VeriFactu.

Ante esta presión, la ATA ha elevado una petición clara: retrasar la entrada en vigor de esa obligación para los autónomos hasta 2027, con el fin de aliviar la carga sobre el colectivo.

En este artículo analizamos qué hay detrás de esa solicitud, cómo se estructura la normativa, cuál es el estado de la preparación del sector, qué riesgos y costes implica, y qué pueden hacer los autónomos y microempresas para prepararse.

Al final, una conclusión crítica sobre los desafíos que afronta el tejido productivo español.

¿Qué obliga la normativa y por qué se ha activado ahora?. ATA pide aplazar el nuevo software de facturación VeriFactu

La obligación de adaptar los sistemas de facturación tiene su origen en la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Esta ley sienta las bases para exigir a los programas informáticos de facturación una serie de garantías técnicas: generación de registros inalterables, trazabilidad, firma electrónica, código QR, preservación de datos durante años.

El desarrollo normativo continuó con el Real Decreto 1007/2023, que regula los llamados Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) y el propio sistema VeriFactu.

En este marco, los programas de facturación —ya sean para autónomos o pymes— deberán estar homologados y permitir el registro seguro de cada factura, con posibilidad de envío a la AEAT o al menos almacenamiento conforme.

El calendario fijado inicialmente situaba dos fechas clave:

• 1 de enero de 2026: para sociedades que tributan en el Impuesto de Sociedades.
• 1 de julio de 2026: para autónomos que tributan en el IRPF.

La motivación oficial es clara: reforzar el control sobre facturación, evitar softwares de doble uso que permitan ocultar ventas o manipular datos, e incrementar la transparencia fiscal.

Una evolución que, según especialistas, también busca impulsar la digitalización del tejido productivo español.

La petición de la ATA: ¿qué reclaman y por qué? pide aplazar VeriFactu

La ATA, en cabeza de su presidente Lorenzo Amor, ha solicitado que los plazos de adaptación se alarguen un año, de modo que:

• Para sociedades, la fecha quedaría 1 de enero de 2027 (en lugar del 1 de enero de 2026).
• Para autónomos, el plazo se traslade al 1 de julio de 2027 (en lugar del 1 de julio de 2026).

La argumentación principal versa en:

Que muchos autónomos y microempresas no están preparados tecnológica ni organizativamente para un cambio tan profundo, con costes que no siempre se han evaluado plenamente.

Que los proveedores de software todavía no han entregado masivamente soluciones adaptadas o que los negocios no han migrado.

Por ejemplo, un estudio reciente señalaba que solo el 40 % de las pymes ya habían adaptado sus programas a este tipo de normativa cuando quedaban dos meses para la fecha oficial.

Que añadir más “trabas” al colectivo podría frenar la actividad de los autónomos, cuya carga administrativa es ya elevada.

Como manifestó Amor en redes: “No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes y a los profesionales y asesores que trabajan con nosotros. No más trabas”.

Que la Agencia Tributaria ya ha iniciado el envío de notificaciones a empresas para que adapten sus software antes de los plazos.

En resumen, la petición de la ATA no cuestiona la finalidad de la norma, sino la “velocidad” y el “impacto” para aquellos que carecen de recursos para adaptarse de forma inmediata.

Estado de preparación del sector: realidades y obstáculos. ATA pide aplazar el nuevo software de facturación VeriFactu

Varias fuentes aportan datos preocupantes sobre el nivel de preparación de autónomos y pymes:

Según un estudio del Observatorio TeamSystem, solo el 40 % de las pymes se había adaptado ya al software de facturación exigido por el reglamento, pese a que faltaban solo dos meses para la fecha límite original.

Además, se detectó que más del 50 % de las pymes y autónomos conocían “poco o nada” la normativa (RSPF, Verifactu) que va a afectarles.

En muchos casos, los desarrolladores de software enfrentan cuellos de botella, dado que deben homologar nuevas soluciones, actualizar las existentes y garantizar que los usuarios puedan migrar.

