El Estatuto del Becario, una de las grandes promesas del Gobierno para mejorar las condiciones laborales de miles de jóvenes en España, ha vuelto a situar a Yolanda Díaz en el centro de la polémica.

La ministra de Trabajo y líder de Sumar ha rechazado el 90% de las propuestas realizadas por empresas y universidades durante el proceso de diálogo, pese a haber defendido públicamente que este texto sería fruto de un amplio consenso social.

La noticia ha generado un fuerte malestar en el ámbito empresarial y educativo, donde muchos consideran que el nuevo marco normativo nace con un sesgo ideológico y poco realismo en su aplicación práctica.

El debate sobre el estatuto no es menor: afecta directamente a más de medio millón de estudiantes y recién graduados que cada año realizan prácticas en empresas, en un contexto marcado por altas tasas de desempleo juvenil y una precariedad que se enquista en el mercado laboral español.

La tensión se ha disparado porque, lejos de actuar como puente entre las partes, el Ministerio de Trabajo parece decidido a imponer su visión sin atender a la mayoría de las recomendaciones técnicas.

Este artículo analiza en profundidad la situación: desde los antecedentes del estatuto, hasta las propuestas rechazadas y las posibles consecuencias de una norma que, aunque busca proteger a los becarios, podría acabar reduciendo sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

El origen del Estatuto del Becario y Yolanda Díaz

España lleva más de una década debatiendo sobre el abuso de las becas como vía de empleo barato o incluso gratuito para las empresas.

Organismos como el Consejo de la Juventud de España, los sindicatos y distintas plataformas estudiantiles han denunciado reiteradamente que las prácticas curriculares y extracurriculares, en muchos casos, se convierten en trabajos encubiertos sin derechos básicos.

En 2021, el Gobierno incluyó la elaboración del Estatuto del Becario en su agenda como parte del Plan de Recuperación pactado con Bruselas.

El objetivo era doble: limitar los abusos y garantizar un marco laboral justo, al tiempo que se fomentaba la inserción laboral juvenil.

Tras varias versiones preliminares, la reforma se ha ido retrasando por falta de consenso.

Sin embargo, Yolanda Díaz ha mantenido la iniciativa como uno de sus proyectos estrella en esta legislatura, presentándola como la pieza clave para dignificar el acceso al empleo de los más jóvenes.

Qué propone el nuevo estatuto

La propuesta del Ministerio de Trabajo se centra en los siguientes puntos:

• Reconocimiento de derechos laborales básicos para los becarios, incluyendo cobertura de Seguridad Social y un sistema de tutoría efectiva.
• Limitación del número de becarios por empresa, evitando que grandes compañías sustituyan puestos de trabajo reales con estudiantes en prácticas.
• Retribución obligatoria de todas las prácticas, curriculares y extracurriculares, aunque los detalles del salario mínimo no han quedado del todo claros.
• Control más estricto por parte de la Inspección de Trabajo, con sanciones más duras a las empresas que incumplan las reglas.
• Compatibilidad con los estudios, estableciendo límites horarios para no perjudicar el rendimiento académico.

En el papel, se trata de un conjunto de medidas destinadas a garantizar que los becarios no sean mano de obra barata.

Sin embargo, el rechazo del 90% de las aportaciones empresariales y universitarias ha levantado críticas sobre la viabilidad real del modelo.

El rechazo a las propuestas de Estatuto del Becario de Yolanda Díaz de empresas y universidades

Durante el proceso de negociación, tanto patronales como universidades plantearon más de un centenar de propuestas para mejorar el texto.

Según fuentes del sector, solo un 10% de esas sugerencias han sido aceptadas por el Ministerio.

Entre las más destacadas que fueron rechazadas se encuentran:

• Flexibilizar el número de becarios por empresa en función del tamaño y del sector, evitando una norma rígida que afecte especialmente a pymes y startups.
• Permitir prácticas extracurriculares sin remuneración en determinados contextos académicos, como proyectos de investigación o colaboración con ONG, donde el aprendizaje es más formativo que productivo.
• Ampliar la compatibilidad con jornadas más largas en periodos vacacionales, algo que demandan tanto estudiantes como empresas para ganar experiencia real.
• Evitar duplicidad de tutores, ya que se exigía un seguimiento simultáneo desde la empresa y la universidad, lo que incrementa la burocracia sin aportar mejoras significativas.

