El Tribunal de Cuentas insta a que la SS realice prestaciones automáticas, y es que la burocracia sigue siendo una barrera para muchos trabajadores autónomos que, pese a cumplir con los requisitos normativos, ven demorarse durante meses la concesión de prestaciones vitales como el cese de actividad.

Frente a esa realidad, el Tribunal de Cuentas ha dado un paso contundente: proponer que la Seguridad Social reconozca de oficio algunas prestaciones, sin que el solicitante tenga que presentar una demanda activa.

Este planteamiento supone un giro en la filosofía clásica del sistema —pasar de que el ciudadano tenga que pedir a que la administración actúe proactivamente—.

Pero como toda propuesta disruptiva, lleva aparejada una serie de retos técnicos, jurídicos y políticos que necesitarán ser evaluados con realismo.

En este artículo examinamos el contenido de la recomendación del Tribunal de Cuentas, su justificación, los obstáculos para su adopción, reacciones del sector autónomo, comparativas con otros modelos y sus implicaciones a futuro para el Estado del bienestar español.

Qué propone el Tribunal de Cuentas, Prestaciones automáticas de la SS

En su informe de fiscalización sobre la atención al ciudadano en las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, el Tribunal de Cuentas identifica una carencia normativa significativa: que el reconocimiento de prestaciones depende siempre de que el interesado presente una solicitud expresa.

Es decir, el procedimiento no permite iniciar oficiosamente el reconocimiento de derechos cuando el Estado ya dispone de la información necesaria.

Por ello, propone modificar la ley para que determinadas prestaciones susceptibles de automatización —es decir, aquellas cuyo cumplimiento de requisitos puede comprobarse con datos ya disponibles en registros públicos— sean concedidas directamente, sin que el autónomo tenga que tramitar la solicitud.

Entre las prestaciones candidatas están las relacionadas con nacimiento y cuidado del menor, viudedad, orfandad, muerte y supervivencia, y aquellas cuya cuantía o condición puede calcularse a partir de datos ya registrados.

Además, sugiere acortar los plazos en la fase de propuesta de concesión, así como optimizar la gestión de citas previas y modernizar los canales de atención para evitar cuellos de botella administrativos que retrasan el acceso.

También advierte de desigualdades territoriales en la captación de datos o en los tiempos de tramitación entre provincias.

La Seguridad Social, según el informe, ya estaría analizando esa opción de reconocimiento automático, y en el trámite de alegaciones se ha manifestado dispuesta a estudiar modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social para facilitar esa vía de oficio.

La necesidad detrás de la propuesta

Demoras y obstáculos que penalizan al autónomo

Muchos autónomos denuncian que el simple trámite de pedir una prestación puede tardar meses, debido a procedimientos engorrosos, saturación de oficinas, citas previas colapsadas y errores en las solicitudes que requieren subsanaciones.

Esta demora afecta directamente su liquidez y supervivencia.

El informe del Tribunal de Cuentas documenta que los canales telefónicos del INSS no permiten realizar ciertas gestiones directamente, como la solicitud de prestaciones, lo cual obliga al solicitante a acudir presencialmente o a resolverlo vía telemática con restricciones.

También señala que la información en la web de la Seguridad Social sobre horarios, trámites disponibles y canales de atención no es exhaustiva ni está bien estructurada, lo que genera confusión e ineficiencias para quienes desean completar gestiones online.

Además, el Tribunal detecta que los tiempos de captura de solicitudes y atención varían significativamente entre provincias, lo que genera desigualdades de trato en función del lugar de residencia del autónomo.

La acumulación del volumen de prestaciones

El sistema de la Seguridad Social maneja una cartera de prestaciones y pensiones que supera los 180.000 millones de euros anuales.

En ese escenario es fundamental que los procesos administrativos sean eficientes y reducir al mínimo la carga burocrática para no tensar aún más los recursos humanos y técnicos del sistema.

La automatización por reconocimiento de oficio sería, en este sentido, una medida de eficiencia: liberar capacidad administrativa, acelerar las resoluciones y beneficiar a quienes, cumpliendo los requisitos, ven demorarse injustamente sus derechos.

Obstáculos técnicos, jurídicos y de coordinación para las prestaciones automáticas SS

A pesar de la lógica aparente, implementar un sistema de prestaciones de oficio conlleva múltiples desafíos:

Limitaciones de los datos disponibles

Para que el reconocimiento de oficio funcione correctamente, la Seguridad Social debe tener acceso confiable y actualizado a los datos del solicitante (cotizaciones, ingresos fiscales, historial laboral, etc.).

Pero muchas de esas informaciones se gestionan en la Agencia Tributaria, otras administraciones públicas o las haciendas forales, lo que exige un mecanismo de intercambio interinstitucional fluido y seguro.

