Verifactu se aplaza … otra vez: inseguridad jurídica, costes hundidos y un nuevo varapalo para autónomos y pymes.

La historia vuelve a repetirse: a tan solo 29 días de su entrada en vigor, el Gobierno ha aprobado en el Congreso —con 179 votos a favor, 168 en contra y una abstención— una nueva prórroga de Verifactu, el sistema informático de facturación que debía transformar la relación entre empresas y la Agencia Tributaria (AEAT).

Y aunque la medida se presenta como “un gesto para facilitar el cumplimiento fiscal”, la realidad para autónomos, pymes y emprendedores es otra muy distinta: más inseguridad jurídica, más improvisación, más costes duplicados y menos predictibilidad en un entorno donde lo que más se necesita son reglas claras.

¿Qué ha aprobado exactamente el Congreso?. Verifactu se aplaza

El decreto ley aprobado no solo incluye concesiones políticas para garantizar su aprobación —en un contexto de negociaciones con Junts— sino que también aplaza un año la obligatoriedad de Verifactu:

• Empresas (Impuesto de Sociedades): deberán usar Verifactu a partir del 1 de enero de 2027.
• Autónomos y profesionales (IRPF): la obligatoriedad comenzará el 1 de julio de 2027.
• Es decir, todo se retrasa un año más… pero las obligaciones futuras siguen intactas.

Y lo más importante: las sanciones no cambian.

A partir de 2027, emitir facturas con programas no certificados podrá implicar multas de hasta 50.000 euros por ejercicio.

La AEAT corrige su criterio en tiempo récord: ahora sí es posible “volver atrás”. Verifactu se aplaza

La prórroga no solo afecta al calendario. La AEAT ha actualizado una de las normas más polémicas de todo el sistema:

Antes:

Si una empresa empezaba a usar Verifactu voluntariamente, no podía dejarlo. La decisión era irreversible.

Ahora:

Hasta 2027 habrá un “periodo de pruebas”:

• Se podrá activar Verifactu.
• Probar envíos automáticos de facturas.
• Y dejar de hacerlo cuando se quiera, volviendo al sistema anterior.

Es decir: quienes ya habían migrado pueden deshacer su decisión y volver a su software tradicional sin penalización.

Esto demuestra dos cosas:

• Que la norma se estaba imponiendo sin madurez técnica.
• Que la Administración reconoce, de facto, que obliga a las empresas a asumir un sistema aún inmaduro… pero sin renunciar a las sanciones futuras.

Costes directos para miles de empresas que sí se prepararon. Verifactu se aplaza

La improvisación legislativa tiene consecuencias reales.

• Decenas de miles de autónomos y pymes habían invertido ya en:
• Software certificado (de pago).
• TPVs y sistemas capaces de imprimir QR con trazabilidad.
• Consultoría técnica para adaptar procesos contables.
• Formación interna para el personal administrativo.

Todo ello para cumplir a tiempo con la fecha del 1 de enero de 2026.

Hoy, esas inversiones ya hechas se convierten en un coste hundido.

El Gobierno no ofrece compensación alguna.

Mientras tanto, quienes no habían movido un dedo reciben como premio otro año de margen.

Esto genera frustración y, sobre todo, un mensaje directo al tejido empresarial:

“Cumplir a tiempo no compensa. Esperar a última hora sí.”

Para un país que exige responsabilidad fiscal, este es exactamente el mensaje contrario que debería enviarse.

Un sector empresarial dividido entre alivio e indignación. Verifactu se aplaza

Las reacciones han sido intensas y contradictorias:

Alivio para quienes no llegaban a tiempo.

Muchas pequeñas empresas lo veían imposible: falta de información, costes elevados y saturación de proveedores tecnológicos.

Indignación de quienes habían cumplido.

UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) fue tajante:

“Estamos hartos. Tanto anuncio y tanta marcha atrás genera desconfianza.”

Distintos colectivos de asesores fiscales, inspectores y técnicos tributarios han denunciado la falta de planificación y la inseguridad jurídica del sistema.