El rechazo casi total a estas propuestas ha sido interpretado por los representantes del sector como una muestra de imposición ideológica y no de diálogo social.

La posición de sindicatos y estudiantes al Estatuto del Becario de Yolanda Díaz

Frente a la queja empresarial, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han respaldado en líneas generales la iniciativa del Ministerio.

Consideran que las prácticas han sido históricamente un foco de precariedad y que el estatuto, aunque mejorable, supone un paso decisivo hacia la equiparación de derechos.

Las organizaciones estudiantiles, por su parte, también han mostrado apoyo, aunque con matices.

Reclaman que la remuneración de prácticas sea suficiente para cubrir gastos básicos y que no se limite solo a un “salario simbólico”.

Sin embargo, también temen que si las empresas perciben demasiadas cargas, reduzcan drásticamente el número de plazas de prácticas, cerrando la puerta de acceso a muchos jóvenes.

Consecuencias para el mercado laboral

Uno de los riesgos más señalados por economistas y expertos es que, al endurecer tanto las condiciones, muchas empresas opten por reducir o eliminar las prácticas, especialmente en sectores donde el margen de beneficio es más reducido.

Esto tendría un impacto negativo en la inserción laboral de los jóvenes, justo lo contrario de lo que se busca.

Además, se alerta de que en un mercado laboral como el español, donde la tasa de paro juvenil ronda el 27%, limitar la oferta de prácticas podría disparar aún más las dificultades para que los recién graduados adquieran experiencia.

Por otro lado, algunas empresas podrían optar por externalizar programas de prácticas en el extranjero, lo que supondría una pérdida de oportunidades para estudiantes españoles.

La batalla política detrás del Estatuto del Becario de Yolanda Díaz

El Estatuto del Becario no solo es una norma laboral, sino también un campo de batalla político.

Para Yolanda Díaz, el proyecto es un símbolo de su compromiso con los derechos de los trabajadores y con el electorado joven y progresista.

Para la oposición, en cambio, es un ejemplo más de una política laboral desconectada de la realidad económica.

El PP ha acusado al Gobierno de querer convertir las prácticas en “contratos laborales encubiertos”, lo que desincentiva a las empresas.

Vox, por su parte, lo ha calificado de “trampa ideológica” que acabará destruyendo oportunidades.

Desde el PSOE, socio de Gobierno, se ha mostrado cierto apoyo, pero con matices.

En privado, algunos dirigentes socialistas consideran que el proyecto debería haber sido más negociado y menos rígido, precisamente para evitar un choque frontal con el sector empresarial y educativo.

Comparación con Europa

En países como Francia o Alemania, las prácticas remuneradas son obligatorias en muchos casos, pero con sistemas más flexibles que permiten ajustar las condiciones según el sector y la duración.

En Reino Unido, por ejemplo, se permite un modelo mixto donde algunas prácticas formativas no remuneradas conviven con contratos laborales para quienes realizan funciones más productivas.

España, en cambio, parece inclinarse hacia un modelo más rígido que podría ahuyentar la oferta.

El reto, según advierten los expertos, es encontrar un equilibrio entre dignificar las prácticas y mantener la puerta de entrada al empleo juvenil.

Conclusión Yolanda Díaz y el estatuto del becario: ¿diálogo social o monólogo político?

El Estatuto del Becario nace con una intención loable: acabar con los abusos y garantizar que los jóvenes tengan un acceso justo y digno al mercado laboral.

Sin embargo, la forma en que se ha gestionado el proceso genera más dudas que certezas.

El rechazo del 90% de las propuestas de empresas y universidades evidencia que el diálogo social ha sido más una puesta en escena que una verdadera negociación.

El riesgo es que, al imponer un marco excesivamente rígido, el Gobierno termine logrando el efecto contrario al deseado: menos plazas de prácticas, menor inserción laboral juvenil y más frustración en un colectivo ya duramente golpeado por la precariedad.

El reto no está solo en legislar, sino en hacerlo con inteligencia y realismo.

Si no se corrigen los desequilibrios, España podría encontrarse en pocos años con un Estatuto del Becario que, en lugar de ser la solución, se convierta en parte del problema.