El gobierno se divide frente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2026 que vuelve a convertirse en uno de los principales focos de tensión política y económica.

Para 2026, el Gobierno ha decidido elevarlo hasta los 1.221 euros mensuales, un 3,1% más, fruto de un acuerdo exclusivo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, del que la patronal ha vuelto a descolgarse.

Sin embargo, el verdadero choque no está solo en la cifra, sino en la intención de Yolanda Díaz de impedir que las empresas puedan absorber esa subida mediante complementos salariales, una medida que ha encendido todas las alarmas… incluso dentro del propio Ejecutivo.

El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, se resiste abiertamente a esta ofensiva normativa.

Y no es casualidad.

Lo que está en juego no es solo una subida salarial más, sino un nuevo paso en la creciente rigidez del mercado laboral español, con efectos especialmente dañinos para autónomos, pymes y pequeños empleadores, que ya soportan una de las mayores cargas laborales de Europa.

Una subida pactada sin empresas… otra vez. El SMI sube en 2026… y el Gobierno se divide: Economía frena a Trabajo

El patrón se repite. El SMI vuelve a incrementarse sin acuerdo con la patronal.

La CEOE rechazó la propuesta y las contraprestaciones fiscales ofrecidas por el Gobierno, advirtiendo de que el impacto real del aumento no se mide solo en el salario neto del trabajador, sino en el sobrecoste total que asume el empleador.

Aun así, el Ministerio de Trabajo ha seguido adelante, reforzando un mensaje que ya se ha vuelto habitual: el diálogo social se limita a quienes avalan la agenda política del Ejecutivo.

El verdadero conflicto: prohibir la absorción de complementos

Hasta ahora, muchas empresas podían compensar las subidas del SMI ajustando complementos salariales ya existentes, siempre que el salario total respetara lo establecido en convenio y en la ley.

Esta práctica ha sido perfectamente legal durante décadas y ha permitido a miles de pymes adaptarse a subidas del SMI sin desajustes bruscos.

Pero Trabajo quiere acabar con ello.

Su plan pasa por aprobar un real decreto que impida a las empresas absorber el incremento del SMI con complementos salariales, obligándolas a sumar el aumento íntegro al coste laboral, incluso cuando el salario total ya supera el mínimo legal.

Aquí es donde salta la alarma… incluso dentro del Gobierno. El SMI sube en 2026… y el Gobierno se divide: Economía frena a Trabajo

Economía dice “cuidado”: impacto en pymes y seguridad jurídica

El Ministerio de Economía no oculta sus reservas.

Según fuentes del propio departamento, existen dos grandes preocupaciones:

El impacto directo sobre las pequeñas empresas, que tienen menos margen financiero para absorber incrementos rígidos de costes.

La debilidad jurídica del instrumento elegido, un real decreto, para modificar un elemento estructural del sistema salarial.

Economía considera que una medida de este calibre debería tramitarse como iniciativa legislativa, pasando por el Congreso y sometiéndose a un debate parlamentario completo.

No hacerlo abre la puerta a recursos judiciales y a una nueva etapa de inseguridad jurídica, algo especialmente dañino en un contexto de desaceleración económica.

La patronal avisa: batalla legal asegurada

La CEOE comparte plenamente este diagnóstico.

De hecho, ya ha advertido de que llevará la norma a los tribunales si se aprueba por vía reglamentaria.

Y no está sola.

Patronales territoriales como Foment del Treball han mostrado su rechazo frontal, conscientes de que la medida puede golpear con fuerza a sectores intensivos en mano de obra.

El precedente es claro: normas laborales aprobadas con prisas, sin consenso y con técnica jurídica débil terminan encalladas en los tribunales, generando años de incertidumbre para empresas y trabajadores.

El problema político: el Congreso no da los números. El SMI sube en 2026… y el Gobierno se divide: Economía frena a Trabajo

¿Por qué Trabajo insiste en el real decreto? La respuesta es política.

El Gobierno no tiene mayoría suficiente en el Congreso, y cualquier reforma laboral de calado depende del apoyo —o la abstención— de Junts. Y aquí el escenario se complica.

La influencia de Foment del Treball en el entorno de Carles Puigdemont es conocida. Ya ocurrió con la reducción de jornada.

Pasar por el Parlamento supondría abrir una negociación incierta, con riesgo real de bloqueo o de concesiones incómodas para el ala más intervencionista del Ejecutivo.

Resultado: se opta por el atajo normativo.

Retroactividad: otro coste oculto para las empresas

La subida del SMI tendrá además carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Esto obliga a miles de empresas a recalcular nóminas, cotizaciones y atrasos, con un coste administrativo que la patronal Asempleo cifra en 2,9 millones de euros solo por la gestión.

No es un detalle menor.

Para muchas pymes, el problema no es solo pagar más, sino gestionar cambios constantes en las reglas, rehacer cálculos, asumir sanciones potenciales y dedicar recursos a cumplir con una normativa cada vez más cambiante.

SMI sin IRPF… pero no sin coste. El SMI sube en 2026… y el Gobierno se divide: Economía frena a Trabajo

El Gobierno insiste en que el nuevo SMI seguirá sin tributar en el IRPF, gracias a una deducción específica comprometida por Hacienda.

Según Gestha, esto supondrá una merma recaudatoria de unos 200 millones de euros.

Pero ese “regalo fiscal” no sale de la nada.

Se compensa:

• Con más presión sobre empresas.
• Con mayores cotizaciones sociales.
• Con menos margen para contratar o subir salarios por productividad.

En otras palabras, se traslada el coste de una política social a quienes generan empleo, una constante cada vez más evidente.

El impacto real: menos contratación, más economía sumergida

Desde un punto de vista liberal, el problema no es subir salarios, sino desconectarlos de la realidad económica de cada empresa.

Cuando el salario mínimo sube de forma rígida y acumulativa:

• Se destruyen oportunidades de empleo poco cualificado.
• Se frena la contratación en sectores sensibles al coste laboral.
• Se incentiva la economía sumergida.
• Se penaliza a quien cumple la ley.

España ya lidera el paro estructural en Europa. Insistir en recetas que encarecen artificialmente el empleo no corrige el problema, lo agrava.

Un mercado laboral cada vez menos flexible. El SMI sube en 2026… y el Gobierno se divide: Economía frena a Trabajo

La prohibición de absorber complementos salariales supone otro paso hacia la rigidez total del sistema.

Se elimina margen de negociación interna, se uniformiza el coste laboral y se ignoran las diferencias entre sectores, territorios y tamaños de empresa.

Para un autónomo con dos empleados o una pyme con diez trabajadores, cada decisión del BOE pesa más que cualquier plan de negocio.

Y esa dependencia regulatoria es incompatible con un modelo económico dinámico.

Conclusión: más intervencionismo, más riesgo. El SMI sube en 2026… y el Gobierno se divide: Economía frena a Trabajo

La división interna del Gobierno es reveladora. Incluso dentro del Ejecutivo hay conciencia de que se está cruzando una línea peligrosa: legislar salarios por decreto, sin consenso, sin seguridad jurídica y sin tener en cuenta el impacto real sobre quienes crean empleo.

Subir el SMI puede ser legítimo. Impedir cualquier mecanismo de adaptación empresarial no lo es.

Si la medida sale adelante como pretende el Ministerio de Trabajo, España se enfrentará a:

• Más litigios.
• Más incertidumbre.
• Más freno a la contratación.

Más distancia entre el discurso político y la realidad de pymes y autónomos.

Y, una vez más, el coste no lo pagará el Estado, sino quien cada mes intenta cuadrar una nómina.