Un reciente análisis recogido por La Gaceta señala que, en 2025, las nóminas públicas, de funcionarios, cargos públicos y empleados del sector público consumirán aproximadamente 183.000 millones de euros.

Esa cifra récord —y creciente— supondría ya “más del 60 % de todos los ingresos fiscales” del Estado.

La tendencia no es nueva: el gasto en salarios públicos ha crecido un 35,5 % desde 2018.

Además, los salarios públicos representan una parte muy significativa del gasto de “producción” del Estado: en 2021, un 51,7 % de ese gasto se destinó a sueldos —mucho más que la media de la Organisation for Economic Co‑operation and Development (OCDE), que ronda el 43,2 %.

En cifras: un coste más alto por funcionario que en muchos estados comparables, un gasto público elevado en relación con el tamaño de la economía, y una proporción de recaudación fiscal absorbida por el mantenimiento del aparato público que supera la mitad.

¿Por qué se han disparado las nóminas públicas y el coste del sector público?

Varias razones explican esta situación:

• Incremento de nóminas y masa salarial. Como se ha señalado, en los últimos años la remuneración del personal público se ha disparado: subidas, pagas extra, ampliación de plantillas.
• Estructura de gasto ineficiente y pesada. España dedica una proporción elevada del gasto de funcionamiento —infraestructura, burocracia, administración— al coste del personal. El dato del 51,7 % frente al promedio de la OCDE evidencia que, incluso con menos funcionarios que muchos países del norte de Europa, el coste por trabajador es elevado.
• Dependencia del Estado como empleador. Según estimaciones y análisis recientes, una parte significativa de la población dependiente del ingreso público —funcionarios, interinos, cargos públicos, empleados de empresas públicas— ha crecido en los últimos años.
• Escasa eficiencia del gasto público en proporción al retorno. El peso del gasto en salarios limita otros capítulos fundamentales: inversión, innovación, infraestructuras, apoyo al sector privado, reduciendo la flexibilidad del Estado para promover crecimiento económico.

Desde la óptica liberal de un medio como Mundoemprende, esto supone un freno estructural al desarrollo económico, al emprendimiento y a la creación de empleo privado.

¿Qué significa este desequilibrio para autónomos, pymes y emprendedores? Se dispara el gasto en nóminas públicas

Para quienes crean riqueza desde el sector privado, este desequilibrio tiene varias consecuencias negativas claras:

Presión fiscal creciente

Si una parte tan significativa de la recaudación se destina a pagar sueldos públicos, eso limita la capacidad del Estado para bajar impuestos, ofrecer incentivos o reducir cargas.

En un contexto así, el contribuyente —frecuentemente una pyme o un autónomo— acaba financiando un aparato público costoso, sin garantías de retorno en eficiencia ni competitividad.

Menos recursos para estímulos, ayudas e inversión productiva

Partidas como ayudas a la digitalización, innovación, emprendimiento, incentivos a la contratación, infraestructura, o simplificación administrativa compiten por un presupuesto cada vez más asfixiado.

Para pymes emprendedoras, eso representa oportunidades perdidas.

Menor competitividad y más rigidez

Con una carga fiscal alta y creciente, una normativa laboriosa y unos costes elevados, las pymes españolas pierden competitividad frente a empresas de países con menor gasto público, menor presión fiscal o modelos de Estado más eficientes.

Esa desventaja puede frenar expansión, inversión o internacionalización.

Riesgo de estancamiento del sector privado

Si el sector público absorbe gran parte de la recaudación, el sector privado se encuentra con márgenes comprimidos.

Menos inversión, menos contratación, menos innovación: en suma, menos crecimiento real.

Para los emprendedores, ese entorno puede desincentivar nuevos proyectos o obligar a buscar alternativas fuera de España.

¿Tiene sentido un Estado tan grande en un entorno liberal? Se dispara el gasto en nóminas públicas — Reflexión desde Mundoemprende

Desde la visión liberal que defendemos en Mundoemprende, este desequilibrio plantea un dilema estructural: un Estado sobredimensionado, caro y con poco retorno real puede ser tan nocivo como un Estado ausente.

