El empleo juvenil en España se ha convertido en escenario de un ajuste normativo profundo, la reforma laboral bloquea las prácticas y dejará a los estudiantes sin destino.

El pasado martes, el gobierno aprobó un reglamento que endurece drásticamente las condiciones para que pymes y autónomos contraten a jóvenes en prácticas o formación.

El nuevo marco regula el antiguo contrato de prácticas, introduce topes en función del tamaño empresarial, exige retribución mínima, exige tutorías y planes formativos reales y amplía las obligaciones de las empresas.

Para muchos emprendedores y pequeñas empresas, lo que hasta ahora se consideraba una solución flexible —una plaza de aprendiz, un empleo barato, una mano joven que ayuda durante horas punta— deja de ser viable casi de un día para otro.

Para la formación profesional y la inserción laboral juvenil, supone un giro que pretende dignificar las prácticas, pero que podría reducir drásticamente el número de plazas disponibles.

Este cambio no es menor: pone en tensión uno de los puentes tradicionales del paso de la educación al trabajo.

Y plantea preguntas sobre la capacidad de España de garantizar formación práctica sin hundir al tejido productivo.

En este artículo analizamos a fondo qué implica la norma, en qué contexto llega, qué efectos puede tener —buenos y malos— y por qué muchos actores alertan de una tormenta laboral y formativa en ciernes.

Qué cambia: los detalles del nuevo reglamento. La reforma laboral bloquea las prácticas: estudiantes sin destino

El nuevo reglamento, fruto de un acuerdo reciente en el Consejo de Ministros, regula los contratos de formación y prácticas profesionales de forma detallada.

Los principales cambios hechos oficiales incluyen:

Establecimiento de topes estrictos: las pymes y autónomos con plantilla reducida —por ejemplo, hasta 10 empleados— podrán tener como máximo tres contratos formativos simultáneos.

Para plantillas de tamaño medio, el límite sube algo, pero bajo condiciones restrictivas; las grandes empresas podrán aplicar un tope de hasta 20% de su plantilla, con máximo absoluto de 30 contratos formativos por empresa.

Las prácticas ya no pueden usarse para sustituir trabajadores habituales. Si la tarea excede lo formativo, debe formalizarse un contrato laboral ordinario.

Los estudiantes o recién titulados con contratos de prácticas deben ser retribuidos al menos con el salario mínimo proporcional, y sus condiciones deben respetar la jornada y derechos básicos.

Se exige un plan formativo individual, con tutorías, supervisión, formación real y documentación; la actividad debe estar directamente relacionada con la titulación o especialidad del becario.

Las prácticas no laborales (becarios) están sujetas a su propio régimen —con limitaciones de horas, horas máximas por año y derecho a compensación de gastos si proceden—, regulado por el nuevo estatuto recientemente aprobado.

El objetivo declarado por el Ejecutivo: erradicar abusos, poner fin a los llamados “falsos becarios” que ya representan mano de obra barata y temporal, y garantizar que la formación práctica sea real, vinculada a aprendizaje, no a explotación laboral encubierta.

El contexto: por qué se aprueba esta reforma laboral ahora que bloquea las prácticas

Denuncias crecientes de abuso de prácticas y precariedad laboral juvenil

Durante los últimos años, múltiples informes de Inspección de Trabajo, sindicatos y organizaciones estudiantiles han identificado un uso extensivo y abusivo de becarios para cubrir tareas estructurales: desde atención al cliente hasta tareas repetitivas y esenciales, muchas veces sin contrato formal, sin cotización, con jornadas prolongadas e incluso en condiciones de precariedad extrema.

El abuso se incrementó especialmente en sectores como hostelería, comercio, marketing, servicios a domicilio y agencias.

La reivindicación de regular esta situación venía desde hacía años, pero fue la reforma laboral de 2022 la que formalizó la promesa de legislar un nuevo estatuto que distinguiera claramente entre formación legítima y empleo disfrazado.

La necesidad de dignificar la formación y conectar con el empleo real

El gobierno sostiene que una economía moderna debe garantizar que quienes terminan sus estudios tengan acceso a una formación práctica digna, protegida, con derechos, tutorías, y con expectativas reales de inserción. Las prácticas deben formar, no sustituir mano de obra.