La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, ha apuntado que la Seguridad Social actualmente no dispone de toda esa información necesaria y que sería esencial que el contribuyente autorizara el cruce automático de datos con Hacienda para que el reconocimiento funcione sin necesidad de solicitarlo.

Ajuste normativo necesario

La normativa vigente obliga al interesado a solicitar explícitamente una prestación. Reconocer derechos de oficio implicaría modificar la Ley General de la Seguridad Social y otras leyes conexas, lo cual requiere consenso político y puede encontrarse con resistencias institucionales.

La verificación de requisitos

Aunque muchas prestaciones parecen susceptibles de automatización, algunas tienen requisitos no numéricos (cese efectivo de actividad, razones económicas acreditadas, limitaciones legales) que requieren verificación cualitativa.

No todos esos elementos pueden valorarse con datos preexistentes.

Riesgo de errores y reclamaciones

Un sistema automático puede errar.

Si la administración concede o niega prestaciones de oficio sin supervisión cuidadosa, podría haber reclamaciones masivas.

Será clave diseñar controles, auditorías internas y vías de recurso eficientes.

Desigualdades territoriales

Como la fiscalización ya indica, hay disparidades en los tiempos y recursos según provincia.

Un mecanismo uniforme de oficio podría exacerbar esas diferencias si no se acompaña de inversiones homogéneas en capacidad de gestión regional.

Reacciones del colectivo autónomo

La propuesta ha generado expectativas entre los autónomos, pero también cautela.

La federación ATA considera la medida como una demanda histórica del colectivo, especialmente para aliviar trámites burocráticos que consumen tiempo y recursos.

Pero advierte que para que funcione correctamente se necesita una gestión del dato eficiente y coordinación con Hacienda.

Uatae y otros representantes subrayan que la medida no debe sustituir la demanda de mejoras estructurales, como una cobertura más generosa del cese de actividad, menores requisitos, y mayor estabilidad en las cotizaciones.

En general, los autónomos ven el reconocimiento de oficio como un incentivo positivo, pero insisten en que no puede ser un parche que justifique la negación u olvido de reformas más profundas.

Comparativas internacionales: reconocimiento automático de ayudas

Algunos países ya aplican principios similares:

En varios sistemas europeos, las prestaciones sociales se conceden de oficio cuando los datos están transferidos entre administraciones (por ejemplo, en algunas ayudas familiares o de vivienda).

Los países nórdicos cuentan con sistemas muy integrados donde menos trámite manual es necesario y los beneficios sociales se acreditan con cruces internos de bases de datos.

Si España logra un cruce efectivo de datos entre Seguridad Social, AEAT y haciendas territoriales, podría acercarse a esos modelos más ágiles de estado del bienestar.

Impactos esperados y riesgos de las prestaciones automáticas SS

Beneficios esperados

• Reducción de tiempo: menos espera y tramitación para prestaciones, especialmente para quienes cumplen requisitos claros.
• Mayor eficiencia administrativa: aliviar carga de trabajo de oficinas y gestores.
• Menos costes para el ciudadano: evitar desplazamientos, gestiones múltiples o errores en solicitudes.
• Mejora de la confianza: un sistema que reconoce derechos sin exigir al ciudadano que presente documentos puede percibirse como más justo y moderno.

Riesgos e impactos negativos

La automatización sin supervisión podría generar errores masivos o concesiones indebidas.

Las administraciones locales o autonómicas con menor capacidad técnica podrían quedarse atrás, acentuando desigualdades.

La presión en la infraestructura tecnológica y de datos puede generar fallos, cuellos de botella o vulneraciones de privacidad si no se diseña cuidadosamente.

Si el reconocimiento de oficio se limita a prestaciones “fáciles”, el grueso de los trámites complicados seguirán dependiendo del ciudadano, generando una visión parcializada.

Conclusión Prestaciones automáticas: el Tribunal de Cuentas insta a que la Seguridad Social actúe de oficio para proteger a los autónomos

La propuesta del Tribunal de Cuentas para otorgar prestaciones automáticas de la SS a los autónomos marca un punto de inflexión en la filosofía de gestión pública: pasar de un Estado reaccionario (que espera peticiones) a un Estado proactivo (que concede derechos cuando ya están demostrados).

En el contexto del sistema de pensiones y prestaciones español, saturado de trámites y demoras, esta reforma podría aliviar una de las cargas principales que hoy soporta el colectivo de trabajadores por cuenta propia.

No obstante, el éxito no está garantizado.

Requiere un diseño tecnológico sólido, coordinación interadministrativa, protección de datos y control de calidad.

No basta con la voluntad política: hay que garantizar que el sistema funcione sin errores, no genere desigualdades ni reclamaciones masivas, y complemente, no sustituya, otras reformas de fondo en protección social para los autónomos.

Si se implementa bien, puede transformar sustancialmente la relación entre el ciudadano autónomo y la administración.

Si se hace mal, puede convertirse en un lastre administrativo más.

El desafío está servido.

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