• Eficiencia sobre volumen. No se trata de demonizar al funcionariado per se, sino de cuestionar si mantener un aparato público tan costoso tiene sentido cuando los recursos podrían emplearse en dinamizar el sector privado, en estimular emprendimiento, en modernizar la economía.
• Estabilidad fiscal y predictibilidad. Los autónomos y pymes necesitan un entorno predecible, con carga fiscal soportable y regulaciones estables. Un Estado voraz absorbiendo ingresos limita esa predictibilidad.
• Competitividad internacional. En un mundo globalizado, la competitividad fiscal, laboral y administrativa es clave. Un gasto público desproporcionado puede poner en desventaja a las empresas españolas.
• Incentivo a la productividad y al crecimiento privado. Si la creación de riqueza privada es el motor del empleo, la innovación y el bienestar, el Estado debe actuar como facilitador —no como competidor o consumidor de recursos.

Para nosotros, emprender y empresa real no deben ser sacrificados en nombre de un Estado que crece sin control: debe redefinirse el papel del sector público, centrarlo en funciones esenciales y permitir que quienes crean empleo y valor —autónomos, pymes y emprendedores— tengan un entorno favorable.

¿Qué reformas podrían corregir este desequilibrio del gasto en nóminas públicas?

Si se quisiera racionalizar el gasto público y devolver competitividad al sector privado, estas serían algunas medidas:

• Reducción progresiva de estructura administrativa: limitar duplicidades, eliminar puestos innecesarios, externalizar servicios no esenciales.
• Revisar retribuciones: adecuarlas a productividad, eficiencia y resultados, no sólo al histórico. Establecer mecanismos de control de costes salariales.
• Modernización y digitalización del Estado: invertir en automatización administrativa, reducir burocracia, simplificar trámites para que haya menos necesidad de personal.
• Políticas de estímulo al empleo privado: incentivos fiscales, reducción de cargas, apoyo a pymes, que permitan generar empleo estable sin aumentar el peso del gasto público.
• Transparencia y control del gasto público: auditorías externas, evaluación de eficacia, resultados medibles —para saber si el gasto público realmente produce valor.

Qué puede pasar si no se corrige — escenarios a futuro

Escenario de continuación: Estado cada vez más grande

Si no hay reformas profundas, el peso del gasto en sueldos públicos seguirá creciendo.

Eso puede implicar más impuestos, menos inversión productiva, menor dinamismo en el sector privado… un círculo que perpetúe rigidez y dependencia del Estado.

Escenario de estancamiento: sector privado despierta lentamente

Algunas pymes y emprendedores podrían adaptarse, optimizar costes, externalizar, automatizar…

Pero el crecimiento será lento, fragmentado, con empresas pequeñas, sin escala, sin capacidad real para competir internacionalmente.

Escenario de fuga de talento, inversión y empresas

Si el entorno sigue penalizando a quienes emprenden, podrían intensificarse procesos de deslocalización, surgimiento de “paraísos empresariales internos” (regiones con baja presión fiscal), o simple huida de capital y talento a otros países más competitivos.

Para España sería una sangría: menos creación de empleo real, menos innovación, menor dinamismo económico, menor recaudación a largo plazo.

Conclusión: menos Estado, más empresa real — la apuesta liberal de Mundoemprende

El dato de que las nóminas públicas ya absorben más del 60 % de los ingresos fiscales no es una crítica fácil —es una llamada de atención urgente.

Para quienes creemos en el libre mercado, en la iniciativa privada y en la creación real de riqueza a través del emprendimiento, este desequilibrio representa una piedra de molino atada al cuello del sector productivo.

España debe replantearse su modelo de Estado: reducir costes innecesarios, centrarse en funciones esenciales, garantizar eficiencia, favorecer al sector privado.

Sólo así las pymes, los autónomos y los emprendedores podrán crecer, innovar, competir y generar empleo sostenible.

Un Estado sobredimensionado, caro y lleno de burocracia no es aliado de la iniciativa privada —es su competencia.

Y en el largo plazo, eso debilita la economía, reduce oportunidades y limita el futuro.

Para nosotros —los que construimos desde abajo, con esfuerzo, riesgo e innovación— la reforma no es una opción: es una necesidad.