En MundoEmprende analizamos qué implica realmente esta subida del SMI sin la patronal, cuáles son sus efectos económicos y por qué preocupa especialmente al pequeño empresario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos firmarán la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, que previsiblemente será aprobada en el Consejo de Ministros inmediatamente después.

El incremento situará el SMI en 1.221 euros mensuales, consolidando así una nueva alza pactada exclusivamente con las centrales sindicales y sin el respaldo de la patronal.

La escena vuelve a repetirse: acuerdo político-sindical, rechazo empresarial y un nuevo aumento de costes laborales que impactará de forma directa en autónomos, microempresas y pymes. Para el Ejecutivo, la medida refuerza el poder adquisitivo de los trabajadores con rentas más bajas.

Para buena parte del tejido productivo, supone un nuevo golpe en un contexto de desaceleración, caída de márgenes y creciente presión regulatoria.

Un SMI que no deja de crecer. El Gobierno aprueba la subida del SMI sin la patronal

Desde 2018, el salario mínimo ha experimentado un incremento acumulado superior al 50%.

Con esta nueva subida del 3,1%, el SMI se situará en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 17.094 euros brutos anuales.

El Gobierno defiende que esta cifra se acerca al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

Sin embargo, la cuestión no es solo el porcentaje sobre el salario medio, sino el ritmo al que crece en comparación con la productividad y la realidad de cada sector.

España es uno de los países europeos donde el salario mínimo ha aumentado con mayor intensidad en los últimos años, mientras que la productividad por hora trabajada apenas ha mejorado.

Esta desconexión preocupa a economistas independientes y a organizaciones empresariales, que advierten del riesgo de tensionar el mercado laboral.

Un acuerdo sin la CEOE: fractura en el diálogo social

Uno de los elementos más significativos de esta subida es la ausencia de la patronal en el acuerdo.

La CEOE ha rechazado el incremento, así como las contraprestaciones fiscales ofrecidas por el Ejecutivo.

No es una cuestión menor.

El diálogo social ha sido tradicionalmente una herramienta clave para dotar de estabilidad al mercado laboral.

Cuando las decisiones se toman sin consenso empresarial, la sensación que se transmite al tejido productivo es de imposición más que de acuerdo.

Para las grandes compañías, el impacto puede diluirse entre estructuras más amplias. Para el autónomo que tiene dos empleados o la pyme que trabaja con márgenes ajustados, la subida es inmediata y directa.

El impacto real en las pymes: más que 37 euros. El Gobierno aprueba la subida del SMI sin la patronal

El aumento de 37 euros mensuales por trabajador puede parecer moderado en términos nominales.

Sin embargo, el coste real para la empresa es superior.

Hay que tener en cuenta:

• Cotizaciones sociales asociadas.
• Ajustes en tablas salariales.
• Efecto arrastre sobre otros sueldos.
• Coste administrativo de regularización retroactiva desde el 1 de enero.

Según estimaciones de organizaciones empresariales, el sobrecoste administrativo por tener que rehacer nóminas podría superar los dos millones de euros a nivel agregado.

Pero más allá del cálculo puntual, el problema estructural es otro: cada incremento del SMI eleva el umbral salarial de entrada y reduce la flexibilidad de las empresas más pequeñas para contratar perfiles con baja cualificación o experiencia inicial.

La absorción de complementos: el nuevo frente regulatorio

El Ministerio de Trabajo no se conforma con la subida.

También impulsa que las empresas no puedan compensar el incremento del SMI mediante complementos salariales ya existentes.

Es decir, si un trabajador cobra 1.221 euros gracias a un salario base más complementos, la empresa no podría absorber la subida reajustando esos conceptos, sino que debería incrementar el salario base.

Desde el punto de vista sindical, esto evita “trucos contables”.

Desde el punto de vista empresarial, supone limitar la capacidad de organización salarial interna y abre la puerta a litigios.

La CEOE ya ha advertido de posibles recursos judiciales si esta modificación se tramita vía real decreto en lugar de mediante reforma legislativa ordinaria.

Para los pequeños negocios, la cuestión es sencilla: menos margen para adaptar su estructura salarial a su realidad productiva.

El efecto en el empleo juvenil y de baja cualificación. El Gobierno aprueba la subida del SMI sin la patronal

Cada subida del salario mínimo tiene efectos distributivos claros: mejora la renta de quienes lo perciben.

Pero también genera efectos secundarios que no siempre se explican con la misma intensidad.

Diversos estudios económicos, tanto nacionales como internacionales, apuntan a que incrementos significativos del SMI pueden afectar especialmente a:

• Jóvenes sin experiencia.
• Trabajadores con baja cualificación.
• Sectores intensivos en mano de obra.
• Empresas pequeñas con márgenes reducidos.

En España, sectores como comercio, hostelería o servicios personales operan con rentabilidades estrechas.

