Uno de los casos más preocupantes es la penalización de los autónomos que han estado de baja por maternidad o paternidad y que ahora, en el proceso de regularización de cuotas, podrían encontrarse con una sorpresa desagradable.

La reforma del sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos prometía equidad, proporcionalidad y adaptación a la realidad económica de cada profesional.

Sin embargo, a medida que se despliegan sus efectos prácticos, empiezan a aparecer grietas que afectan especialmente a colectivos sensibles.

Lo que parecía una medida de justicia contributiva empieza a generar dudas jurídicas, inseguridad y una sensación de castigo encubierto a quienes ejercen derechos reconocidos por la ley.

Un sistema que no distingue bien las situaciones personales. Penalización a los autónomos en baja por maternidad o paternidad

Desde la implantación del nuevo sistema, las cuotas de los autónomos se calculan en función de los ingresos reales declarados en el IRPF.

A priori, el planteamiento parece razonable: quien gana más, cotiza más; quien gana menos, cotiza menos.

El problema surge cuando se producen situaciones excepcionales, como una baja por maternidad o paternidad.

Durante estos periodos, el autónomo puede:

• Seguir dado de alta en el RETA.
• Percibir una prestación por parte de la Seguridad Social.
• No generar ingresos o generar ingresos muy reducidos.

Sin embargo, en la regularización posterior, la Seguridad Social cruza los datos fiscales con las bases de cotización elegidas, y aquí aparece el conflicto: la prestación por maternidad o paternidad computa como rendimiento, pero no necesariamente encaja de forma armónica en el sistema de tramos previsto.

El resultado puede ser que el autónomo haya cotizado provisionalmente por una base inferior a la que finalmente le corresponde según la regularización, generándose una deuda.

Es decir, después de haber estado de baja, puede encontrarse con que debe pagar más.

¿Se penaliza el ejercicio de un derecho?

Desde una perspectiva liberal y empresarial, el debate es claro: el Estado no puede promover la conciliación y, al mismo tiempo, generar distorsiones económicas que terminen penalizando a quien la ejerce.

El sistema debería ser neutro ante situaciones protegidas legalmente.

Sin embargo, varios expertos apuntan a que la actual redacción normativa no contempla de forma suficientemente clara las particularidades de estos periodos de baja, lo que genera:

• Incertidumbre sobre la base correcta.
• Ajustes retroactivos.
• Falta de previsibilidad financiera.

Para un autónomo, la previsibilidad es clave.

La planificación de tesorería no puede depender de interpretaciones administrativas posteriores.

La regularización: el gran examen anual. Penalización a los autónomos en baja por maternidad o paternidad

El nuevo sistema de ingresos reales introduce una dinámica que preocupa a muchos profesionales: la revisión anual.

Cada ejercicio funciona en dos fases:

• Durante el año se cotiza por una base provisional.
• En el año siguiente, la Seguridad Social revisa los ingresos reales y ajusta.
• Si se ha cotizado por debajo, hay que pagar la diferencia.
• Si se ha cotizado por encima, hay devolución.

En el caso de bajas por maternidad o paternidad, el problema es que los ingresos reales pueden no reflejar adecuadamente la situación económica real del negocio.

Un autónomo puede haber facturado poco durante varios meses por estar de baja, pero la estructura de su actividad no desaparece.

Gastos fijos, alquiler, suministros o empleados siguen existiendo.

Sin embargo, la regularización no distingue entre reducción estructural y reducción coyuntural.

Un impacto directo en la tesorería

Para un trabajador por cuenta propia, una regularización inesperada puede suponer:

• Cientos o incluso miles de euros adicionales.
• Tensión de liquidez.
• Necesidad de financiación externa.
• Paralización de inversiones.

Si además coincide con un periodo de reincorporación tras una baja por maternidad o paternidad, el impacto es mayor.

El sistema debería facilitar la estabilidad en ese momento, no complicarla.