Otra brecha importante: la confusión entre dos obligaciones diferentes pero a menudo superpuestas: la actualización del software (Verifactu) y la facturación electrónica obligatoria (que tiene otro calendario y regulación distinta).

Este hecho genera “ruido” entre los usuarios finales.

También, se señala que aunque la norma “técnica” del software venga antes, la obligación de emitir facturas electrónicas —un paso adicional— aún no tiene fecha firme para todo el colectivo, lo que incrementa la incertidumbre.

Estos datos demuestran que el entorno para el cambio es difícil: recursos escasos en microempresas, falta de formación, tecnología obsoleta, presión del calendario y miedo a sanciones.

En este contexto, la petición de aplazamiento de la ATA gana fuerza.

Qué implicaciones prácticas tendrá la norma para autónomos y pymes. ATA pide aplazar el nuevo software de facturación VeriFactu

Para los negocios y los profesionales por cuenta propia, las implicaciones son múltiples:

• Costes y migración tecnológica: Cambiar de un software estándar a otro homologado puede implicar licencias nuevas, costes de implantación, pruebas, formación interna o externa e incluso soporte del proveedor del software. Esta inversión puede ser relevante para una microempresa con márgenes reducidos.
• Riesgo de sanciones: El incumplimiento de los requisitos técnicos de los programas de facturación —por ejemplo, usar un software no homologado— puede acarrear sanciones administrativas importantes. Un medio apuntaba a sanciones de hasta 50.000 euros. Este riesgo real aumenta la presión sobre autónomos y pymes, que ya tienen muchas obligaciones fiscales y administrativas.
• Operatividad diaria: La adaptación implica verificar que el software emita facturas con código QR, permita el envío o registro que exige VeriFactu, que los clientes puedan comprobar la autenticidad si procede, y garantizar que no haya manipulación de los datos. En el día a día, este cambio puede requerir ajustes de proceso y tiempo que muchas pequeñas empresas no tienen de sobra.

Más implicaciones

• Beneficios de largo plazo: Aunque el coste inicial es elevado, en teoría la norma facilitará una mayor transparencia, menor morosidad, mejor gestión de facturación, y puede incluso facilitar digitalización, automatización de procesos y mejora competitiva. Como señalan varios analistas, la facturación electrónica y los sistemas homologados suponen una palanca de transformación digital.
• Riesgo de brecha digital / desigualdad: No todos los autónomos cuentan con el asesoramiento tecnológico o financiero para abordar esta migración. Las microempresas de carácter tradicional pueden quedar descolgadas, con riesgo de infracción o de operar con sistemas que luego sean obsoletos.
• Momento de transición: El hecho de que la normativa aplique primero a las sociedades y luego a los autónomos es relevante: permite que los desarrolladores ajusten el software, que haya un periodo previo de prueba y que se identifiquen los fallos. Pero también genera desigualdades de calendario y posibles “efectos frontera”.

¿Por qué la ATA pide aplazar VeriFactu y qué efectos podría tener un retraso?

La petición de la ATA tiene sentido desde la óptica de la defensa del colectivo al que representa: los autónomos.

Veamos los argumentos de fondo:

• Socio-económico: Muchos autónomos operan con márgenes ajustados, contratos variables, y no pueden dedicar recursos significativos a una adaptación tecnológica inmediata. Pedir un aplazamiento busca evitar que el coste de la transición se convierta en una barrera para la actividad emprendedora o incluso agudice la economía sumergida si se retrasa la adaptación.
• Técnico-operativo: Dado que únicamente el ~40 % de las pymes había adaptado su software y que los desarrolladores se enfrentan a una elevada carga de homologación, un aplazamiento permitiría que el mercado de software homologado se estabilizase, que las pruebas se extendieran y que la transición fuese menos traumática.
• Administrativo e informativo: Hay un déficit de conocimiento en el tejido productivo sobre las obligaciones que vienen. Un aplazamiento daría más tiempo para presentar guías, asesoramiento, formación y acompañamiento, lo que reduciría errores y sanciones.
• Competitividad: Si los autónomos deben destinar recursos a adaptarse al software en un momento de inestabilidad económica o crédito ajustado, podrían verse penalizados frente a grandes empresas.

