El reciente rechazo de la patronal a la propuesta del Yolanda Díaz de ampliar a 10 días los permisos por fallecimiento —y de negociar nuevos permisos por cuidados paliativos o acompañamiento en eutanasia— ha desatado una nueva crisis de confianza entre el Estado y el tejido productivo.

Para los autónomos, pymes y emprendedores —el corazón de la economía real— este episodio no es un simple tira y afloja salarial o laboral.

Es un recordatorio de que la forma de legislar y cambiar las reglas en España con frecuencia deja fuera a quienes sostienen con su actividad diaria la creación de empleo, riqueza y valor.

Lo que hoy se presenta como debate social, para muchos puede suponer una carga inesperada, un lastre estructural y un nuevo ejemplo de inseguridad jurídica.

¿Qué ocurrió y por qué la patronal dice “basta”?. Permisos por fallecimiento 

La propuesta del Ministerio de Trabajo

El Gobierno propuso ampliar el permiso por fallecimiento de familiar en el ámbito laboral de los 2 días actuales (o 4 en caso de desplazamiento) a un total de 10 días hábiles, que podrían utilizarse de forma continua o fraccionada en un plazo de hasta cuatro semanas.

Además, planteó crear nuevos permisos retribuidos: uno de hasta 15 días para cuidados paliativos de familiares, y otro específico para acompañamiento en casos de eutanasia.

La medida se presentó sin consenso previo —según la patronal, sin diálogo social real—, lo que generó críticas inmediatas desde el mundo empresarial.

La reacción de las organizaciones empresariales. Permisos por fallecimiento 

CEOE (y otras patronales como Cepyme) decidieron romper las negociaciones: anunciaron que no aceptan la ampliación, al menos bajo las condiciones planteadas, y que no volverán a negociar con el Ministerio en este asunto.

Sus argumentos: la propuesta supone un coste adicional inasumible, se traslada toda la carga a las empresas y revela una forma de legislar sin consenso.

Para los empresarios, imponer un permiso tan amplio y tan genérico —sin criterios claros de cuándo corresponde, sin financiación pública, sin diálogo— equivale a lanzar una “ocurrencia legislativa tras otra”.

El resultado: el pulso ha quedado roto, y el diálogo social —clave para cualquier regulación laboral seria—, en suspenso.

El Ministerio ya ha anunciado que seguirá adelante con los sindicatos, pero sin patronal.

¿Por qué esto aumenta la inseguridad jurídica —y por qué debe preocuparte si eres empresario, pyme o autónomo?. Permisos por fallecimiento 

Cambios sin consenso = reglas impredecibles

La principal víctima de esta dinámica es la estabilidad normativa.

Cuando se anuncian medidas de calado sin diálogo real, sin análisis de impacto, sin financiación clara, las empresas pequeñas y medianas quedan expuestas a un futuro incierto. La pregunta ya no es “¿qué derechos tiene un trabajador?” sino: “¿qué normas cambiarán mañana, y me afectarán?”

Para quien planifica presupuestos, contrata personal o proyecta crecimiento — como hacen emprendedores y pymes —, la imprevisibilidad es enemiga del desarrollo.

Carga de costes trasladada a empresas

La propuesta del Ministerio asume que las empresas asuman el coste de los nuevos permisos —sin implicación clara de la administración pública. Según la patronal, eso supone un incremento significativo de costes laborales, una carga adicional difícil de absorber, sobre todo en empresas con márgenes ajustados.

En un contexto en el que contratar ya es caro, y donde muchas pymes funcionan con plantilla reducida, esto puede suponer un freno real al empleo formal, a la contratación de talento o a la expansión.

Riesgo de absentismo o mala interpretación normativa

Desde la patronal se advierte que la falta de concreción en los criterios (quién tiene derecho, qué grado de parentesco, cuándo se puede utilizar, cómo se justifica) abre la puerta a abusos o interpretaciones diversas.

Eso supone un coste oculto —administrativo, de gestión, de supervisión— y, sobre todo, un riesgo de litigios, reclamaciones y conflicto legal. Para empresas pequeñas sin capacidad legal, esto puede ser un problema grave.

Deterioro del diálogo social y pérdida de confianza institucional

El abandono de la negociación por parte de la patronal, la decisión unilateral del Ministerio de proseguir con sindicatos, y el anuncio público de la medida antes de acordar condiciones, envía un mensaje claro: en España, las reglas pueden cambiar de un día para otro, por decreto, sin consenso.