Las empresas siguen sin saber qué hacer con este “tiempo extra”

Una encuesta de Ipsos para TeamSystem revela la incertidumbre existente:

• 12% de pymes y autónomos lo tendrán listo en el primer trimestre de 2026.
• 29% lo hará en el segundo trimestre.
• 22%, en el tercero.
• 16% esperará hasta el final.

Y un preocupante 21% todavía no ha decidido qué hacer.

Esta cifra es el reflejo perfecto del caos normativo:

Un quinto del tejido empresarial no sabe qué se espera de él.

Verifactu sigue siendo obligatorio… y más complejo que nunca. Verifactu se aplaza

A pesar del aplazamiento, el sistema mantiene su arquitectura:

• Cada factura lleva un registro inviolable, accesible por la AEAT.
• No puede borrarse.
• Solo puede modificarse mediante registros de corrección.
• Los datos se envían automáticamente a Hacienda.

Además, si no se utiliza el programa gratuito oficial, la empresa debe asumir:

• Coste del software certificado.
• Coste de hardware adicional (especialmente para comercios que emiten tickets y deben imprimir QR).
• Costes de mantenimiento y soporte.

Todo ello en un contexto donde la norma se mueve como una diana en constante desplazamiento.

La prórroga: política antes que gestión

Numerosas asociaciones empresariales y fiscales coinciden en algo fundamental:

• Esta prórroga no responde a criterios técnicos, sino políticos.
• La medida forma parte de un paquete legislativo con cesiones a Junts.
• Se aprobó en el Congreso por razones coyunturales, no por un estudio real del impacto sobre las empresas o sobre la capacidad del sector para adaptarse.

Eso implica otro riesgo:

Si la norma depende de mayorías parlamentarias volátiles, el calendario puede volver a cambiar en cualquier momento.

La inseguridad jurídica: el gran enemigo del emprendimiento. Verifactu se aplaza

Desde una perspectiva liberal —la que defendemos en Mundoemprende— el problema fundamental no es Verifactu en sí mismo.

El problema es cómo se está implementando.

• La norma cambia sobre la marcha.
• Los criterios técnicos se modifican sin aviso previo.
• Las inversiones hechas se devalúan por decisiones políticas.
• Se mantiene el régimen sancionador más duro… sin ofrecer estabilidad.

Para un autónomo o una pyme, esto significa:

• Es imposible planificar inversiones.
• Es arriesgado contratar o ampliar negocio.
• Es más difícil cumplir normas que no dejan de mutar.

Se pierde tiempo y recursos que deberían destinarse a crecer, no a sobrevivir a la burocracia.

¿Qué deberían hacer las empresas ahora?

Aunque la obligatoriedad se retrasa, la recomendación es clara:

No confiarse.

El sistema será obligatorio en 2027, sí o sí.

Usar 2026 como año de pruebas real.

Probar el software ahora, sin presión, evitará errores caros después.

Evaluar bien el software elegido.

Muchos proveedores están aprovechando la confusión para encarecer productos.

Documentar todas las inversiones y decisiones.

Si vuelve a haber cambios, esta documentación puede ser clave en inspecciones o reclamaciones.

Conclusión: Verifactu no es el problema. La improvisación constante, sí.

El aplazamiento de Verifactu es solo la punta del iceberg de un problema estructural en España:

• Falta de planificación regulatoria.
• Cambios improvisados por cálculos políticos.
• Ausencia de estrategia clara para modernizar la relación entre empresas y la AEAT.

Para un país donde el 95 % del tejido productivo son pymes y autónomos, esta manera de legislar es letal.

En Mundoemprende defendemos un principio básico:

• La seguridad jurídica es el primer incentivo al emprendimiento.
• Sin reglas claras, no hay crecimiento.
• Sin estabilidad, no hay inversión.
• Sin previsibilidad, no hay futuro empresarial.

Verifactu llegará.

Pero tal como se está gestionando, llegará dejando atrás algo más que facturas:

llegará con una factura elevada en confianza, inversión y credibilidad institucional.