Tras la aprobación de la ley ‘rider’, Glovo y Deliveroo deberán contratar a los repartidores en tres meses.
Tras el acuerdo al que llegaron hace dos meses los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo, el Gobierno ha aprobado la polémica ley ‘rider’.
La nueva norma obliga a las plataformas de reparto a domicilio, como pueden ser Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart, a convertir a sus repartidores en asalariados de la propia empresa. Además, deberá contratar a los ‘riders’ en un plazo de tres meses desde la publicación de la nueva ley en el BOE.
La nueva legislación llega en forma de decreto, y tendrá que pasar por el Congreso. Con la aprobación de este, definitivamente los repartidores dejarán de ser falsos autónomos, tema que lleva siendo polémica varios meses.
Por ahora, la ley ‘rider’ únicamente afectará a las plataformas de reparto a domicilio. Sin embargo, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, no descarta la posibilidad, en un futuro, de que la nueva ley afectara a más sectores.
La nueva ley también afectará a los algoritmos de las plataformas
Otro factor importante de la ley ‘rider’, es que, a partir de ahora, los representantes de los trabajadores, podrán revisar los algoritmos que determinan las condiciones de trabajo. Esto únicamente afectará a las empresas que usen esta clase de algoritmos.
Por lo tanto, como expresa la norma, los sindicatos deberán ser conscientes «de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles».
En el decreto, se ha incluido una nueva letra -la letra d en concreto- en el apartado 4 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Aquí se redacta que: «Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles».
La ministra, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha destacado la importancia de regular los algoritmos. «Es el núcleo central de la protección que estamos dando», ha destacado Díaz. También, en la misma rueda de prensa, ha anunciado que se va a «crear un comité de expertos que van a asesorar al Gobierno sobre el buen uso de los algoritmos y la inteligencia artificial en las relaciones laborales».
Todas las miradas puestas en la ley ‘rider’
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha destacado que, España es pionera legislando esta materia, siendo el único país de Europa que ha introducido una ley que regula las condiciones de los repartidores de las plataformas online. «Se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia. Ningún país se ha atrevido a legislar sobre esta materia».
Además, Díaz ha dado las gracias a los agentes sociales que han intervenido en el acuerdo, y también, a la Inspección de Trabajo por todo el esfuerzo realizado en todo este tiempo. Según datos del Gobierno, se van a regularizar 16.000 empleos, lo que va a suponer un impacto de 29 millones de euros.
Rechazo a la nueva norma
Por otro lado, las reacciones de las plataformas han sido adversas. Glovo ha abandonado la CEOE -Confederación Española de Organizaciones Empresariales- tras acusarles de no tener en cuenta a la empresa en la negociaciones.
También, la asociación que forman las cuatro plataformas principales, también ha lamentado la norma. Explican que se ha creado de forma que no se prestado atención a las principales partes afectadas: restaurantes, plataformas y a los propios repartidores.
«Lamentamos profundamente la falta de apoyo por parte de la principal patronal hacia las plataformas a la hora de presentar alternativas regulatorias, provocando que finalmente no se haya adoptado ninguna de las propuestas de la plataformas de reparto. Consideramos que esta nueva regulación requería no solo de la participación del sector afectado, sino también un debate parlamentario amplio y sosegado, teniendo en cuenta que este sector actualmente aporta 700 millones al PIB nacional, y pone en peligro más de 15.300 empleos totales en España» ha subrayado, David Gausch, director de Stuart en España.
A su vez, 4.000 repartidores, integrantes de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), se han manifestado este martes en varia ciudades del país. Denuncian que «la aprobación de la ‘ley rider’ es un paso más hacia el precipicio que supone dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo».
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