La nueva ley de riesgos laborales se atasca y provoca el Ultimatum de la administración a la CEOE.

La escena es muy clara: tras año y medio de reuniones, borradores y silencios, el Ministerio de Trabajo ha puesto fecha límite a la patronal.

La CEOE tiene hasta final de mes para decir si se suma o no a la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Si no hay respuesta, el Gobierno está dispuesto a seguir adelante solo con los sindicatos.

Detrás de este pulso político hay algo mucho más importante que la foto de la mesa de diálogo: está en juego el marco de seguridad y salud en el trabajo para las próximas décadas, especialmente en pequeñas empresas y negocios de autónomos, donde se concentran buena parte de los accidentes y de la mortalidad laboral.

Para quienes emprenden, para las pymes y para miles de autónomos empleadores, este no es un debate ajeno.

De cómo se cierre esta reforma dependerán nuevas obligaciones, más inspecciones, posibles sanciones pero también un entorno más seguro, menos bajas, menos costes ocultos y, en teoría, una cultura preventiva más madura.

El problema es que el mensaje que reciben hoy los empresarios es contradictorio: ultimátum político, cifras de siniestralidad alarmantes y, al mismo tiempo, mucha incertidumbre regulatoria.

Un ultimátum a CEOE tras 18 meses de bloqueo de la ley riesgos laborales. 

La negociación para actualizar la ley de prevención —una norma con 30 años de vida— lleva encallada alrededor de año y medio.

Desde el Ministerio se denuncia que en este tiempo apenas ha habido avances reales y se acusa a la patronal de estar “en la mesa, pero ausente”, sin presentar propuestas de calado.

El secretario de Estado de Trabajo ha sido especialmente duro en sus declaraciones: ha reprochado a las organizaciones empresariales que “no han hecho los deberes” y que no es de recibo seguir eternamente en el mismo punto mientras cientos de personas siguen perdiendo la vida cada año en su puesto de trabajo.

El mensaje es claro: o la CEOE mueve ficha antes de final de mes, o el Gobierno continuará la negociación solo con los sindicatos y buscará la vía legislativa sin acuerdo tripartito.

Del otro lado, la patronal se defiende alegando que los textos han llegado tarde, que no han tenido margen suficiente para contrastarlos con sus asociados y que el Ministerio está convirtiendo el diálogo social en una especie de trámite formal.

Desde su perspectiva, no se puede pretender firmar una reforma tan sensible con prisas, presiones públicas y titulares que la señalan como responsable de cada accidente laboral.

En medio, los sindicatos aprietan: reclaman que, si la patronal se baja del acuerdo, el Gobierno eleve todavía más la ambición de la reforma y actualice sí o sí una normativa que consideran obsoleta.

Qué quiere cambiar realmente la reforma ley riesgos laborales. Ultimátum CEOE

La ley de prevención vigente nació en los años noventa, en un mercado laboral que poco se parece al actual.

La reforma que plantea Trabajo busca, en esencia, tres grandes cosas: adaptar la norma a los nuevos riesgos, reforzar la prevención en pequeñas empresas y actualizar la arquitectura de servicios preventivos.

Entre las medidas que se han ido explicando destacan:

Mayor vigilancia y presencia de la prevención en empresas pequeñas, especialmente las de menos de diez trabajadores, donde se concentra una parte muy relevante de los accidentes.

La figura de agentes territoriales de prevención, vinculados a organizaciones sindicales y empresariales, que puedan entrar en microempresas para asesorar y supervisar el cumplimiento, en coordinación con la Inspección de Trabajo.

La reducción de los umbrales a partir de los cuales una empresa está obligada a tener servicio de prevención propio y no solo externalizado.

Un desarrollo más claro de la protección frente a riesgos psicosociales —estrés, carga mental, acoso, violencia— incluyendo regulación y formación específica.

Nuevas exigencias en sectores especialmente peligrosos como la construcción.

No se trata, por tanto, de un mero maquillaje técnico.

La reforma toca la organización interna de muchas pymes, la relación con las mutuas y servicios de prevención ajenos, y la forma en la que se identifican y gestionan los riesgos en los negocios de menor tamaño.

