El pasado 2 de diciembre de 2025, el Gobierno de España aprobó un real decreto-ley para el aplazamiento —otra vez— la obligación de aplicar Verifactu con argucias: el nuevo sistema de facturación electrónica y verificación fiscal que afecta a millones de empresas, pymes y autónomos.

Con esa decisión —presentada como una “moratoria” — muchos empresarios respiraron aliviados momentáneamente.

Pero para quienes apostamos por la libre empresa, la competitividad y la seguridad jurídica, ese aplazamiento representa algo más que una pausa: evidencia un patrón de improvisación normativa que mina la confianza, perjudica a quienes ya se adaptaron, y deja al tejido productivo atrapado entre promesas, prórrogas y arbitrariedad.

Este artículo analiza por qué la forma de implementar Verifactu añade una nueva capa al problema estructural del entorno regulatorio español —y por qué emprendedores y pequeñas empresas deberían preocuparse.

¿Qué es Verifactu y por qué importa?

Verifactu —abrev. de “factura verificable en la sede electrónica” — es el sistema de facturación electrónica desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en el marco de la Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.

Su objetivo: garantizar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas emitidas por empresas y autónomos, mediante software homologado que genera un registro certificado.

No es lo mismo que una factura electrónica estándar: Verifactu exige que cada factura vaya acompañada de un registro trazable —code QR, id único, formato XML— que permite a Hacienda acceder en tiempo real o diferido al historial completo de facturación de un negocio.

Esta norma afecta a prácticamente todas las empresas —desde grandes compañías hasta pymes y autónomos que utilicen software de facturación, TPV, ERPs o comercio electrónico.

La idea, en sí, puede tener sentido: más control fiscal, menos fraude, mayor transparencia. Pero la implementación —su calendario, las prórrogas, la comunicación, los costes asociados— ha sido un desastre.

El cambio de planes: de 2026 a 2027, otra prórroga en el último minuto. Verifactu aplazamiento con argucias

Hasta hace pocos días, el calendario oficial fijaba el 1 de enero de 2026 para sociedades y empresas, y el 1 de julio de 2026 para pymes y autónomos.

Pero en el Consejo de Ministros del 2 de diciembre de 2025, se aprobó un real decreto-ley que retrasa esas fechas: nuevo plazo para sociedades, 1 de enero de 2027; para autónomos y pymes, 1 de julio de 2027.

La norma y su moratoria no llegan solas: van en un paquete legislativo mixto que incluye cambios ajenos a facturación, lo que alimenta la sensación de “premura política” antes de un trámite parlamentario.

Para muchos, un respiro —pero desde una perspectiva liberal, un síntoma de descontrol institucional.

Porque un cambio así, a tan poco del aniversario del plazo, supone al menos tres señales negativas: improvisación, mala planificación y trato desigual hacia quienes cumplen las normas.

Caos, arbitrariedad e inseguridad jurídica: los problemas reales del retraso. Verifactu aplazamiento con argucias

Quienes ya se adaptaron y perdieron

Muchas pymes, autónomos y proveedores de software habían anticipado la obligación, invirtieron en adaptar sus sistemas, actualizar TPV, contratar consultores o cambiar su ERP, incluso cuando muchos advertían lo precipitado del calendario.

Ese esfuerzo ha quedado ahora parcialmente desvalorizado: la prórroga convierte en innecesarias dichas inversiones por al menos 12 meses más. Igual que una apuesta arriesgada que se descarta cuando ya has comprado la entrada.

Incertidumbre permanente y falta de credibilidad del Estado

Una norma clave —que afecta a toda la facturación del país— cambia de fecha en el último momento. Para quien planifica su negocio, contrata, invierte o tiene proveedores, eso no es una reforma: es un tiro en la nuca de la previsibilidad.

Quien confió en el calendario oficial, adaptó sus sistemas, se expuso al coste y al esfuerzo de cambiar procesos internos, ahora vive con la duda: “¿y si hay otra prórroga?”. Esa incertidumbre paraliza decisiones, reduce inversión y desalienta la formalización.

Dudas, vacíos normativos y costes ocultos

Aunque el sistema retrase su obligatoriedad, la norma sigue vigente. Eso significa que, en teoría, Verifactu sigue siendo la regla.

Pero:

No está claro qué sector de la Administración ha actualizado sus guías, sanciones recientes, condiciones técnicas.

Muchos autónomos no saben si tienen que seguir adaptando software, si contratar consultoría, o si pueden esperar hasta 2027.

Para los proveedores de software, este vaivén encarece el desarrollo y reduce la confianza en las inversiones tecnológicas.

En concreto, desde asociaciones de asesores fiscales se denuncian “costes ya asumidos, dinero perdido y una hoja de ruta que salta en cualquier momento” como resultado directo del giro normativo.

