A continuación, analizamos con detalle los nuevos retos laborales de las empresas, cómo está influyendo las crisis climáticas y los problemas de transporte en España y qué implica todo ello para autónomos, pymes y emprendedores que tienen empleados a su cargo.

En un contexto de creciente incertidumbre global, España se enfrenta a una nueva realidad en el ámbito laboral: la legislación laboral ya obliga a las empresas, incluidas pymes y autónomos con empleados, a mantener el pago de salarios aun cuando los trabajadores no han podido acceder a su puesto de trabajo por causas ajenas a su voluntad, como fallos en el transporte o crisis climáticas extremas.

Esta obligación, poco conocida e interpretada a medias por muchos empresarios, está generando tensiones especialmente entre los pequeños negocios, que ven cómo su capacidad de reacción y flexibilidad se restringe por normas difíciles de gestionar en la práctica.

El origen de la obligación: causas de fuerza mayor y permisos retribuidos. Empresas ante los nuevos retos laborales, crisis climáticas

La normativa laboral española contempla que, en determinadas circunstancias, los trabajadores pueden disfrutar de permisos retribuidos cuando no pueden acudir al trabajo por causas de fuerza mayor.

Entre los supuestos reconocidos figuran alertas oficiales de transporte, bloqueos, crisis climáticas o riesgos para la salud y seguridad para desplazarse al puesto de trabajo.

Esto significa que, si un empleado no puede acudir a su trabajo porque:

• El transporte público colapsa por averías en trenes o metros,
• Hay cortes de carreteras o servicios por temporales,
• Se declara una alerta climática que impide desplazarse con seguridad,

entonces el empresario no puede descontar el salario por esos días, ni exigir que se recuperen horas posteriormente, salvo que exista teletrabajo viable y legalmente permitido.

Estos permisos pueden alcanzar hasta cuatro días retribuidos y, en algunos casos, prolongarse mientras persistan las condiciones que impiden el acceso al trabajo.

Esta obligación no se limita a casos extremos aislados: la legislación introducida por el Real Decreto-ley 8/2024, aprobado a raíz de fenómenos climáticos adversos como la DANA que afectó gravemente a varias regiones españolas, amplía y estructuraliza este tipo de permisos con vistas a adaptarse a emergencias ligadas al cambio climático.

Fallos en transporte: de molestias a problemas estructurales

Los problemas en el transporte —desde averías masivas en trenes de cercanías hasta carreteras cortadas por nieve o inundaciones— ya no son excepciones puntuales, sino signos de la insuficiente inversión en infraestructuras y de la creciente presión del cambio climático sobre sistemas diseñados para otras circunstancias.

Un ejemplo reciente en España lo aporta la estimación de la asociación empresarial catalana Pimec, que sitúa el coste diario de interrupciones severas en el transporte en varios millones de euros, debido tanto al tiempo perdido por trabajadores como a los costes asociados a la producción o servicios que no se pueden cumplir a tiempo.

Las consecuencias directas para pequeñas y medianas empresas son claras:

• Aumento de costes laborales no planificados, porque se pagan salarios sin producción.
• Dificultad para mantener los niveles de servicio y cumplimiento de plazos cuando grandes proporciones de personal no pueden llegar.
• Desafíos añadidos para sectores muy localizados, como la hostelería o el comercio, donde la presencia física es imprescindible.

Crisis climáticas: nuevas “licencias pagadas” por seguridad. Empresas ante los nuevos retos laborales

España ha adoptado medidas pioneras en materia laboral vinculadas al clima.

Tras las devastadoras lluvias e inundaciones que afectaron a Valencia y otras zonas en 2024, el Gobierno aprobó un esquema de “climate leave” o permiso climático retribuido, según el cual se concede hasta cuatro días de licencia con pago cuando existe un riesgo claro por fenómenos climáticos extremos.

Este derecho se aplica cuando:

• Las autoridades emiten alertas de fenómenos meteorológicos de riesgo elevado.
• Los desplazamientos ponen en peligro la seguridad de los empleados.
• La infraestructura de transporte queda inoperativa o seriamente afectada.

El objetivo declarado por los legisladores es claro: proteger la vida y la integridad de los trabajadores frente a un clima cada vez más imprevisible.

Sin embargo, esta protección tiene un impacto directo en las empresas, que deben asumir el coste de jornadas en las que no hay producción efectiva.

Teletrabajo: la salida lógica, pero no siempre aplicable

Una de las pocas herramientas que la legislación laboral permite a las empresas para atenuar el impacto de estas ausencias es el teletrabajo.

Cuando la naturaleza de la actividad lo permite (por ejemplo, tareas administrativas, servicios profesionales, consultoría, marketing digital), los empleados pueden trabajar desde casa o en remoto sin perder su productividad ni generar obligación de salario sin producción.