Una ley de riesgos laborales de 30 años frente a riesgos del siglo XXI. Ultimátum CEOE

Las razones de fondo que esgrime el Ministerio no son menores.

La ley actual se aprobó cuando no existía teletrabajo, el cambio climático no estaba en la agenda laboral, la digitalización no había multiplicado pantallas y ritmos, ni se hablaba de salud mental en las empresas como hoy.

Mientras tanto, las cifras de siniestralidad siguen siendo muy preocupantes: centenares de personas mueren cada año en accidentes de trabajo y los datos acumulados de 2025 muestran que el goteo de fallecidos sigue siendo inaceptable.

Además, se ha puesto el foco en nuevos frentes:

• Riesgos psicosociales: ansiedad, burnout, exposición a violencia de terceros, presión constante por objetivos.
• Riesgos derivados del cambio climático: olas de calor, trabajos al aire libre en condiciones extremas, fenómenos meteorológicos adversos.
• Nuevas formas de organización del trabajo: plataformas digitales, trabajo remoto, hiperconectividad.

La lógica del Ministerio es que una ley que no contemple estos riesgos ya no protege de forma efectiva.

Y que seguir aplicando esquemas de los noventa a realidades de 2025 es, en la práctica, dejar agujeros sin cubrir.

Pymes y autónomos empleadores: entre la necesidad y el miedo. Ultimátum a la CEOE: la nueva ley de riesgos laborales

Para las pequeñas empresas y los autónomos con trabajadores a cargo, esta reforma es una moneda con dos caras.

Por un lado, un mejor sistema de prevención puede significar menos bajas laborales, menos accidentes, menos parones de actividad y menos costes a largo plazo.

Un negocio que protege bien a su equipo es más estable, tiene menos rotación y proyecta una imagen más sólida hacia clientes y proveedores.

Por otro lado, la letra pequeña preocupa:

• Más obligaciones formales, más papeleo, más visitas, más interlocutores.
• Posible aumento de costes al tener que reforzar la prevención o contratar servicios adicionales.
• Temor a un enfoque excesivamente sancionador en un momento de debilidad económica para muchos negocios.

En sectores como la hostelería, el comercio, la construcción o el transporte, donde abundan las microempresas, la sensación es que el listón de exigencias sube constantemente mientras la capacidad de gestión interna sigue siendo la de un negocio familiar.

A esto se suma un historial reciente donde algunas normas se han aprobado sin que la administración tuviera listas las herramientas necesarias, como ha ocurrido con la prevención en empleadas de hogar, donde la obligación llegó antes que las plataformas y guías prometidas.

Ese tipo de antecedentes alimenta la desconfianza: la pyme teme que se le exijan cosas para las que ni siquiera el propio sistema está preparado.

La posición de la CEOE y el riesgo de ruptura del diálogo social. Ultimátum a la CEOE: la nueva ley de riesgos laborales

La patronal empresarial argumenta que no se niega a hablar de prevención, pero sí a hacerlo a golpe de ultimátum.

Denuncia presión mediática, que los borradores han llegado tarde y que no se puede asumir una reforma de tal calado sin un análisis sereno con los sectores afectados.

El Ministerio, sin embargo, interpreta esa actitud como una estrategia dilatoria: después de 18–21 meses de contactos, considera que la CEOE está estirando el proceso para no comprometerse.

De ahí el aviso: si la patronal no fija posición antes de final de mes, el Gobierno seguirá avanzando con los sindicatos.

Aquí se abre otro frente: incluso si se logra un texto pactado con los sindicatos, la aprobación parlamentaria no está garantizada.

El Ejecutivo ha comprobado ya en otras reformas laborales recientes que el Congreso puede tumbar o modificar acuerdos que parecían cerrados.

En paralelo, se baraja la posibilidad de avanzar por la vía reglamentaria en algunos aspectos —como el desarrollo de ciertos reglamentos o protocolos— sin necesidad de una gran reforma legal, lo que reduciría el alcance pero permitiría mover ficha.

El coste de una ruptura total del diálogo social sería alto: se erosionaría una herramienta que, con todas sus sombras, ha permitido acuerdos relevantes en los últimos años.