El coste real recae sobre los pequeños y medianos emprendedores — los que menos pueden asumirlo. Verifactu aplazamiento con argucias

Para grandes compañías quizá no suponga un problema: disponen de equipos contables, asesorías internas, capacidad para amortizar inversiones.

Pero para pymes, autónomos, microempresas, artesanos o tiendas: estos vaivenes significan trabajo extra, incertidumbre, inversión en tecnología y, ahora, pérdida de confianza en el sistema.

Quien adaptó TPV, software o contabilidad puede sentirse “castigado” por haber desembolsado recursos.

Quien todavía no lo había hecho puede pensar: “Para qué gastar si total lo van a aplazar otra vez”. Eso retrasa la digitalización, perpetúa el uso de Excel, papel o sistemas manuales.

Y quienes decidieron no adaptar nada corren el riesgo de quedarse descolgados si se reactiva la obligatoriedad sin aviso.

Para una economía que depende fundamentalmente del tejido de autónomos y pymes, este tipo de decisiones suponen un freno estructural: destruyen confianza, penalizan formalización y reducen competitividad.

¿Qué revela todo este episodio sobre la relación Estado–empresas? Reflexión desde una visión liberal. Verifactu aplazamiento con argucias

El desorden en la implementación de Verifactu no es algo puntual: es sintomático de un problema más amplio.

Falta de planificación vs. reglas claras — Las normas que afectan a todo el tejido productivo deben ser previsibles, estables y comunicadas con tiempo. Cambiarlas a última hora no es gestión: es improvisación.

Desprotección del pequeño empresario — Quien ya ha cumplido no puede depender de la buena voluntad del Gobierno. En un Estado serio, las buenas decisiones no deberían penalizar a quienes cumplen.

Inseguridad jurídica = menos inversión, menos crecimiento — Para emprender, invertir, expandirse, necesitas certidumbre. Las constantes modificaciones normativas restan ese ingrediente clave.

Desigualdad entre los que pueden adaptarse y los que no — Las grandes empresas tienen capacidad, asesoría y recursos. Las pymes y autónomos no. Ese desequilibrio es una barrera real a la competencia justa.

Desde la lógica que defendemos en Mundoemprende —libre mercado, iniciativa privada, mínimo intervencionismo, reglas estables— este episodio confirma algo: la intervención del Estado no puede seguir siendo sinónimo de improvisación, especialmente cuando afecta a la capacidad de trabajar de millones.

Recomendaciones para autónomos y pymes ante la incertidumbre. Verifactu aplazamiento con argucias

Frente a este panorama convulso, desde Mundoemprende sugerimos algunas medidas prácticas:. 

No confiar en nuevas prórrogas. Usa este tiempo extra con cabeza, pero sin depender de la buena suerte. Si puedes, adelanta la adaptación. Los plazos pueden cambiar de nuevo en cualquier momento.

Minimizar costes: evaluar bien antes de invertir. No todos los negocios necesitan un software caro. Existen opciones certificadas más asequibles —y la opción gratuita de la AEAT sigue disponible.

Documentar todo: facturas, procesos, fechas, inversiones. Si ya invertiste, conserva justificantes: puede servirte para reclamar ante reclamaciones de buena fe o demostrar que actuaste conforme a normas vigentes cuando correspondía.

Mantener comunicación con asesor fiscal / gestoría. Es básico entender bien tus obligaciones, tus riesgos y qué hacer si el sistema cambia de nuevo.

Valorar alternativas de facturación y organización empresarial. Si tu volumen es pequeño, puede compensar externalizar facturación, usar plataformas homologadas o incluso revisar modelo de negocio para reducir dependencias administrativas.

Conclusiones: la moratoria de Verifactu no es un respiro — es una llamada de alarma

El aplazamiento de Verifactu hasta 2027 podría verse como un gesto de benevolencia hacia pymes y autónomos.

Pero eso sería interpretar el episodio con optimismo forzado. En realidad, consolida un patrón dañino: normas clave anunciadas con urgencia, plazos ajustados, improvisaciones de última hora, e impactos desiguales sobre el tejido productivo.

Para un país que aspira a crear riqueza a través de la iniciativa privada, la innovación y el emprendimiento, esta forma de legislar —con cambios de guion constantes y arbitrariedad normativa— no es un error menor: es una traba estructural.

Desde Mundoemprende, creemos que España necesita urgentemente reglas estables, previsibilidad regulatoria, respeto a quienes cumplen y políticas que favorezcan la libre empresa, no su constante asfixia.

Si el Estado quiere combatir el fraude o modernizar la fiscalidad, está bien —pero hacerlo con caos y sin plan no sirve.

Este episodio no debería verse como un aplazamiento decidido con buena fe, sino como una alerta: la inseguridad jurídica no es solo molesta —es destructiva.

Y los mayores perjudicados son quienes de verdad mueven la economía: los autónomos, las pymes y los emprendedores.