El Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha confirmado la noticia que miles de pymes y autónomos esperaban con una mezcla de alivio y preocupación: el nuevo sistema de facturación electrónica VeriFactu verá su entrada en vigor retrasada hasta 2027.

Esta moratoria de un año supone un balón de oxígeno fundamental para el tejido empresarial español, ofreciendo el tiempo necesario para afrontar una transformación digital que, aunque necesaria para la lucha contra el fraude fiscal, implicaba un desafío tecnológico y operativo considerable. La decisión, que modifica el Reglamento VeriFactu (Real Decreto 1007/2023), responde a la complejidad técnica de la adaptación y a la necesidad de coordinar los plazos de implementación entre desarrolladores de software y usuarios finales.

¿Qué es VeriFactu y por qué ha nacido?

Para comprender la magnitud de este aplazamiento, es crucial entender qué es y qué implica VeriFactu. Este nombre, que deriva de «Sistema de emisión de facturas verificables«, es la piedra angular de la Ley Antifraude (Ley 11/2021). Su objetivo principal es erradicar el uso del temido «software de doble uso» o «software de caja B», programas informáticos maliciosos que permiten manipular o borrar registros de ventas para evadir el pago de impuestos, principalmente el IVA y el Impuesto sobre Sociedades (IS).

VeriFactu no es solo un software, sino un conjunto de requisitos técnicos que deben cumplir todos los sistemas informáticos de facturación utilizados por empresarios y profesionales. Los principios fundamentales que rigen esta nueva era de la facturación son:

1. Integridad e Inalterabilidad: Cada factura generada debe ser un registro inmutable. El software debe encadenar las facturas cronológicamente y añadir una huella digital única a cada documento.
2. Trazabilidad: Debe existir un registro de eventos que recoja, de forma automática, cualquier interacción con el sistema, incluyendo entradas, salidas, y errores.
3. Código QR y Referencia «Veri*Factu»: Las facturas expedidas bajo este sistema deberán incorporar obligatoriamente un Código QR. Este código permite al cliente final (un particular o una empresa) verificar instantáneamente, mediante una aplicación de la Agencia Tributaria (AEAT), que el tíquet o la factura ha sido registrado correctamente en Hacienda. Además, deben incluir la referencia «Veri*Factu» si se opta por la remisión automática de los registros.
4. Remisión a la AEAT: Los contribuyentes tienen la opción, muy recomendada, de que su software remita de forma automática e instantánea cada registro de facturación a la AEAT, aunque esta comunicación sea voluntaria.

En esencia, el sistema busca que la facturación digital sea tan transparente y controlada como las cajas registradoras en tiempo real. Esto facilita la labor de la Administración Tributaria para cruzar datos y combatir la economía sumergida.

Razones del retraso: complejidad técnica y coordinación

Aunque la excusa oficial de Hacienda es la de «dar un mayor margen de adaptación», la realidad es que la implementación del Reglamento VeriFactu, también conocido como el Sistema Informático de Facturación (SIF), ha generado una serie de problemas técnicos y de timing que hacían inviable el plazo original.

Los principales escollos han sido:

1. Demanda técnica elevada: La obligación de crear un registro de eventos en el software y el desarrollo de la huella digital para encadenar las facturas requiere una reformulación profunda de muchos programas de gestión. Los fabricantes de software (ERP, programas de contabilidad, TPVs) han solicitado más tiempo para asegurar que sus soluciones cumplen con el altísimo nivel de seguridad e inalterabilidad exigido por la AEAT.
2. Descoordinación en los plazos: Originalmente, se establecieron fechas diferentes para los productores de software y para los usuarios finales. Esta falta de sincronización provocó una incertidumbre tremenda, ya que las pymes no podían empezar a usar un sistema que los desarrolladores aún no habían terminado y certificado.
3. Necesidad de formación: Más allá de la compra del software, las pymes y, sobre todo, los autónomos (muchos de los cuales aún manejan sistemas de facturación básicos o rudimentarios), necesitan tiempo para recibir formación y acostumbrarse a un ecosistema de facturación más rígido y vigilado.

La consecuencia del retraso es, por tanto, una respuesta pragmática del Gobierno para evitar que una «chapuza» normativa afectara de forma crítica a la operatividad diaria de las empresas.

El Calendario Definitivo: Un Respiro hasta 2027

La nueva normativa modifica sustancialmente los plazos de adaptación que estaban inicialmente previstos para 2026. La extensión de un año se aplica de forma escalonada, ofreciendo una fecha límite posterior para la mayoría de los profesionales y pequeñas empresas:

El impacto positivo para la pequeña empresa

La extensión del plazo hasta 2027 ofrece varias ventajas tangibles para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos:

• Menos estrés financiero: Permite escalonar la inversión necesaria en la adquisición o actualización del software de facturación, liberando presión financiera en un momento de costes elevados.

• Mejor calidad del producto: Los desarrolladores podrán lanzar al mercado soluciones más pulidas, testadas y con menor margen de error. Es preferible entrar con un sistema robusto que con uno precipitado que genere problemas contables y fiscales.

• Aprovechamiento de ayudas: El tiempo extra puede ser aprovechado para solicitar y tramitar ayudas como las del Kit Digital, que incluye soluciones de facturación electrónica verificable, facilitando que el coste de adaptación sea absorbido por los fondos europeos.

A largo plazo, el sistema VeriFactu, una vez implementado sin prisas, promete simplificar el papeleo y la presentación de algunos modelos tributarios, ya que la AEAT dispondrá de la información en tiempo real, facilitando, incluso, la pre-liquidación de algunos impuestos.

La Clave Política: Un Compromiso con Junts

El anuncio ha trascendido las fronteras de lo meramente técnico para adentrarse en la esfera política. Que el propio Pedro Sánchez adelantara la medida en una entrevista en Rac1 y que fuentes de Moncloa lo vincularan a un pacto con Junts per Catalunya subraya la importancia de la medida dentro de la estrategia de estabilidad parlamentaria del Gobierno.

La formación independentista se había hecho eco de las quejas y las peticiones del empresariado catalán, que, al igual que el resto de organizaciones nacionales, reclamaba una moratoria ante la falta de madurez normativa y las dificultades para la certificación del software necesario.

Esta vinculación política también explica por qué el Gobierno ha optado por un Real Decreto-Ley para agilizar la aprobación de la prórroga, demostrando la urgencia de cumplir con los compromisos adquiridos y apaciguar las voces críticas provenientes del mundo empresarial.