Con esta norma, se busca profesionalizar la inserción laboral juvenil y evitar que la precariedad permee el inicio de su vida laboral.

Equilibrio entre derechos y sostenibilidad empresarial. La reforma laboral bloquea las prácticas: estudiantes sin destino

El ministro recalca que la norma busca proteger al trabajador en formación, pero también dar seguridad jurídica a las empresas: definir claramente qué se puede hacer, cuántas personas incluir, bajo qué condiciones.

No se trata de prohibir las prácticas, sino de ponerlas en un marco responsable.

¿Qué implica para pymes y autónomos? Dudas, costes y dilemas reales. La reforma laboral bloquea las prácticas: estudiantes sin destino

La nueva regulación impactará de lleno a microempresas, pequeñas y medianas empresas, autónomos empleadores y startups.

Y no todo son ventajas: muchos ya advierten efectos adversos inmediatos.

Reducción drástica de plazas de prácticas

Pequeñas empresas que tradicionalmente acogían a estudiantes como medio de apoyo flexible —restaurantes, comercios, talleres, agencias, despachos— verán reducida su capacidad de contratar alumnos. Para una pyme con 6-8 empleados, el límite de 3 contratos formativos deja poco margen.

En situaciones habituales de rotación, ausencias o picos de trabajo, el uso de becarios ya no será viable.

Aumento de costes por retribución mínima, cotización y obligaciones laborales

Las empresas ya no pueden asumir un coste bajo o simbólico por un becario.

Deben:

• remunerar al menos al SMI proporcional,
• cotizar por Seguridad Social,
• asignar tutorías y supervisión real,
• preparar un plan formativo,
• garantizar condiciones equivalentes a un trabajador estándar si realizan tareas productivas.

Para muchos negocios con márgenes reducidos, esto encarece la mano de obra “barata” y pone en cuestión la rentabilidad de ciertas actividades intensivas en trabajo estacional o bajo coste.

Menos flexibilidad laboral y más riesgo regulatorio

El margen de maniobra para adaptar plantilla en función de la demanda se reduce.

La flexibilidad estacional, típica en hostelería o comercio, se complica: ya no se puede jugar con becarios “a discreción”.

Si las necesidades varían, la empresa debe decidir: mantener plantilla, asumir costes o no cubrir vacantes.

Además, aumenta el riesgo de inspecciones laborales, sanciones por mal uso de contratos, irregularidades, o clasificación errónea de trabajadores.

Esto añade un coste indirecto: la inseguridad.

Impacto en la entrada al mercado laboral de jóvenes. La reforma laboral bloquea las prácticas: estudiantes sin destino

Las prácticas han sido históricamente la puerta de entrada al primer empleo. Si las plazas se reducen, el efecto puede ser doble: menos oportunidades reales para jóvenes, y más competencia por los puestos existentes.

Algunas voces alertan que puede generarse un efecto perverso: la reducción de becas podría empujar a más jóvenes hacia trabajos informales, temporalidad o desempleo.

¿Qué pasa con la educación, la FP y la inserción de jóvenes en España?

Este cambio llega en un contexto en que España necesita reforzar la capacitación profesional, la modernización del tejido productivo y la generación de empleo de calidad.

La combinación de baja natalidad, envejecimiento, rotación, escasez de mano de obra en ciertos sectores y necesidad de formación técnica hace que el vínculo entre estudios y empleo sea clave.

El nuevo reglamento, si bien fomenta una formación digna, pone en riesgo uno de los pocos puentes reales entre educación y empleo: las prácticas.

Muchas titulaciones requieren prácticas obligatorias o voluntarias como parte del currículo.

Si las empresas se retiran, se reduce la oferta formativa real.

Esto puede agravar la brecha entre formación teórica y mercado laboral.

Jóvenes titulados con poca experiencia podrían quedar excluidos del empleo formal, ampliando la precariedad juvenil ya presente.

Así, la normativa, pensada para dignificar el trabajo, podría tener como efecto colateral un frenazo en la transición educativo → empleo.