¿Qué efectos podría tener atrasar VeriFactu hasta 2027 que pide ATA?

Positivo: facilitaría una adaptación menos apresurada, daría más margen para formarse, reduciría estrés administrativo.

Negativo: retrasar la obligación podría significar que la lucha contra el fraude fiscal se ralentice, que el entorno digitalizado avance más lento, y que el tejido empresarial que sí se adapte pueda tener ventaja frente al que retrasa. La AEAT perdería una palanca de control fiscal más temprano.

De equidad: Si algunas empresas ya adaptan y otras no, puede generarse desigualdad en el cumplimiento y, por tanto, en las sanciones o en la percepción de “competencia desleal”.

¿Qué deben hacer ahora los autónomos y microempresas?

Independientemente del aplazamiento que pueda concederse, lo importante para el emprendedor o profesional por cuenta propia es no quedarse atrás.

Aquí algunas recomendaciones:

• Verificar el software: Revisar si el programa de facturación que se utiliza está homologado o va a estarlo, si cumple con las exigencias de VeriFactu (código QR, firmeza de registro, trazabilidad) y si el proveedor informa sobre el calendario de adaptación.
• Asesoramiento: Consultar con el asesor fiscal, la gestoría o el proveedor de software acerca de las implicaciones de la normativa, los costes, y los plazos.
• Formación y proceso interno: Establecer un plan interno de adaptación: análisis de procesos, formación del personal (si lo hay), pruebas piloto de emisión de facturas conforme al nuevo sistema, verificación con clientes si procede.
• Planificación financiera: Incluir en el presupuesto los costes de migración, licencias o cambio de software; identificar ayudas o subvenciones para digitalización; prever el tiempo de adaptación.

Más acciones

• Anticipación: No esperar hasta el último momento. Es más seguro adaptarse antes, identificar problemas, y estar listo cuando la obligación sea exigible. En muchos casos, una migración temprana facilita la continuidad del negocio y reduce riesgo de sanciones.
• Comunicación con clientes y proveedores: Informar a clientes o proveedores si cambia el formato de facturación, si habrá código QR, si los procesos de pago o emisión de facturas varían; asegurar que la cadena no se rompa.
• Revisar el entorno fiscal: Conocer bien la normativa (Ley Antifraude, Real Decreto 1007/2023, futuras leyes de factura electrónica), para anticipar qué obligaciones vienen más allá del software. Por ejemplo, la obligación de factura electrónica para todos los negocios (pendiente aún de reglamento) podría llegar más adelante.

Enfoque para emprendedores y microempresas: retos y oportunidades. ATA pide aplazar VeriFactu

Desde la perspectiva de los emprendedores y las microempresas, este cambio normativo no es solo una carga adicional sino también una oportunidad:

• Ventaja competitiva: Quienes adapten sus procesos de facturación y digitalización estarán mejor posicionados para operar en un entorno más transparente, con procesos más eficientes y quizá mejor percepción ante clientes, proveedores y entidades financieras.
• Optimización de recursos: La migración a software homologado puede abrir la puerta a otras mejoras: facturación electrónica, integración de cobros, automatización de procesos, analítica de datos. Esto permite liberar tiempo para centrarse en el negocio y no en la gestión.
• Mejora de pagos y relaciones: Un sistema de facturación más profesional puede reducir errores, mejorar la confianza del cliente, acelerar cobros, disminuir morosidad, lo que repercute en la salud financiera del negocio.
• Riesgo de exclusión: Sin embargo, si no se atiende el cambio, la microempresa puede quedar rezagada, operar con sistemas obsoletos, exponerse a sanciones o verse obligada en un futuro a una migración forzada costosa.
• Escalabilidad: Para emprendedores con visión de crecimiento, contar con procesos digitales homologados desde ya facilita la escalabilidad, la incorporación de trabajadores o la internacionalización. Esperar puede impedir esa palanca.
• Relación con la asesoría: Es una oportunidad para estrechar vínculo con el asesor fiscal/contable/proveedor de software, que puede actuar como socio estratégico en la digitalización del negocio.

