La Ley del Estatuto del Becario dispara el gasto para autónomos y pymes que contaban con estos trabajadores en formación en sus plantillas.
El reciente acuerdo del Anteproyecto de Ley del Estatuto del Becario aprobado por el Consejo de Ministros coloca a los autónomos y pequeñas empresas en una encrucijada: acatar una normativa que pretende dignificar las prácticas formativas —y frenar el uso de “falsos becarios”— pero que les exige asumir costes adicionales relevantes.
Según fuentes especializadas, la nueva ley obligará a los empleadores que acogen personas en prácticas a compensar determinados gastos (transporte, manutención, alojamiento) y cotizar por ellas, lo que, junto a un reforzado control de la inspección laboral, podría generar un fuerte impacto para microempresas y autónomos que recurren a estas figuras como recurso productivo o de apoyo.
El impacto es doble: por un lado, una apuesta del Gobierno por mejorar la formación y evitar precariedad; por otro, un aumento directo de las cargas para un colectivo que ya opera con márgenes ajustados.
¿Qué establece la norma y por qué se impulsa ahora?, nueva ley del becario dispara gasto para pymes y autónomos
El anteproyecto aprobado recoge varias medidas clave.
Primero, obliga a quienes ofrezcan prácticas no laborales a cubrir los gastos que los estudiantes deban asumir si no perciben remuneración: transporte, alojamiento o manutención.
Segundo, se limita el volumen de becarios que una empresa puede tener, fijando por ejemplo que no superen el 20 % de la plantilla o un máximo de dos personas menores en empresas pequeñas.
Tercero, endurece el régimen sancionador: incumplimientos derivados de que las prácticas reemplacen puestos de trabajo, no estén ligadas al plan formativo o no cumplan requisitos pueden conllevar multas que alcanzan los 225.000 euros.
Finalmente, es parte del paquete regulatorio del Ministerio de Trabajo para combatir la precariedad en las prácticas y dar un impulso regulatorio técnico al mercado formativo profesional.
La ampliación de las obligaciones para autónomos y microempresas llega en un momento en el que el tejido productivo se enfrenta a numerosas exigencias —digitalización, subida del SMI, costes de cotización— y el Gobierno ha venido anunciando varios cambios estructurales.
En este contexto la norma no es aislada sino parte de una estrategia legislativa más amplia que incluye la finalización del SMI, contratos y la revisión del mercado de trabajo.
¿Cuál es el impacto sobre pymes y autónomos? La nueva ley del becario dispara gasto para pymes y autónomos
Para los trabajadores autónomos y las empresas de pequeño tamaño, el coste adicional no es despreciable.
De acuerdo con la información más reciente, la obligación de cotizar por los estudiantes en prácticas ya rige desde el 1 de enero de 2024 bajo el Real Decreto‑Ley 2/2023, lo que representa un coste anual medio aproximado de 200 euros por becario (y unos 130 euros en el caso de las prácticas no remuneradas) para las empresas que los incorporan.
Al añadir la obligación de compensar gastos, esta cifra se incrementa y se convierte en una carga fija no prevista para muchas microempresas.
Además, muchas pymes funcionan con presupuestos ajustados, recursos humanos limitados y una alta rotación de personal.
Para ellas, la exigencia de que el becario tenga un plan formativo, tutor asignado, y que no realice funciones de un trabajador ordinario, implica mayor supervisión y estructura.
Las limitaciones respecto al número de becarios también pueden frenar la elección de este recurso como forma de apoyo operativo.
Por otro lado, la normativa puede dificultar que las pymes vean en el becario un recurso barato de apoyo, lo que en el pasado permitió dinamizar actividad, formación y enlace con nuevas generaciones.
Ahora esa relación se vuelve más regulada y costosa.
Para el autónomo que actúa de “empresa unipersonal”, la carga puede ser proporcionalmente más significativa.
Ventajas y escenario de cambio
Aunque empresas y autónomos ven nuevos costes, los beneficios de esta normativa también existen.
Desde el punto de vista del mercado laboral y de la formación, el estatuto permite que las prácticas se asemejen más a formación real, con derechos, tutorías, seguimiento y no meramente “mano de obra barata”.
Esto puede mejorar la calidad de la formación, la motivación del becario, y la reputación de quien los acoge.
Para las empresas que apuestan por la formación como parte de su estrategia, esta ley puede ser un impulso: contar con prácticas bien reguladas, estructuradas y que puedan derivar en jóvenes con conocimiento de la empresa puede representar una ventaja competitiva.
Además, trabajar correctamente en este ámbito evita riesgos legales, sanciones y reputacionales.
En el contexto del ecosistema de emprendimiento, un emprendedor que internalice esta regulación puede hacer de esta figura una palanca de talento, en lugar de un recurso improvisado.
