Yolanda Díaz pretende que el SMI sea “intocable”: sin absorciones de pluses, generando todavía un mayor coste salarial.

El debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España no solo gira en torno a cuánto debe subir, sino también en cómo esa subida se traduce en la nómina real de los trabajadores.

Recientemente, el Ministerio de Trabajo ha anunciado su intención de que las empresas dejen de absorber el alza del SMI mediante recortes en pluses habituales (como nocturnidad, peligrosidad o incentivos) para que el aumento llegue íntegramente al salario base.

La propuesta, reivindicada por sindicatos y resistida por empresas, introduce una tensión jurídica y práctica: ¿puede el Estado imponer ese cambio vía reglamento o debe reformarse la norma de fondo?

Aquí exploramos los detalles, las reacciones, los riesgos y los desafíos de esta medida cuyo impacto podría redefinir la relación entre salarios, convenios y poder adquisitivo.

La propuesta: blindar el SMI intocable sin la absorción de pluses

El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, impulsa una modificación normativa para que las subidas del SMI no puedan compensarse con reducciones en ciertos complementos salariales.

En otras palabras: si el SMI sube 50 €, ese incremento debe traducirse directamente en salario base y no puede endurecerse mediante ajustes en pluses que el trabajador ya percibía.

La propuesta incluiría que tres pluses comunes —nocturnidad, peligrosidad/penosidad y turnicidad— queden fuera del esquema de absorción o compensación.

De esa forma, se obliga a que la subida legal se sume al salario ya existente, sin que se recorten esos complementos para “equilibrar” el coste para la empresa.

El cambio se plantearía mediante modificación del real decreto que cada año regula el SMI, en lugar de una reforma del Estatuto de los Trabajadores, lo cual abre un debate jurídico sobre su alcance.

Con este ajuste, el gobierno busca garantizar que las alzas del SMI efectivamente alcancen al trabajador más vulnerable, sin ser “neutralizadas” por las empresas.

Los sindicatos respaldan la medida como una forma de protección para quienes menos pueden negociar.

Pero ¿es legalmente viable? ¿Qué implicaciones tendría para convenios, empresas o litigios laborales?

Contexto histórico: absorción y compensación en el mercado laboral español, SMI intocable sin absorciones pluses

Para entender la relevancia de la propuesta, conviene repasar cómo funcionan hasta ahora los esquemas de absorción y compensación:

Absorción significa que cuando sube el SMI o el salario base fijado por convenio, la empresa puede reducir otros componentes (plus, complementos) para “absorber” ese aumento sin incrementar la masa salarial total.

Compensación implica que los pluses existentes se descuentan del nuevo salario legal: si el salario base sube, los pluses se recortan de forma equivalente para que el total no aumente significativamente.

Estas prácticas son comunes en muchos convenios colectivos, especialmente cuando un convenio acordó hace años pluses que hoy cubren una parte significativa del salario real.

Al subir el SMI, algunas empresas ajustan esos pluses para no disparar costes.

Sin embargo, para los sindicatos y para el Ministerio de Trabajo, estos mecanismos están siendo usados para anular el efecto real de las subidas legales sobre los trabajadores más vulnerables.

La práctica es más frecuente en sectores con alta densidad de convenios y donde los pluses tienen peso relativo alto (industria, transporte, hostelería).

El contexto legal actual permite esas absorciones, salvo que el convenio colectivo o la normativa específica lo impida.

Por ello, la propuesta del gobierno pretende fijar por norma que ciertas categorías salariales no puedan ser recortadas en ese contexto.

Ventajas políticas y sociales de un SMI intocable sin absorciones pluses

Protección del poder adquisitivo real

La medida garantiza que los incrementos del SMI no se diluyan: el trabajador ve una subida efectiva en su salario base, independientemente del ajuste de complementos.

Eso refuerza la lucha contra la pobreza laboral y la desigualdad salarial.

Reforzamiento del SMI como herramienta redistributiva

Convertir el SMI en una base que no puede ser “apagada” por recortes añade fuerza al salario mínimo como instrumento social, no solo simbólico.

Alineamiento normativo con las demandas sindicales

Sindicatos como UGT y CCOO han condicionado su participación en acuerdos del SMI a que esta cuestión se regule.

Si se logra, puede facilitar acuerdos más sólidos en la mesa de negociación salarial.

Incentivo a convenios más limpios

Al limitar qué se puede recortar, los convenios se verán obligados a repartir los aumentos de forma más clara y predecible, evitando cláusulas opacas de absorción.

Obstáculos jurídicos y las críticas empresariales al SMI intocable sin absorciones pluses

¿Puede hacerse por regulación o requiere reforma legal?

Muchos juristas advierten que impedir la compensación mediante real decreto podría vulnerar artículos del Estatuto de los Trabajadores relacionados con estructura salarial, convenios colectivos y libertad de negociación.

Se argumenta que para cambiar la capacidad de absorción de pluses se necesitaría reformar el Estatuto, lo que exige mayoría parlamentaria. (El Confidencial advierte esa limitación)

El Tribunal Supremo ya ha señalado en sentencias (por ejemplo sentencia 272/2022) que no todas las compensaciones pueden eliminarse sin alterar el marco legal de convenios y contratos.

Por ello, hay riesgo de que las empresas impugnen el cambio por inconstitucionalidad o inobservancia del principio de jerarquía normativa.