Riesgos y críticas del enfoque actual

Aunque la reforma tiene justificación —luchar contra el fraude, modernizar el tejido productivo, digitalizar procedimientos— también existen matices que merecen ser analizados:

• Velocidad excesiva: Muchos autónomos alegan que el tiempo es insuficiente para adaptarse sin distracción de su actividad principal. Un plazo demasiado ajustado podría generar abandono de negocios, cierre o informalidad.
• Coste agregado: Para microempresas el cambio puede suponer un coste notable (software, tiempo, asesoría) en un entorno económico que quizá no esté sobrado de liquidez. Esto plantea la cuestión de si debe haber bonificaciones o apoyo público.
• Desigualdad en recursos: Las grandes empresas cuentan con departamentos de TI y asesoría; los pequeños profesionales no. La brecha de digitalización podría ampliarse si no se acompaña al colectivo más vulnerable.

Más riesgos

• Foco en la tecnología vs. el modelo de negocio: Adaptar el software es necesario, pero no suficiente. Si la empresa no aprovecha la digitalización para mejorar procesos, cliente, producto o mercado, el cambio tecnológico quedará como coste sin retorno.
• La factura electrónica aún pendiente: Mientras que el software homologado tiene fechas claras, la obligación de emitir factura electrónica para todos los negocios está aún por reglamentar, lo que genera incertidumbre sobre cuándo y cómo deberá implantarse por completo.
• Cultura empresarial: La digitalización no solo es herramienta, es cambio cultural —adelanto de procesos, flujo de datos, nuevas formas de relación con cliente y proveedor— que muchas microempresas no han emprendido. La obligación normativa lo fuerza, pero la adopción real es otra cuestión.

Conclusión Autónomos contra reloj: ATA pide aplazar el nuevo software de facturación VeriFactu

El impulso normativo de actualización del software de facturación —el reglamento que desarrolla la Ley Antifraude y el sistema VeriFactu— representa un paso necesario para modernizar el tejido empresarial y profesional en España, incrementar la trazabilidad de las operaciones y reforzar el control fiscal.

Sin embargo, la petición de aplazamiento formulada por la ATA desvela que el verdadero reto no es únicamente técnico, sino estructural: la capacidad de adaptación del colectivo de autónomos y microempresas, la disponibilidad de recursos, la brecha digital, los costes de migración y la claridad en los plazos.

Aplazar la obligación podría resultar prudente desde la perspectiva de los pequeños negocios y autónomos, permitiendo una transición más ordenada, menos traumática y más inclusiva.

Pero hacerlo en exceso también implica postergar el avance en digitalización, permitir que se mantengan prácticas menos eficientes o incluso menores niveles de competitividad.

Desde la óptica emprendedora

La clave está en no ver esta normativa solo como una obligación o coste, sino como una palanca de cambio.

Aquellos profesionales que inviertan en adaptarse ahora, que utilicen el nuevo software como punto de partida para la mejora de procesos, para el análisis de datos, para la integración digital con clientes/proveedores, estarán un paso adelante.

Los que lo vean simplemente como “un trámite más” correrán el riesgo de quedarse atrás.

En definitiva: la normativa es necesaria, pero el éxito radica en que el sistema (administración, software, asesores) y los autónomos estén preparados.

Si solo se fija un plazo técnico sin acompañamiento real de formación, asistencia, incentivos y recursos, el cambio podría convertirse en una carga adicional más que en una oportunidad.

Y para el tejido de pymes y autónomos españoles, precisamente en este momento de digitalización acelerada, no puede permitirse que la obligación sea el techo de su gestión, sino la base de su crecimiento real.