Pero el coste de no hacer nada también lo es: seguir con una ley desfasada mientras las cifras de accidentes y fallecidos se mantienen.

Qué debería vigilar hoy mismo cualquier empresa

Más allá del ruido político, hay algunas lecciones prácticas para quien tiene negocio y equipo a cargo:

• La prevención ya no es solo “casco, señal y extintor”: los riesgos psicosociales, el estrés, la carga mental y la organización del trabajo están en el centro del debate.
• Las pequeñas empresas van a estar cada vez más bajo el radar de la inspección y de figuras intermedias de acompañamiento. La idea de que “por ser pequeño nadie mira” se está agotando.
• Tener un buen servicio de prevención —propio o ajeno—, que realmente conozca el negocio, puede pasar de ser una formalidad a un factor clave para evitar problemas.
• La documentación (evaluaciones, planes, formaciones, registros) importa, pero todavía importa más que lo que se hace sobre el papel se traduzca en cambios reales en el día a día.
• La cultura de “aquí siempre se ha hecho así” es una vulnerabilidad: ante una inspección o un accidente grave, ya no sirve como argumento.

En otras palabras: aunque la reforma se retrase, el viento sopla claramente hacia un modelo donde la prevención será más exigente, más integral y con más foco en la pequeña empresa.

Conclusión Ultimátum a la CEOE: la nueva ley de riesgos laborales se atasca mientras las pymes contienen la respiración

Si uno mira el cuadro completo, da la sensación de que estamos, otra vez, ante un país que llega tarde a lo que ya sabía que era urgente.

Tres décadas con la misma ley, un mercado laboral completamente transformado, nuevas formas de trabajo, nuevos riesgos… y cuando por fin se abre el melón de la reforma, terminamos en titulares de ultimátums, reproches cruzados y mesas que se enfrían.

Es legítimo que la patronal pida tiempo y rigor ante una reforma que puede multiplicar obligaciones y costes para las empresas, especialmente para las pequeñas.

Igual de legítimo es que Trabajo recuerde que cada año mueren cientos de personas en el trabajo y que seguir posponiendo cambios tiene un coste en vidas, no solo en estadísticas.

El problema es cuando ambos discursos conviven… pero no se encuentran.

Desde la perspectiva de Mundoemprende, la clave está en no equivocarse de enemigo.

El enemigo no es la prevención, ni la seguridad, ni el cuidado de la salud mental en el trabajo.

El enemigo es el exceso de burocracia inútil, la norma diseñada desde el despacho sin entender la realidad de la pyme, las obligaciones que llegan sin que la administración ponga las herramientas prometidas y, por supuesto, la laxitud de quienes ven la seguridad como un gasto y no como una inversión.

La reforma seria

Una reforma seria de la prevención de riesgos laborales debería cumplir cuatro condiciones: ser técnicamente sólida, centrarse en los riesgos reales (incluidos los nuevos), ser proporcional al tamaño y capacidad de las empresas y venir acompañada de apoyo, guías, formación y herramientas simples, especialmente para microempresas y autónomos empleadores.

Si solo se aprieta por el lado sancionador, lo que se consigue no es más seguridad, sino más miedo, más papel y, en muchos casos, más simulación.

El ultimátum a la CEOE puede servir para desbloquear posiciones, pero también puede romper puentes.

Si se convierte en una guerra de relatos, el perdedor no será ni el Ministerio ni la patronal: serán los trabajadores que seguirán expuestos y las pymes que seguirán sin saber a qué atenerse.

La verdadera modernización de la prevención no se juega solo en una mesa de negociación ni en una votación parlamentaria.

Se juega cada mañana en el taller, en el bar de la esquina, en la obra, en la furgoneta de reparto, en la pequeña oficina saturada de pantallas.

O la reforma baja de verdad a ese terreno —con reglas claras, apoyo real y exigencia razonable— o volveremos a lo de siempre: grandes discursos, pocas mejoras y un tejido empresarial que siente que la seguridad es solo otro campo de batalla política.

Y eso, para un país que presume de diálogo social, sería un fracaso difícil de justificar.