Contradicciones y dilemas de política pública. La reforma laboral bloquea las prácticas: estudiantes sin destino

Este ajuste normativo expone contradicciones estructurales:

• Se busca dignificar el empleo juvenil, igualar derechos y combatir precariedad. Pero, al endurecer las condiciones, se reduce la oferta de prácticas, que hoy por hoy son una vía clave de inserción.
• Se pretende proteger al trabajador en formación, pero las empresas pequeñas pierden una herramienta fundamental de contratación flexible, lo que puede traducirse en menos empleo.
• Se quiere transparencia y cumplimiento, pero aumentan costes y barreras a la contratación: muchas pymes podrían optar por no contratar o recurrir a economía sumergida.
• Se promueve la formación real, con tutorías y planes; pero muchos emprendedores ya dicen que no tienen tiempo, recursos ni estructura para asumir ese coste extra.

El riesgo: que la reforma termine generando más desempleo juvenil, menos oportunidades reales, más precariedad camuflada y un entorno hostil para quien emprende.

Alternativas planteadas por pymes y expertos: ¿qué salidas hay?. La reforma laboral bloquea las prácticas: estudiantes sin destino

Algunos empresarios, asociaciones de autónomos y expertos proponen alternativas para compatibilizar dignidad laboral con viabilidad económica:

• Incentivos públicos para pymes que acepten prácticas: subvenciones, bonificaciones de cotización, ayudas a tutorías, deducciones fiscales. Esto permitiría compensar el coste adicional sin penalizar al empresario.
• Escalonamiento del número de plazas según ocupación real: que los topes se flexibilicen en función de estacionalidad, actividad del negocio, volumen de horas, no solo plantilla fija.
• Apoyo a la FP dual y convenios con instituciones educativas: que las prácticas se gestionen a través de convenios sectoriales, agrupando empresas pequeñas y reduciendo carga individual.
• Subsidios públicos de inserción para jóvenes en prácticas: que parte del coste lo asumiera el Estado como inversión en empleo juvenil.
• Medidas de acompañamiento: formación para empresarios sobre cómo gestionar planes formativos, tutorías, burocracia, y apoyo administrativo para pequeñas empresas.

Estas opciones buscan evitar que la protección del becario se convierta en un freno general al empleo juvenil y al emprendimiento.

En Europa y a nivel global: tendencias, riesgos y lecciones

España no es un caso aislado.

Muchos países europeos revisan sus políticas de prácticas, becarios y formación, buscando una regulación equilibrada entre derechos y viabilidad de pymes.

En varios estados del norte de Europa se exige que las prácticas formen parte de programas de formación formal, con tutorías, objetivos claros y remuneración mínima.

Otros apuestan por la FP dual como puente entre educación y empresa.

Algunos combinan incentivos públicos con obligación de cotización y derechos laborales para prácticas.

La lección es clara: la regulación es necesaria, pero debe calibrarse con realismo económico. Si no se acompaña de incentivos, flexibilidad y acompañamiento, una norma protectora puede convertirse en un muro para quien contrata.

España, con su tejido empresarial compuesto mayormente por micro y pequeñas empresas, debe diseñar un modelo propio que no penalice el empleo real.

Conclusión crítica: la reforma puede ser justa… pero peligrosa si no se acompaña

El nuevo reglamento de prácticas representa un paso decisivo hacia la dignificación del trabajo juvenil: acabar con becarios explotados, proteger derechos, garantizar estabilidad, evitar fraude.

Es una aspiración legítima y socialmente necesaria.

Pero, como tantas veces en España, la urgencia social parece ganar al realismo económico.

Al endurecer tanto las condiciones para pymes y autónomos, se corre el riesgo de que muchas pequeñas empresas renuncien a participar, dejando sin plazas a miles de jóvenes que necesitan formación.

El resultado podría ser perverso: un sistema formal que reduce oportunidades, un mercado laboral más precario y una economía que penaliza al emprendedor.

El reto real es encontrar un equilibrio: derechos para los jóvenes, viabilidad para las pymes, crecimiento real y protección efectiva.

Si no, la reforma terminará siendo un regalo para las leyes… y un castigo para quienes trabajan.

El reto está encima de la mesa.

El tiempo para decidir, también.