El 1 de enero de 2026, todas las empresas españolas, ahora solo el 7% cumple, deberán haber dispuesto de manera operativa su sistema de facturación según Verifactu, el nuevo “apagón fiscal” impulsado por Hacienda.

Se trata de una revolución digital que pretende erradicar el fraude tributario desde su raíz, pero que llega con poco margen y mucha presión: solo el 7 % de las compañías están listas, y el resto enfrentan sanciones de hasta 150 000 € por factura emitida que incumpla la norma.

El mensaje de Hacienda es rotundo: «no habrá prórrogas».

En este artículo explicamos qué implica Verifactu, por qué gran parte del tejido empresarial (sobre todo pymes y micropymes) está en riesgo, cómo encaja esta medida dentro de la Ley Antifraude y la digitalización europea, y qué alternativas existen para evitar un colapso masivo.

¿Qué es Verifactu y por qué viene el “apagón fiscal”?  solo el 7% de las Empresas cumple

Verifactu es la nueva plataforma impulsada por Hacienda como parte de la Ley Antifraude, que exigirá, desde el 1 de enero de 2026, que todas las facturas incluyan un QR, huella digital, firma electrónica y fichero XML-VERI.

Ya en julio de 2025 entrará en fase obligatoria para compañías de más de 1 millón de euros en ingresos (aquellos con SII), pero el sistema se extenderá al resto en 2026.

El objetivo: asegurar que cada factura emitida se registre al instante en la Agencia Tributaria, eliminando la emisión en B, facturas falsas o manipulación posterior.

Solo el 7% de las empresas cumple, está preparado

Según los datos de Hacienda y consultoras, solo el 7 % de las empresas ya tienen sistemas homologados por el Ministerio para emitir facturas digitales compatibles con Verifactu.

El 93 % restante, compuesto en su mayoría por pymes y autónomos, aún debe invertir en software certificado, adaptar procesos contables y capacitar a su personal.

Las consultoras alertan de que esta transición exige cambios complejos: actualización de ERPs, integración de firma electrónica y ajuste del envío automático a Hacienda.

Muchos se enfrentan a un gran esfuerzo técnico y económico en muy poco tiempo.

El riesgo económico: sanciones de hasta 150 000 €

La Ley General Tributaria contempla sanciones muy elevadas por no cumplir con un sistema de facturación registrado:

• Multas de hasta 150 000 € por cada factura ou documento incorrecto en casos graves.
• Infracciones menores, como falta de emisión o conservación, con sanciones del 0,5% o entre 300–6.000 € por factura o trimestre de trámite.

Hacienda advierte: si el sistema no está operativo, las empresas quedarán fuera de la legalidad fiscal y sin posibilidad de operar legalmente.

El contexto de la Ley Antifraude

Aprobada en 2021, empezó a aplicarse en 2023 para empresas grandes y del SII, y ahora se extiende tras dos años de “periodo de gracia”.

Pierre europeos impulsan una factura electrónica obligatoria en todos los países, y España busca consolidar posición con Verifactu.

Este cambio se encuadra en una tendencia global, como demuestra la nueva legislación europea sobre inteligencia artificial: un enfoque que “desregula regulando” para impulsar control tecnológico.

Pymes en la cuerda floja, solo el 7% de las Empresas cumple

Las pymes y micropymes se enfrentan a:

• Desconocimiento: muchas aún ignoran la obligatoriedad o subestiman el plazo.
• Coste de software: deben adquirir sistemas homologados costosos y realizar formación adicional.
• Esfuerzo técnico: adaptación de contabilidad, integración digital, y ajustes operativos en la cadena de facturación.
• Riesgo empresarial: incumplir el plazo puede impedir emitir facturas válidas, interrumpir operaciones y generar sanciones elevadas.

Las patronales advierten de un riesgo real de destrucción de empresas pequeñas, solo por no tramitar facturas digitalmente.

Comparativa internacional

Muchos países europeos implementan facturación electrónica obligatoria, pero con transiciones más largas y menos sanciones por incumplimiento.

Verifactu supone un golpe de efecto: España avanza rápido, pero sin plazo flexible, aumentando la incertidumbre en las pymes.

Por ejemplo, Italia y Bélgica aplican sistemas similares con plazos escalonados y pilotajes para empresas medianas.

Propuestas para evitar el caos

Expertos y asociaciones plantean varias soluciones:

• Ampliar plazos para pymes: proponer una prórroga específica hasta julio o diciembre de 2026.
• Bonificaciones y ayudas: subvencionar software homologado y asesoría técnica.
• Fase de adaptación progresiva: permitir facturas provisionales hasta completar la integración técnica.
• Campañas informativas: intensa formación, guías y jornadas divulgativas antes del final de 2025.
• Registro de excepciones por techos bajos: micropymes con facturación <150 000 € podrían tener un aplazamiento de seis meses.

Estas medidas ayudarían a asimilar el sistema sin interrupciones.

El lado oscuro del «todo digital», solo el 7% de las Empresas cumple

El ‘apagón fiscal’ puede traer ventajas en la lucha contra el fraude, pero también:

• Brecha digital: empresas del medio rural o sin departamentos contables sufrirán más.
• Mayor dependencia tecnológica: obliga a comprar software costoso y firmar con terceros.
• Monitorización exhaustiva: Hacienda obtendrá visibilidad completa de cada factura en tiempo real, lo que levanta debates sobre privacidad y vigilancia.

Así, una mejora operativa puede transformarse en obstáculo competitivo o creación de oligopolios tecnológicos.

Conclusión Empresas al borde del colapso: solo el 7 % cumple el ‘apagón fiscal’ y Hacienda avisa con multas de 150 000 €

Verifactu es una oportunidad histórica para eliminar el fraude fiscal a través de la tecnología.

Sin embargo, la implementación es precipitada: menos del 10 % de las empresas está preparada, el coste y el componente técnico son elevados, y las sanciones son desproporcionadas.

La situación coloca a miles de empresas—en su mayoría pequeñas—al borde de un “apagón” real, perdiendo capacidad para facturar y operar.

Si Hacienda no ofrece flexibilidad, ayudas y formación antes del 1 de enero de 2026, el sistema corre el riesgo de generar un fallo masivo en la economía.

La digitalización fiscal debe ser justa, sostenible y sensible a las capacidades reales de las compañías.

De lo contrario, el apagón deja de ser preventivo y se convierte en un apagón empresarial que puede costar miles de empleos.

    El paso hacia la factura electrónica es ineludible. Pero que no se convierta en un corte masivo para las empresas: la modernidad fiscal debe estar guiada por el sentido común, no solo por la urgencia digital.