Obstáculos y resistencias, La nueva ley del becario dispara gasto para pymes y autónomos
Sin embargo, las patronales han mostrado reticencias.
Grandes entidades como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han expresado preocupación ante el aumento de cargas para las empresas, especialmente para las pymes y autónomos, que podrían verse penalizados por una regulación que no distingue suficientemente entre tamaño y capacidades.
Los rectores universitarios también alertan sobre la viabilidad de financiar estas prácticas si las empresas esquivan la obligación.
El escenario político tampoco facilita la aprobación sin polémica.
Aunque el Gobierno ha aprobado el anteproyecto, todavía debe superar el trámite parlamentario para convertirse en ley.
Partidos e interlocutores muestran división, lo que agrega incertidumbre al sector.
Perspectiva emprendedora y recomendaciones
Para el emprendedor o autónomo que incorpora becarios, este cambio debe servir como señal de que la figura de la práctica formativa ya no es una excepción operativa sino parte de un marco que exige profesionalización.
En ese sentido conviene:
Revisar los convenios de prácticas con centros formativos, asegurando que están adaptados a los nuevos requisitos.
- Considerar los costes asociados (cotización, compensación de gastos, tutorías) en el presupuesto.
- Evaluar si la incorporación de un becario merece la inversión: si va a aportar valor, formación y retorno, o si es un “apoyo” poco estructurado.
- Aprovechar la normativa como palanca de formación interna y retención de talento. Más que un coste inevitable, puede ser una oportunidad si se integra en la estrategia de crecimiento.
- Mantenerse informado sobre el trámite parlamentario y los posibles cambios al texto definitivo, que podrían modificar obligaciones según el tamaño de empresa, tipo de práctica o sector.
Contexto más amplio: prácticas, mercado laboral y emprendimiento
Este cambio normativo se inserta en un entorno en el que el mercado laboral español presenta desafíos estructurales: elevada temporalidad, jóvenes con empleo en prácticas por largos periodos sin remuneración real, y un ecosistema emprendedor que depende de la flexibilidad para innovar.
En 2024, por ejemplo, más de 900.000 becarios no remunerados cotizaron a la Seguridad Social, lo que muestra la magnitud del fenómeno de las prácticas sin salario adecuado.
Además, el tejido emprendedor y las microempresas españolas operan en un entorno cada vez más regulado: subida del SMI, digitalización, control de facturación, reforma del trabajo autónomo, entre otros.
Añadir una nueva carga —aunque legítima desde la protección del estudiante— suma presión al colectivo y exige mayor profesionalización.
Desde una óptica de política pública, la norma responde a objetivos de dignificación de la formación, reducción de fraude en las prácticas y mejora de la transicionalidad hacia el empleo, pero la implementación deberá equilibrar los costes para garantizar que no se convierta en barrera para que los emprendedores y pymes apuesten por incorporar talento joven.
Conclusión Choque de costes: la nueva ley del becario dispara el gasto para autónomos y pymes
La ley recién aprobada por el Gobierno para regular las prácticas formativas en empresas —y en la que autónomos y pymes tienen un papel protagonista— representa un hito en la protección de los becarios y en la profesionalización de ese segmento del mercado laboral.
La obligación de compensar gastos, cotizar por los estudiantes y ajustarse a límites de uso son medidas que responden a abusos documentados y a la necesidad de modernizar un modelo que en muchos casos se había convertido en trampolín precario.
Sin embargo, la letra pequeña muestra una realidad menos amable para el emprendedor: microempresas y autónomos, que ya operan en entornos ajustados, recibirán una carga adicional que no siempre se ha dimensionado públicamente.
Si la medida no va acompañada de incentivos, mecanismos de acompañamiento, y diferenciación clara según tamaño y sector, existe el riesgo de que la normativa cumpla el objetivo social pero penalice la innovación, la creación de oportunidades y el tejido productivo emergente.
Desde la perspectiva del emprendimiento,
La clave no está solo en cumplir la normativa, sino en convertirla en ventaja.
Quien estructure bien la figura del becario, lo integre como parte de su estrategia formativa y lo acompañe con procesos de valor añadido, estará mejor posicionado.
Pero quien la perciba solo como un coste más, podrá verse atrapado en un círculo de cargas sin retorno.
En última instancia, la norma es necesaria y bienvenida en su finalidad, pero peligrosa en su implementación si no se adapta a la realidad de los que emprenden.
Si el coste adicional desemboca en que simplemente se eliminen las prácticas o se reduzca su número por falta de viabilidad, habremos solucionado un problema social a costa de otro: pérdida de oportunidades para jóvenes, menos conexión entre formación y empresa, y mayor rigidez del ecosistema emprendedor.
El verdadero éxito estará en que la norma actúe como motor de mejora y no como freno para quien arriesga, emprende y crece.













0 comentarios