En 2025, la Seguridad Social ha denegado más de 8.300 prestaciones por cese de actividad (el “paro” de los autónomos), lo que representa el 58 % de las solicitudes presentadas por trabajadores por cuenta propia que intentaron acogerse a este derecho social en lo que va de año.

Estos datos ponen de manifiesto no solo una situación preocupante para un colectivo clave de la economía española, sino también un fallo estructural en el sistema diseñado para proteger a quienes deciden emprender.

Este artículo analiza en profundidad lo que está ocurriendo, por qué se dan estas denegaciones, el impacto real sobre autónomos, pymes y emprendedores —y por qué este modelo de protección social requiere una revisión urgente desde una perspectiva liberal y pro-negocios.

El dato que alarma: más de la mitad de las solicitudes rechazadas. Seis de cada diez autónomos sin cese de actividad en 2025

Hasta diciembre de 2025, la Tesorería de la Seguridad Social ha registrado 14.133 solicitudes de cese de actividad por parte de autónomos, de las cuales 8.303 han sido denegadas.

Esto equivale a un índice de rechazo del 58 % —casi seis de cada diez solicitudes— cifra que supera de largo el rechazo registrado en años anteriores, y que muestra cómo el acceso a esta prestación sigue siendo problemático para el colectivo.

Aunque se esperaba que la prestación fuera un salvavidas para quienes, tras años de esfuerzo, se ven obligados a cerrar su negocio por causas económicas, productivas u organizativas, las cifras indican que muchos no llegan a recibir nada a pesar de haber cotizado por ese derecho mes a mes.

¿Qué es la prestación por cese de actividad y cómo debería funcionar?

La prestación por cese de actividad —comúnmente llamada “paro del autónomo”— es la versión del subsidio por desempleo para trabajadores por cuenta propia.

Su objetivo es proporcionar una red de seguridad económica a quienes se ven obligados a cerrar su negocio por causas ajenas a su voluntad.

Para acceder a ella, un autónomo debe, entre otros requisitos:

• Estar afiliado al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y de alta en la Seguridad Social.
• Haber cotizado al menos un año específicamente por cese de actividad.
• Acreditar que el cese se debe a causas económicas, técnicas u organizativas, de fuerza mayor, pérdida de licencias o factores similares.
• Estar al corriente en los pagos de cuotas sociales.

A diferencia del paro general, cuyo acceso se basa en la finalización involuntaria de una relación de trabajo por cuenta ajena, el sistema para autónomos exige una serie de condiciones adicionales y una prueba documental sólida sobre las causas del cierre —lo que complica enormemente el proceso.

¿Por qué se rechaza tantas solicitudes?. Seis de cada diez autónomos sin cese de actividad en 2025

Los motivos detrás del elevado número de rechazos —superior incluso al porcentaje de años anteriores— son varios, e indican un sistema que funciona más como freno que como protección:

Requisitos demasiado estrictos o mal acreditados

Una de las causas más comunes de rechazo es no acreditar correctamente la causa del cese de actividad.

La normativa exige documentación detallada que, en muchos casos, para los pequeños negocios y microempresas resulta difícil de presentar debido a la complejidad contable y fiscal.

Periodos de cotización insuficientes

Aunque la cotización por cese de actividad es obligatoria desde 2019 para la mayoría de autónomos (con ciertas excepciones como la tarifa plana), muchos autónomos que han interrumpido su actividad en periodos recientes no han cotizado el año completo requerido, lo que automáticamente invalida su derecho.

Deudas pendientes con la Seguridad Social

Estar al corriente con las cuotas es un requisito indispensable; cualquier impago puede suponer la denegación de la prestación.

Dado el coste creciente de las cuotas —que muchos autónomos han denunciado como insuficiente en relación con los beneficios que recibe el colectivo— este punto añade una barrera más al acceso individual a la prestación.