Sin embargo, este no es el caso de todas las actividades productivas.

Muchos negocios dependen de:

• Atención directa al cliente (restaurantes, tiendas, servicios presenciales),
• Operaciones logísticas y transporte de mercancías,
• Producción industrial o de taller.

Para esas empresas, el teletrabajo no es una alternativa real, y por tanto no se amortigua el coste de pagar días en que no hay trabajo productivo.

Impacto en la competitividad y costes empresariales. Empresas ante los nuevos retos laborales: crisis climáticas

Desde una perspectiva liberal y pro-empresa, esta situación plantea un dilema relevante:

Las medidas de permisos retribuidos vinculados a transporte o clima están diseñadas con una intención social legítima —proteger al trabajador en circunstancias adversas—, pero no necesariamente tienen un contrapeso en términos de competitividad empresarial.

Para pymes y autónomos con plantilla, el impacto se traduce en:

• Costes imprevistos de nómina sin ingresos equivalentes,
• Menor capacidad de adaptación financiera, especialmente en negocios con márgenes ajustados,
• Mayor incertidumbre en la planificación de recursos humanos cuando no hay sistemas claros de compensación o flexibilidad contractual.

Además, el colapso reiterado del transporte no solo obliga a pagar salarios sin producción, sino que también genera costes adicionales por el retraso o incumplimiento de pedidos, impacto en relaciones comerciales y pérdida de clientes potenciales.

Ejemplos reales y estimaciones del impacto económico

Aunque no existen estadísticas oficiales detalladas sobre el coste exacto de estas ausencias para pymes y autónomos, estimaciones de asociaciones empresariales ponen cifras orientativas en regiones como Cataluña, donde interrupciones de transporte han representado multimillones de euros al día en pérdidas económicas derivadas de tiempo de trabajo perdido y costes asociados.

Si a eso añadimos la creciente recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos que generan permisos climáticos —tal como recoge la regulación vigente en materia laboral—, el impacto agregado para el tejido productivo podría escalar de manera significativa en los próximos años.

El enfoque legal: obligaciones, límites y ausencia de doctrina clara. Empresas ante los nuevos retos laborales: crisis climáticas

Aunque la legislación laboral ya establece este tipo de restricciones en situaciones de fuerza mayor, no existe aún una doctrina judicial consolidada que clarifique todos los escenarios posibles ni cómo deben aplicarse de forma estándar estos permisos en situaciones continuadas.

Esto significa que:

• Las empresas pueden enfrentarse a interpretaciones divergentes sobre cuándo procede o no el permiso retribuido,
• Los sindicatos y trabajadores tienen argumentos sólidos para reclamar el pago en ausencia de producción,

La previsibilidad jurídica es baja para pymes, que no siempre saben cómo actuar para minimizar riesgos.

¿Qué pueden hacer pymes y autónomos? Estrategias de adaptación

Frente a este nuevo panorama, es importante que las empresas adopten enfoques proactivos para minimizar riesgos y costes:

Planes de movilidad y teletrabajo

Aunque no todos los negocios pueden aplicar teletrabajo, aquellos que sí pueden deberían desarrollar protocolos claros para implementarlo de forma inmediata cuando se produzcan interrupciones de transporte.

Negociación colectiva inteligente

Negociar acuerdos con trabajadores que incluyan cláusulas de flexibilidad en días de paro por transporte o clima puede crear un marco contractual más seguro.

Seguros de interrupción de negocio

Explorar productos de seguros que cubran pérdidas por catástrofes o fallos de infraestructura puede ayudar a compensar los costes de salarios en días de no producción.

Conclusión: Empresas ante los nuevos retos laborales, crisis climáticas

La obligación de pagar salarios a empleados que no pueden acudir al trabajo debido a fallos de transporte o crisis climáticas es una manifestación más de cómo el cambio climático y la fragilidad de las infraestructuras de movilidad impactan directamente en el tejido empresarial español.

Para autónomos y pymes, este nuevo reto destaca la necesidad urgente de:

• Mayor inversión en transporte e infraestructuras, para evitar colapsos que cuestan dinero a la economía real,
• Normativas laborales equilibradas, que protejan a trabajadores sin comprometer de forma desproporcionada la viabilidad de los negocios,
• Estrategias empresariales más flexibles, que integren digitalización, teletrabajo y gestión de riesgos.

Si España quiere seguir siendo un país atractivo para emprender y generar empleo, hay que adaptar tanto la política pública como las prácticas empresariales a un entorno en el que las crisis climáticas y las disrupciones del transporte no serán excepciones, sino parte de la nueva normalidad.