La subida de las pensiones vuelve a ocupar titulares, y detrás, hacienda que se queda con buena parte de esta subida.

El Gobierno la presenta como una victoria social, un acto de justicia intergeneracional y una muestra de fortaleza del sistema público.

Sin embargo, tras el anuncio y los porcentajes, se esconde una realidad mucho menos amable para quienes sostienen el sistema con su trabajo y su actividad económica: Hacienda y la Seguridad Social absorben una parte creciente de ese aumento, trasladando el coste a autónomos, pymes y empresas mediante más cotizaciones, más impuestos y menos margen económico.

En otras palabras, la subida de las pensiones no es gratis. Y quienes pagan la cuenta no son solo “el Estado”, sino millones de profesionales que ya soportan una presión fiscal récord.

Una subida que no llega íntegra al pensionista. Hacienda se queda con buena parte de la subida de las pensiones

El relato oficial insiste en que las pensiones suben para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.

Y es cierto que, sobre el papel, los pensionistas ven incrementada su prestación.

Pero una parte relevante de ese aumento vuelve directamente a las arcas públicas en forma de IRPF, impuestos indirectos y pérdida de deducciones.

Cada euro adicional que percibe un pensionista no es un euro neto. En muchos casos:

• Se eleva el tipo efectivo del IRPF.
• Se pierde acceso a determinados mínimos o beneficios fiscales.
• Se incrementa la tributación conjunta en hogares con otros ingresos.

El resultado es que el Estado recupera una parte sustancial de lo que anuncia como subida, reduciendo su impacto real y maquillando el esfuerzo presupuestario.

El verdadero ajuste: cotizaciones y presión fiscal sobre los activos. Hacienda se queda con buena parte de la subida de las pensiones

Si el pensionista no recibe íntegramente la subida, alguien tiene que financiarla.

Y ahí aparece el verdadero núcleo del problema: el peso recae de forma creciente sobre trabajadores en activo, autónomos y empresas.

En los últimos años se han acumulado medidas que, bajo distintos nombres, persiguen el mismo objetivo: aumentar la recaudación para sostener el gasto en pensiones.

Entre ellas destacan:

• El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que incrementa las cotizaciones.
• El destope progresivo de las bases máximas de cotización.
• Nuevas cuotas de solidaridad para salarios altos.
• Incrementos continuados de las cuotas de autónomos.
• Mayor presión fiscal general para cubrir desequilibrios.

El mensaje implícito es claro: quien produce, paga.

Autónomos: doble castigo, menos red

Para los autónomos, el problema es especialmente grave.

No solo pagan más, sino que reciben menos protección real.

• Mientras se les exige:
• Cotizar más cada año.
• Adelantar impuestos.
• Asumir costes fijos incluso cuando no facturan.
• Soportar regularizaciones retroactivas.

El sistema sigue sin ofrecer:

• Un paro de autónomos verdaderamente accesible.
• Exenciones automáticas de cuotas en baja médica.
• Seguridad jurídica estable.
• Previsibilidad a medio plazo.

El resultado es una paradoja evidente: se pide solidaridad al colectivo más vulnerable del sistema productivo, pero se le devuelve incertidumbre y sobrecostes.

Empresas: más coste laboral, menos margen. Hacienda se queda con buena parte de la subida de las pensiones

En el caso de las empresas, especialmente pymes, el impacto es igualmente corrosivo.

La subida de cotizaciones no es neutra.

Afecta directamente a:

• El coste por trabajador.
• La capacidad de contratar.
• La competitividad frente a otros países.
• La inversión y el crecimiento.

Cada punto adicional de cotización es un freno al empleo.

Y sin embargo, el discurso político sigue ignorando el vínculo entre costes laborales y destrucción de oportunidades.

España ya se sitúa entre los países con mayor carga social sobre el empleo.

Lejos de corregir esa situación, las reformas recientes la agravan.

Una reforma de pensiones que no afronta el problema de fondo

El gran elefante en la habitación sigue sin abordarse: la sostenibilidad real del sistema de pensiones.

España envejece rápidamente.

La relación entre cotizantes y pensionistas se deteriora año tras año.

Aun así, la estrategia elegida no ha sido reformar el sistema, sino exprimir al máximo a la base productiva.

No se ha avanzado de forma decidida en:

• Incentivar el ahorro privado.
• Complementar el sistema público.
• Ajustar gradualmente parámetros como edad efectiva de jubilación.
• Vincular pensión a carrera real de cotización.

En lugar de eso, se ha optado por recaudar más hoy, aplazando el problema a mañana.

Hacienda gana… pero la economía se debilita

Desde el punto de vista recaudatorio, la estrategia funciona a corto plazo.

Hacienda ingresa más.

La Seguridad Social tapa agujeros.

El déficit se contiene temporalmente.

Pero el coste es elevado:

• Menor creación de empresas.
• Menor contratación.
• Menor productividad.
• Más economía sumergida.
• Más desafección del contribuyente.

Una economía no puede sostener indefinidamente un sistema donde los que trabajan sienten que cada esfuerzo adicional se castiga fiscalmente.

El riesgo de romper el contrato social. Hacienda se queda con buena parte de la subida de las pensiones

El sistema de pensiones se basa en un contrato implícito: los activos sostienen a los jubilados con la expectativa de recibir lo mismo en el futuro.

Pero ese contrato se resquebraja cuando:

• Las reglas cambian constantemente.
• La carga aumenta sin contraprestación.
• La seguridad jurídica desaparece.
• El discurso político demoniza al generador de riqueza.

Cada vez más autónomos y jóvenes trabajadores dudan de que el sistema les devuelva lo aportado.

Y cuando esa confianza se pierde, el sistema entero entra en crisis.

Un debate que se evita deliberadamente

Resulta llamativo que cualquier crítica a este modelo se etiquete automáticamente como “insolidaria”.

Sin embargo, no hay nada más irresponsable que sostener un sistema insostenible a base de subir impuestos.

El verdadero debate debería ser:

• ¿Qué pensiones podemos pagar de forma realista?
• ¿Cómo repartimos el esfuerzo sin asfixiar la economía?
• ¿Qué papel debe jugar el ahorro privado?
• ¿Cómo protegemos a los más vulnerables sin penalizar a los productivos?

Hoy, ese debate se esquiva.

Conclusión: subir pensiones sin reformar es pan para hoy y deuda para mañana. Hacienda se queda con buena parte de la subida de las pensiones

La subida de las pensiones puede ser necesaria y justa.

Pero financiarla principalmente a través de más impuestos y cotizaciones sobre autónomos y empresas es una estrategia miope.

Hacienda se queda con buena parte de ese aumento.

La Seguridad Social gana oxígeno.

Pero la economía pierde dinamismo, confianza y futuro.

Si no se corrige el rumbo, el precio no lo pagarán solo los autónomos de hoy, sino también los pensionistas de mañana.

Porque sin empresas, sin autónomos y sin empleo no hay pensiones que subir.