Conflictos con convenios colectivos

Muchos convenios ya pactan estructuras salariales que contemplan absorciones —si el gobierno cambia la regla sin revisar esos convenios, se generan conflictos aplicativos e interpretativos.

Las organizaciones empresariales ya han advertido que podría generar litigios masivos.

Coste elevado para empresas, especialmente pymes

Para muchas empresas pequeñas, el margen para asumir un alza pura del SMI más el mantenimiento de pluses puede ser insostenible.

Podrían verse obligadas a reducir plantilla, ajustar otras partidas o retrasar inversiones.

Riesgo de reacciones negativas en mercados laborales

En sectores con alta competencia internacional o presión de costes, las empresas podrían trasladar los mayores costos a precios, reducir beneficios o incluso externalizar trabajos a economías más favorables.

Incertidumbre regulatoria para un SMI intocable sin absorciones pluses

El gobierno plantea la medida sin asegurar cuándo ni cómo será aprobado. Esa falta de claridad genera incertidumbre operativa para empresas que deben planificar Nóminas, convenios, ajustes presupuestarios.

Escenarios posibles y proyecciones

Si el cambio se aprueba por real decreto:

En el corto plazo, empresas afectadas deberán revisar sus estructuras salariales y adaptar convenios internos.

En el mediano plazo, es probable que veamos impugnaciones judiciales y litigios en tribunales laborales.

Algunos convenios podrían renegociarse para reestructurar pluses menos protegibles o renegociar condiciones pactadas.

Si el cambio exige reforma del Estatuto:

La medida quedaría más consolidada jurídicamente, pero los plazos serían más largos y dependería del apoyo parlamentario.

La negociación política será clave: es probable que la patronal presione para salvaguardar sectores o exoneraciones temporales.

En cualquier caso, los convenios colectivos tendrán un papel decisivo. Aquellos con mayor poder negociador podrán evitar impactos excesivos; los más débiles estarán más expuestos.

El efecto sobre los salarios puede reforzar la progresividad del sistema laboral, pero dependerá de la coordinación con la negociación colectiva y del diseño preciso de qué complementos quedan protegidos.

Recomendaciones para fortalecer la medida y mitigar impactos de un SMI intocable sin absorciones pluses

• Negociación social amplia. Llegar a acuerdos con patronal y sindicatos para modular la medida según sectores y realidades económicas.
• Transición gradual con etapas de adaptación. No aplicar el cambio de golpe, sino escalonar la prohibición de absorciones en varios años.
• Lista clara de pluses protegidos y pluses ajustables. Definir exactamente qué conceptos salariales quedan fuera (nocturnidad, peligrosidad, antigüedad) y cuáles podrían mantenerse sujetos a negociación.
• Compensaciones a pequeñas empresas. Bonificaciones fiscales o ayudas temporales para las pymes que deban absorber costes salariales extraordinarios.
• Refuerzo de supervisión y cumplimiento. Inspección de trabajo activa para garantizar que los incrementos legales no sean neutralizados por prácticas abusivas.
• Transparencia en convenios. Obligar a que los convenios especifiquen claramente si permiten absorciones o compensaciones y bajo qué condiciones.
• Evaluación de impacto anual. Vigilar cómo evoluciona el empleo, los costes salariales y la judicialización del cambio para ajustar la medida si genera efectos no deseados.

Conclusión Yolanda Díaz quiere que tu SMI sea “intocable”: no más absorciones de pluses

El nuevo intento de Yolanda Díaz de blindar el SMI frente a la absorción de pluses es un paso más en la deriva intervencionista del mercado laboral español.

Bajo el discurso de “proteger al trabajador”, se esconde una realidad económica bien conocida: elevar por decreto el coste laboral no mejora el empleo, lo destruye.

El problema de fondo no es el nivel del salario mínimo, sino la rigidez del mercado laboral, la falta de productividad y la elevada carga fiscal que asfixia a las empresas.

Cuando el Estado impone subidas generalizadas del SMI sin tener en cuenta la capacidad real de pago de las pymes, las consecuencias son previsibles: reducción de contrataciones, economía sumergida y cierres de negocios.

A esto se suma ahora la decisión de impedir la absorción de pluses, una medida que, en la práctica, encarece aún más el trabajo y elimina cualquier margen de flexibilidad para las empresas.

Las pymes —que ya operan al límite— verán cómo sus costes se disparan, mientras los salarios se desconectan todavía más de la productividad y de las condiciones reales del mercado.

Además, este tipo de intervenciones genera efectos en cadena: si se eleva artificialmente el salario mínimo, los trabajadores que cobran por encima de ese umbral exigirán subidas equivalentes para mantener su diferencial.

El resultado es una escalada salarial que repercute en precios, inflación y pérdida de competitividad, afectando especialmente a los sectores más frágiles.

Como se vende

El Gobierno vende la medida como justicia social, pero el resultado será el contrario: más paro juvenil, más sustitución de personas por automatización y más desigualdad entre quienes pueden mantener su empleo y quienes quedarán fuera del mercado.

El verdadero camino hacia mejores salarios no pasa por decretos ni prohibiciones, sino por reformas estructurales que impulsen la productividad, reduzcan las trabas burocráticas y liberen recursos para que las empresas puedan crecer, innovar y pagar mejor.

En definitiva, cada vez que el Estado impone una subida del SMI sin criterio económico ni consenso empresarial, traslada su propia ineficiencia al tejido productivo.

Y cada vez que limita la capacidad de las empresas para adaptarse, debilita el empleo y ahonda el problema que dice querer solucionar.