Para muchos autónomos, la decisión ante un nuevo aumento de costes no es subir salarios o no, sino contratar o no contratar.

Competitividad en un contexto complicado

La subida del SMI llega en un momento en el que la economía española enfrenta varios retos:

• Inflación aún por encima de la media europea en algunos tramos.
• Productividad estancada.
• Elevado absentismo laboral.
• Incremento continuado de cotizaciones sociales.
• Incertidumbre regulatoria en materia laboral y fiscal.

Mientras otros países europeos centran su debate en cómo mejorar la competitividad empresarial, en España la discusión gira en torno a nuevas obligaciones laborales.

El problema no es solo el salario mínimo en sí, sino la acumulación de medidas que elevan los costes laborales de forma sostenida.

¿Quién paga realmente la subida?. El Gobierno aprueba la subida del SMI sin la patronal

El Gobierno insiste en que el SMI seguirá exento de IRPF gracias a una deducción específica, lo que evita que el aumento quede neutralizado por impuestos.

Sin embargo, el coste recae íntegramente en las empresas, que además soportan cotizaciones sociales elevadas en comparación con otros países de la OCDE.

En España, las cotizaciones empresariales representan una parte significativa de la recaudación pública.

Cada euro adicional en salario implica una carga añadida que supera con creces el importe bruto del incremento.

Para un autónomo con tres empleados en SMI, el impacto anual acumulado puede convertirse en una cifra relevante dentro de su estructura de gastos.

El efecto arrastre: salarios comprimidos

Un fenómeno menos visible pero muy relevante es el llamado “efecto arrastre”.

Cuando el salario mínimo se aproxima al salario medio de determinados sectores, se produce una compresión salarial.

Trabajadores con años de experiencia o responsabilidad intermedia ven cómo su remuneración queda muy cercana a la de perfiles de entrada.

Esto obliga a las empresas a reajustar escalas internas si quieren mantener incentivos y jerarquías salariales coherentes.

El coste final, por tanto, no se limita al trabajador que cobra el SMI, sino que puede extenderse a varias categorías dentro de la plantilla.

Seguridad jurídica y previsibilidad. El Gobierno aprueba la subida del SMI sin la patronal

Uno de los aspectos más criticados por el tejido empresarial no es tanto la subida concreta como la falta de previsibilidad.

Las empresas planifican inversiones, contrataciones y presupuestos anuales.

Cuando las modificaciones salariales se anuncian con retroactividad y sin consenso empresarial, la sensación es de inseguridad jurídica.

En un país donde el 95% del tejido productivo está formado por pymes y microempresas, la estabilidad normativa es clave.

La acumulación de cambios —reforma laboral, reducción de jornada en debate, subidas de cotizaciones, incremento del MEI, ahora nueva subida del SMI— genera un clima de incertidumbre que penaliza la inversión.

La visión sindical y el argumento social

Desde el lado sindical, la lectura es distinta.

Se argumenta que:

• El SMI protege a los trabajadores más vulnerables.
• Aumenta el consumo interno.
• Reduce la desigualdad salarial.
• Mejora la cohesión social.

Es un debate legítimo.

La cuestión es si el ritmo y la forma elegidos son los más adecuados para un país con alta tasa de paro estructural y fuerte dependencia de sectores de bajo valor añadido.

La mejora del poder adquisitivo es necesaria, pero también lo es asegurar que el tejido empresarial puede sostenerla sin perder competitividad.

¿Subida salarial o subida de costes?. El Gobierno aprueba la subida del SMI sin la patronal

En última instancia, el debate se resume en una pregunta: ¿estamos ante una mejora salarial sostenible o ante una nueva subida de costes estructurales?

Para las grandes empresas con capacidad de repercutir precios, el impacto es manejable.

Para el pequeño empresario que compite en precio o que no puede trasladar costes al cliente, la presión es directa.

En un entorno donde el consumo empieza a mostrar señales de moderación, cualquier incremento de costes laborales obliga a revisar decisiones de contratación.

Conclusión: equilibrio necesario

La subida del SMI a 1.221 euros es ya una realidad política.

Pero el verdadero debate no está en la cifra, sino en el modelo.

España necesita:

Mejorar productividad.

Reducir cargas estructurales.

Aumentar seguridad jurídica.

Facilitar la creación de empleo estable.

Sin empresas fuertes no hay salarios que pagar.

Sin autónomos viables no hay tejido productivo que sostenga el Estado del bienestar.

Elevar el salario mínimo puede ser una herramienta social válida, pero solo si va acompañada de reformas estructurales que impulsen competitividad y crecimiento real.

De lo contrario, el riesgo es claro: más tensión en las pymes, menor creación de empleo y un entorno empresarial cada vez más asfixiado.

En MundoEmprende seguiremos analizando cada medida desde la óptica de quienes generan empleo, arriesgan capital y sostienen la economía real: autónomos, emprendedores y pequeñas empresas.