Un debate jurídico abierto. Penalización a los autónomos en baja por maternidad o paternidad

Algunos especialistas en derecho laboral y fiscal cuestionan si el actual encaje normativo cumple con el principio de proporcionalidad.

• El problema no es que exista regularización.
• El problema es que no haya una adaptación específica para situaciones protegidas.

Si la prestación de maternidad o paternidad forma parte de los ingresos computables, el sistema debería establecer reglas claras para que no genere sobrecotización involuntaria.

En caso contrario, se transmite un mensaje equivocado: ejercer derechos puede salir caro.

• Más inseguridad en un entorno ya complejo
• Los autónomos españoles operan en un entorno caracterizado por:
• Elevada presión fiscal.
• Incremento progresivo de cotizaciones.
• Cambios constantes en normativa laboral.
• Mayor carga administrativa.

El nuevo sistema de ingresos reales pretendía aportar equidad, pero la realidad es que ha incrementado la complejidad.

Ahora, además de gestionar el negocio, el autónomo debe anticipar cómo afectará cada circunstancia personal a su futura regularización.

Esto genera un problema estructural: la falta de seguridad jurídica.

La conciliación como riesgo económico. Penalización a los autónomos en baja por maternidad o paternidad

España necesita fomentar la natalidad y la conciliación.

Sin embargo, si el sistema contributivo genera incertidumbre económica en momentos clave como la maternidad o paternidad, el efecto puede ser el contrario.

El autónomo no tiene la red de seguridad que sí posee un trabajador asalariado:

• No existe empresa que asuma costes.
• No hay sustitución automática de ingresos.
• La actividad puede resentirse significativamente.
• Y ahora, además, puede enfrentarse a ajustes retroactivos.
• La necesidad de ajustes técnicos

El sistema podría mejorar incorporando:

• Claridad normativa específica para periodos de baja protegida.
• Simuladores oficiales más transparentes.
• Posibilidad de ajuste provisional automático durante bajas.
• Comunicación anticipada de posibles desviaciones.

El objetivo debería ser que ningún autónomo descubra meses después que debe pagar por una interpretación que no pudo prever.

Una cuestión de confianza

El emprendimiento necesita confianza institucional.

Cada vez que el sistema introduce complejidad o incertidumbre, se erosiona esa confianza.

No se trata de cuestionar la necesidad de financiar el sistema público de pensiones.

Se trata de diseñarlo de forma que no penalice situaciones legítimas ni introduzca inseguridad innecesaria.

Un país que aspira a reforzar su tejido productivo no puede permitirse que la maternidad o la paternidad generen riesgos financieros añadidos a quienes ya asumen la mayor parte del riesgo empresarial.

¿Qué pueden hacer los autónomos?. Penalización a los autónomos en baja por maternidad o paternidad

Mientras no haya cambios normativos claros, los profesionales deben adoptar una actitud preventiva:

• Revisar periódicamente su tramo de ingresos.
• Simular escenarios en caso de baja.
• Consultar con asesor fiscal antes y durante el periodo.
• Monitorizar las notificaciones electrónicas de la Seguridad Social.
• Valorar si conviene ajustar bases durante el año.

La anticipación es la única herramienta eficaz frente a la incertidumbre administrativa.

Conclusión: reforma necesaria, aplicación imperfecta

El sistema de cotización por ingresos reales tiene sentido en su planteamiento teórico.

Pero como ocurre con muchas reformas estructurales en España, el problema no está en la idea, sino en su ejecución práctica.

Cuando una norma genera efectos no previstos sobre colectivos vulnerables —como autónomos en maternidad o paternidad— debe corregirse.

La conciliación no puede convertirse en una variable de riesgo económico.

El emprendimiento no puede convivir con sobresaltos constantes.

Si el objetivo es reforzar el sistema, debe hacerse sin erosionar la base que lo sostiene: miles de autónomos que generan actividad, empleo y riqueza cada día.

Porque sin seguridad jurídica, no hay inversión.

Sin inversión, no hay crecimiento.

Y sin crecimiento, no hay sostenibilidad del propio sistema.