El nuevo registro horario vuelve al centro del debate laboral en España con nuevas obligaciones ocultas en el reglamento filtrado.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, prepara una reforma profunda del sistema de control de jornada aprobado en 2019, con el objetivo —según defiende— de combatir las horas extra no pagadas y la temporalidad encubierta.

Sin embargo, las primeras filtraciones y borradores internos han encendido las alarmas entre pymes, autónomos con empleados y organizaciones empresariales.

Porque esta vez, el Gobierno no solo quiere reforzar el control horario: plantea un modelo más rígido, digitalizado y con nuevas obligaciones que muchas pequeñas empresas desconocen.

Y el cumplimiento será más estricto, con un régimen sancionador más duro y la obligación de conservar datos de actividad laboral muy específicos.

CEOE, Cepyme, ATA y otras asociaciones han advertido de que el nuevo sistema puede convertirse en una trampa burocrática que eleve los costes laborales y administrativos, especialmente en microempresas de comercio, hostelería, talleres, servicios personales o transporte.

El origen del problema: un registro que nunca terminó de implantarse. Nuevo registro horario con obligaciones ocultas

El sistema de registro horario obligatorio nació en 2019, obligando a todas las empresas —desde grandes corporaciones hasta negocios de un solo empleado— a registrar la entrada y salida de cada trabajador.

Pero cinco años después:

• Muchas pymes siguen usando papel.
• La Inspección detecta registros falseados o genéricos (9:00–17:00 todos los días).
• Faltan registros de pausas, horas complementarias y desplazamientos.
• Existen sectores donde el registro manual es impracticable (reparto, obra, comercial).

El nuevo plan de Trabajo quiere cerrar estos “agujeros”.

Las nuevas exigencias que Trabajo quiere imponer. Nuevo registro horario con obligaciones ocultas

Según documentos difundidos en la negociación y declaraciones públicas del Ministerio, la reforma incluiría:

Registro digital obligatorio

Se estudia eliminar los registros en papel, obligando a usar:

• aplicaciones homologadas,
• sistemas biométricos,
• geolocalización en móviles de empresa,
• plataformas en la nube.

Esto implica nuevos costes y adaptación tecnológica, especialmente para pequeños negocios.

Control de tiempos muertos y pausas

La Inspección reclama que el registro incluya:

• tiempo de descanso,
• pausas para comer,
• interrupciones,
• tiempos no productivos.

Para Trabajo, esto es imprescindible para detectar “tiempo de presencia” no remunerado.

Para las pymes, es prácticamente imposible de registrar sin vigilancia constante.

Acceso en tiempo real por parte de la Inspección

La propuesta incluye la posibilidad de:

• Conectar los sistemas a un repositorio estatal.
• Permitir inspecciones telemáticas.
• Consultar registros del día en curso.

Una especie de VeriFactu laboral.

Historial detallado de cambios

Los sistemas deberán registrar:

• quién modifica un fichaje,
• desde qué IP,
• en qué momento.

Esto busca evitar el fraude, pero añade complejidad administrativa.

Sanciones más altas

La reforma estudia sanciones automáticas y más elevadas:

• hasta 10.000 euros por registro incorrecto,
• por trabajador afectado, según borradores previos.

Por qué las pymes están alarmadas. Nuevo registro horario con obligaciones ocultas

Más obligación que utilidad

Mientras grandes empresas pueden asumir sistemas complejos, las pequeñas ven en este modelo:

• un coste extra,
• una carga burocrática,
• y una herramienta que no mejora su productividad.

La realidad del trabajo en pymes no encaja con controles milimétricos

Negocios como:

• bares,
• transportistas,
• comercios,
• talleres,
• peluquerías,
• empresas de reformas…

tienen trabajos discontinuos, con picos de actividad y jornadas flexibles difíciles de encorsetar.

Temor a inspecciones automáticas

La digitalización puede abrir la puerta a:

• sanciones algorítmicas,
• alertas automáticas de incoherencias,
• cruces de datos con Hacienda y Seguridad Social.

La posición de CEOE y las asociaciones del sector ante el nuevo registro horario con obligaciones ocultas

CEOE, Cepyme, ATA y UPTA coinciden en varios puntos:

• El sistema actual “funciona razonablemente” cuando se adapta a cada sector.
• La reforma busca convertir a todos los negocios en “oficinas digitales”.
• El coste es inasumible para miles de microempresas.
• El problema real no es la falta de controles, sino la falta de inspectores.
• Algunas asociaciones hablan directamente de “acoso burocrático”.

La visión del Ministerio de Trabajo

Trabajo, sin embargo, insiste en que:

• el 56% de las horas extra no se pagan (EPA),
• hay fraude estructural,
• el sistema actual es insuficiente,
• y la digitalización es imprescindible.

Su discurso se alinea con un objetivo político claro:

reforzar el control laboral del mercado español, incluso aunque eso implique más regulación.

Conclusión crítica: cuando la burocracia se come a la empresa

El problema no es el registro horario.

Es el enfoque.

España parece empeñada en construir un modelo laboral donde la prioridad no es producir más, sino vigilar más.

Donde la solución a cualquier ineficiencia no es simplificar, sino añadir capas de control, formularios y sistemas.

La consecuencia para pymes y autónomos es evidente:

• Menos tiempo para trabajar.
• Más tiempo rellenando registros.
• Más costes.
• Más miedo a equivocarse.

Y todo ello sin garantía alguna de que aumente la productividad, mejore la conciliación o se reduzca el fraude real.

La economía española no necesita más normas:

necesita mejores normas, más simples, más adaptadas a la realidad del pequeño negocio y menos obsesionadas con la vigilancia constante.

Porque, si seguimos por este camino, corremos el riesgo de que el registro horario termine registrando solo una cosa:

el tiempo que pymes y autónomos pierden luchando contra una burocracia que crece más rápido que sus negocios.