Para el mundo empresarial —especialmente para pequeñas estructuras, autónomos y pymes— esa es una señal peligrosa: no puedes planificar, ni invertir con garantías. Esa incertidumbre penaliza la iniciativa, la inversión y el emprendimiento.

Un problema estructural: ¿por qué pasa esto tan habitualmente en España?

El choque por los permisos por fallecimiento no es un caso aislado, sino un reflejo de un patrón:

• Reformas laborales impulsadas desde arriba, sin consulta real ni impacto medido.
• Uso frecuente del “decreto-ley” para imponer cambios urgentes —y con fecha de negociación paralela o nula.
• Subestimación de los costes que recaen sobre empresas (especialmente pymes), en favor de medidas de carácter social —sin compensación real.
• Falta de diálogo social: los agentes clave —empresarios, autónomos, representantes del sector privado— quedan muchas veces al margen de decisiones que les afectan.

Esta manera de gobernar crea inseguridad jurídica permanente. Y para un país que se dice comprometido con el empleo, el emprendimiento y la creación de valor privado, esa inseguridad puede ser más dañina que cualquier recorte.

Consecuencias palpables para autónomos y pymes — y qué hacer ahora. Permisos por fallecimiento 

Consecuencias probables

• Menos contratación, más externalización o subcontratación, para evitar asumir riesgos o cargas laborales pesadas.
• Retraso en planes de expansión o crecimiento ante la incertidumbre sobre costes laborales y regulaciones.
• Incremento de costes y márgenes más ajustados, lo que reduce la competitividad, el salario neto real, la inversión en innovación.
• Fomento de economía informal o empleos precarios, ante la dificultad de asumir rigidez laboral o costes imprevistos.

Qué pueden hacer autónomos y pymes para protegerse

• Usar cláusulas contractuales flexibles (por proyecto, temporalidad, colaboraciones), minimizando plantilla fija permanente cuando sea posible.
• Tener reservas financieras para contingencias: mejores márgenes, más liquidez, prevención ante cargas inesperadas.
• Externalizar tareas no esenciales (servicios, administración, contabilidad, RRHH) para evitar sobrecarga fija.
• Asesorarse bien antes de contratar: valorar contratos, convenios, riesgos laborales y legislación vigente que podría cambiar.
• Defender, desde asociaciones o colectividades, reglas claras, estabilidad normativa y diálogo social real.

Una reflexión liberal: cuándo proteger derechos se convierte en obstáculo para crear riqueza. Permisos por fallecimiento 

Desde la mirada de un medio liberal orientado a emprendedores, el dilema es claro: proteger a los trabajadores es legítimo, humano y necesario —pero no puede hacerse a costa de estrangular al sector privado, imponiendo cargas imprevistas, costos adicionales y aumentando la incertidumbre normativa.

Un Estado serio, responsable, debe equilibrar dos objetivos:

• Garantizar derechos sociales legítimos (duelo, salud, conciliación, protección).
• Ofrecer un marco estable, sostenible y competitivo para quienes crean empleo, riqueza y valor —autónomos, pymes, emprendedores.

Cuando las medidas caen del cielo, sin consenso, sin evaluación y sin financiación estructural —y recae todo el peso sobre las empresas—, lo que obtenemos no es bienestar, sino una mochila pesada que limita la inversión, frena la contratación y penaliza la iniciativa privada.

En un país como España, donde la mayoría del empleo privado lo generan pymes y autónomos, esa mochila puede ser letal.

Conclusión: el rechazo patronal revela algo más que un desacuerdo — revela un problema de fondo

La ruptura de la negociación entre patronal y Gobierno sobre los permisos por fallecimiento no es solo un episodio más de conflicto laboral.

Es un síntoma de un mal mayor: una lógica normativa que prioriza anuncios rimbombantes sobre pactos equilibrados, que recurre al decreto-ley como “atajo gestor” y que convierte al empresario en un actor de riesgo permanente.

Para los autónomos, las pymes y los emprendedores significa un mensaje claro: cada día podés despertar con una nueva obligación, un nuevo coste, una nueva norma —y sin garantías de cómo va a afectar a tu negocio.

Si España quiere construir una economía dinámica, competitiva y sostenible, necesita más previsibilidad, más seguridad jurídica, y políticas que realmente acompañen al sector privado en lugar de cargarlo con decisiones improvisadas.

Porque sin estabilidad normativa, sin respeto por quienes generan empleo y riqueza, no hay Estado fuerte que valga: hay una estructura frágil.