Burocracia y complejidad del proceso. Seis de cada diez autónomos sin cese de actividad en 2025

La propia definición legal de “causa del cese”, junto con los plazos y documentación requeridos por la Seguridad Social, hace que muchos procesos queden desestimados no por falta de derecho efectivo, sino por errores formales o falta de certeza documental.

Tendencia creciente de denegaciones

Los datos de 2025 no surgen de la nada: ya en años anteriores la Seguridad Social venía rechazando una proporción elevada de solicitudes. En 2024, por ejemplo, alrededor del 45 % de las peticiones fueron denegadas, mostrando un patrón que ha ido empeorando con el tiempo.

Este incremento sostenido de rechazos —del 45 % en 2024 al 58 % en 2025— sería un indicativo de que las mejoras normativas y las nuevas modalidades introducidas no han sido suficientes para facilitar un acceso real a la prestación.

El impacto real en autónomos, pymes y emprendedores. Seis de cada diez autónomos sin cese de actividad en 2025

Una red de seguridad que deja fuera a muchos

Para un trabajador por cuenta ajena, solicitar desempleo tras un despido suele traducirse en una prestación contributiva que actúa como verdadero colchón económico.

Para un autónomo, por el contrario, el camino para acceder a una prestación equivalente es notablemente más arduo, incierto y propenso a ser rechazado.

Esto genera un claro agravio comparativo entre trabajadores por cuenta propia y asalariados que —a pesar de cotizar— tienen un acceso más difícil a la protección social.

Menor capacidad de recuperación tras crisis

Cerrar un negocio no solo es un golpe económico; puede implicar un proceso de reinvención profesional.

Cuando el sistema de cese de actividad no se convierte en un respaldo efectivo, muchos autónomos pierden la capacidad de reubicar recursos, amortiguar deudas o financiar un nuevo proyecto.

Presión financiera añadida

Negar prestaciones puede significar no solo la pérdida de ingresos en el corto plazo, sino también un mayor riesgo de impago de deudas, cierre definitivo de negocios y dificultades para reiniciar actividad cuando las condiciones económicas cambian.

¿Qué alternativas y reformas son necesarias? Seis de cada diez autónomos sin cese de actividad en 2025

Desde una perspectiva liberal y pro-empresarial —como la que defendemos en Mundoemprende— este modelo de protección social debería orientarse más hacia la flexibilidad, la accesibilidad y la igualdad de condiciones, sin perder de vista la sostenibilidad del sistema.

Simplificación de requisitos

Un sistema de prestación que exige un minucioso compendio documental debería reconsiderar qué requisitos son absolutamente necesarios y cuáles pueden simplificarse para evitar trabas burocráticas innecesarias sin comprometer su integridad.

Evaluación objetiva de causas del cese

La definición de causales del cese de actividad debería ser más amplia y orientada a realidades económicas visibles (pérdidas sostenidas, caída de ingresos, cierre de mercado), en lugar de exigir pruebas que solo las grandes empresas pueden aportar con facilidad.

Derogar barreras administrativas

La Administración debería desarrollar formularios y sistemas más accesibles, con asistencia específica para autónomos en la tramitación de solicitudes, reconociendo que muchos carecen de asesoría profesional.

Conclusión: un sistema de protección, ¿pero para quién?. Seis de cada diez autónomos sin cese de actividad en 2025

Las cifras de 2025 —con más del 58 % de solicitudes de paro denegadas a autónomos— no pueden ser ignoradas.

Un colectivo que genera cerca del 17 % del empleo y aporta significativas cantidades al PIB nacional no debería ver cómo un derecho por el que cotiza mes a mes queda inaccesible para la mayoría cuando más lo necesita.

Desde Mundoemprende, creemos en un enfoque que combine protección social con incentivos reales para la creación y mantenimiento de actividad económica.

Un modelo que proteja sin penalizar, que respalde sin burocratizar.

Porque para que los autónomos y las pymes sean la fuerza productiva que el país necesita, sus redes de apoyo también deben ser sólidas, justas y accesibles.