La reforma laboral sigue desplegando efectos colaterales, el contrato formativo se convierte en una trampa para los autónomos, castigan especialmente a quienes generan empleo desde la base del sistema productivo: autónomos y pequeñas empresas.

El último ejemplo es el nuevo contrato formativo, una figura que nació con la promesa de facilitar la inserción laboral de jóvenes y desempleados, pero que en la práctica se está transformando en una fuente de sanciones, conversiones automáticas a indefinido y creciente inseguridad jurídica para el pequeño empleador.

La normativa prevé que un uso incorrecto del contrato formativo implique su conversión automática en contrato indefinido, con todas las obligaciones que ello conlleva.

Un detalle que, sobre el papel, puede parecer razonable, pero que en la realidad diaria del autónomo supone un riesgo desproporcionado, especialmente en un entorno normativo cada vez más complejo y cambiante.

El contrato formativo: de herramienta de empleo a foco de conflicto y trampa para autónomos

El contrato formativo fue rediseñado con la última reforma laboral con un objetivo claro: mejorar la empleabilidad mediante formación práctica real.

Para ello, se sustituyeron antiguas figuras contractuales por dos modalidades principales:

• Contrato de formación en alternancia.
• Contrato formativo para la obtención de práctica profesional.

Ambos tipos incluyen requisitos muy concretos en materia de formación, tutorización, duración, jornada y contenidos formativos.

El problema surge cuando la Administración interpreta cualquier desviación como fraude, incluso cuando no existe mala fe por parte del empleador.

Para muchos autónomos, cumplir al milímetro con todos estos requisitos resulta extraordinariamente difícil, especialmente cuando no cuentan con departamentos de recursos humanos ni asesoría laboral permanente.

El castigo: conversión automática en indefinido

La clave del problema está en la sanción implícita que recoge la normativa:

si la Inspección de Trabajo detecta un uso incorrecto del contrato formativo, el trabajador pasa automáticamente a ser indefinido.

Esto implica:

• Asumir un coste laboral estructural no previsto.
• Afrontar posibles indemnizaciones futuras.
• Perder la flexibilidad que justificaba la contratación inicial.

Todo ello, incluso en supuestos donde el error puede ser formal o interpretativo, no necesariamente fraudulento.

Desde una perspectiva liberal, este enfoque introduce un principio peligroso: presumir culpabilidad del pequeño empleador, trasladándole todo el riesgo jurídico.

Un sistema diseñado para grandes empresas, no para autónomos. 

El nuevo contrato formativo puede ser gestionable para grandes empresas con estructuras internas complejas.

Sin embargo, para un autónomo o una microempresa, supone navegar por un mar de obligaciones técnicas, entre ellas:

• Plan formativo individualizado.
• Tutor designado y documentado.
• Coordinación con centros formativos.
• Justificación permanente de tareas y aprendizajes.

Un fallo en cualquiera de estos puntos puede activar la conversión automática a indefinido, algo que desincentiva directamente su uso.

El resultado es paradójico: una figura creada para fomentar el empleo juvenil termina siendo evitada por quienes más podrían usarla.

Más inseguridad jurídica para quien quiere contratar. Contrato formativo  se convierte en una trampa para los autónomos

La inseguridad jurídica es uno de los grandes lastres del mercado laboral español, y el contrato formativo no es una excepción.

La norma deja amplios márgenes de interpretación a la Inspección de Trabajo, lo que genera incertidumbre constante en el empleador.

Para el autónomo, contratar deja de ser una decisión económica para convertirse en una apuesta jurídica, donde cualquier error administrativo puede tener consecuencias permanentes.

Este clima no fomenta la creación de empleo, sino todo lo contrario:

• Retrasa decisiones de contratación.
• Fomenta la externalización.
• Reduce la apuesta por la formación interna.

El miedo a contratar jóvenes: una consecuencia no deseada

Uno de los efectos más preocupantes es el impacto sobre el empleo juvenil.

Si el contrato formativo se percibe como una bomba de relojería legal, muchos autónomos optarán por no utilizarlo, cerrando una de las pocas vías de entrada al mercado laboral para jóvenes sin experiencia.

El mensaje implícito es demoledor: formar sale caro y puede salir mal, mientras que no contratar reduce riesgos.

Desde una visión liberal, este tipo de incentivos perversos dañan la eficiencia del mercado laboral y perjudican precisamente a quienes la ley dice proteger.

El doble rasero del legislador. Contrato formativo se convierte en trampa para autónomos

Resulta llamativo que el legislador haya optado por endurecer el castigo al empleador, pero no por simplificar el marco normativo.

En lugar de reducir requisitos y facilitar el cumplimiento, se ha elegido el camino del control, la sanción y la conversión forzosa.

Este enfoque ignora una realidad básica:

la mayoría de autónomos no buscan defraudar, sino sobrevivir y crecer en un entorno hostil.

Penalizar el error administrativo como si fuera fraude deliberado es una muestra de desconexión total con la economía real.

Costes ocultos que nadie menciona

Más allá de la conversión a indefinido, el mal uso del contrato formativo puede implicar:

• Reclamaciones salariales.
• Cotizaciones atrasadas.
• Sanciones económicas adicionales.
• Inspecciones recurrentes.

Todo ello añade costes ocultos que el autónomo no puede prever al firmar el contrato, lo que incrementa la percepción de riesgo.

¿Formación o empleo encubierto? El debate de fondo

La Administración justifica el endurecimiento alegando que algunos contratos formativos se utilizaban como empleo barato encubierto.

Sin embargo, la solución adoptada castiga por igual a quien abusa y a quien simplemente no domina una normativa excesivamente técnica.

Desde un punto de vista liberal, la solución debería pasar por:

• Simplificar los contratos.
• Clarificar requisitos.
• Diferenciar claramente fraude de error.

No por introducir mecanismos automáticos que no atienden al contexto ni a la intención.

Un entorno cada vez menos atractivo para el pequeño empleador

Este nuevo riesgo se suma a otros factores que ya dificultan la contratación por parte de autónomos y pymes:

• Incremento de cotizaciones.
• Subidas del salario mínimo.
• Cambios constantes en la normativa laboral.
• Mayor presión inspectora.

El resultado es un mercado laboral donde el pequeño empleador se siente permanentemente vigilado y penalizado, mientras se le exige que cree empleo y forme talento.

¿Qué deberían hacer los autónomos?

Ante este escenario, muchos profesionales optan por:

• Evitar el contrato formativo.
• Externalizar servicios.
• Limitar el crecimiento de plantilla.

Decisiones racionales desde el punto de vista del riesgo, pero negativas para el conjunto de la economía.

Conclusión: una ley que desincentiva justo lo que dice promover. Contrato formativo trampa para autónomos

El nuevo régimen del contrato formativo es un ejemplo claro de legislación bienintencionada pero mal diseñada.

En lugar de facilitar la formación y el empleo, introduce miedo, inseguridad jurídica y costes imprevisibles para autónomos y pymes.

Desde Mundoemprende lo decimos con claridad:

si contratar se convierte en una trampa legal, los autónomos dejarán de contratar. Y cuando eso ocurre, no pierde el empresario, pierde el trabajador, el joven sin experiencia y la economía en su conjunto.

La reforma laboral vuelve a demostrar que sin estabilidad normativa, sin simplicidad y sin confianza en el empleador, no hay política de empleo que funcione.