España carga el coste del Estado del Bienestar sobre las empresas: el 25,9% de la recaudación ya sale de las cotizaciones empresariales.

España se ha convertido en uno de los países donde más pesa el coste laboral sobre las empresas dentro del mundo desarrollado.

Según el informe Estadística de Ingresos 2025 de la OCDE, correspondiente al cierre de 2024, las cotizaciones sociales que pagan las empresas a la Seguridad Social ya representan el 25,9% del total de la recaudación del Estado.

Este dato sitúa a nuestro país como el tercer Estado de toda la OCDE donde más aportan las empresas vía cotizaciones, solo por detrás de Estonia (32,6%) y República Checa (28%).

Un salto significativo si se tiene en cuenta que hace apenas una década España ocupaba el sexto puesto y que este ascenso no se debe al crecimiento empresarial, sino a una decisión política consciente de trasladar el coste del sistema de pensiones y del gasto social a las compañías.

Para autónomos, pymes y emprendedores, este dato no es una estadística más: es la explicación numérica de por qué contratar es cada vez más caro, por qué los márgenes se estrechan y por qué crear empleo en España se ha convertido en una actividad de alto riesgo regulatorio y financiero.

Un cambio estructural: del sexto al tercer puesto en solo diez años. España carga el coste del Estado del Bienestar sobre las empresas

El informe de la OCDE deja claro que España no está donde está por casualidad.

Desde 2015, nuestro país ha sido el tercero de toda la OCDE que más ha incrementado el peso de las cotizaciones empresariales sobre la recaudación, con un aumento de 1,7 puntos porcentuales, solo superado por Portugal y Corea del Sur.

Este incremento coincide en el tiempo con el despliegue de la reforma del sistema de pensiones impulsada por el exministro José Luis Escrivá, una reforma que, lejos de abordar el problema de sostenibilidad estructural del sistema, optó por incrementar de forma progresiva la carga sobre las empresas.

El mensaje implícito ha sido claro:

el aumento del gasto público en pensiones se financia, en gran medida, encareciendo el empleo.

Cotizaciones empresariales: el impuesto que no se llama impuesto. España carga el coste del Estado del Bienestar sobre las empresas

Formalmente, las cotizaciones sociales no se consideran impuestos y no las recauda la Agencia Tributaria, sino la Seguridad Social.

Pero desde el punto de vista económico y empresarial, son un impuesto sobre el empleo:

Son obligatorias.

• No dependen de beneficios, sino de tener trabajadores.
• Se pagan incluso cuando la empresa pierde dinero.

Y en España, ese “impuesto oculto” ha alcanzado niveles especialmente gravosos para el tejido productivo, dominado por microempresas y autónomos con pocos empleados.

Que uno de cada cuatro euros que recauda el Estado proceda directamente de las cotizaciones que pagan las empresas es una señal inequívoca de que el sistema penaliza la creación de empleo como vía principal de financiación pública.

Mientras tanto, el esfuerzo de los trabajadores apenas crece

Uno de los aspectos más reveladores del informe de la OCDE es la asimetría en el reparto del esfuerzo.

Mientras que en la mayoría de países desarrollados se ha optado por incrementar la aportación de los trabajadores, en España ha ocurrido lo contrario.

El peso de las cotizaciones de los trabajadores sobre el total de la recaudación solo ha aumentado 0,2 puntos en diez años, hasta situarse en el 5,3%.

España es, de hecho, uno de los países con menor aportación de los empleados al conjunto de ingresos fiscales.

Incluso con la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) —que grava tanto a empresas como a trabajadores para rellenar la llamada “hucha de las pensiones”— el grueso del ajuste sigue recayendo sobre las compañías.

El resultado es un modelo fiscal y laboral claramente desequilibrado, donde el coste de sostener el sistema se concentra en quienes contratan, producen y generan empleo.

Uno de cada tres euros del Estado ya sale de cotizaciones sociales. España carga el coste del Estado del Bienestar sobre las empresas

Si se observa el conjunto del sistema, el dato es aún más contundente:

• Las cotizaciones sociales representan ya el 34,6% del total de los ingresos del Estado en España.
• La media de la OCDE es del 25,5%.

Es decir, España financia su Estado del Bienestar mucho más a través del empleo que el resto de economías avanzadas.

Y dentro de ese bloque, la parte empresarial es claramente dominante.

Desde una perspectiva liberal, este modelo plantea un problema de fondo: se grava el factor trabajo de forma intensiva en un país con alto paro estructural y baja productividad media.

Un cóctel que desincentiva la contratación y favorece la precariedad y la economía sumergida.

El impacto real en autónomos y pymes

Las grandes empresas pueden absorber mejor este tipo de cargas. Disponen de:

• Economías de escala.
• Departamentos financieros y jurídicos.
• Capacidad para automatizar procesos o deslocalizar parte de la actividad.

Pero el 95% del tejido empresarial español está formado por pymes y microempresas, muchas de ellas gestionadas por autónomos que:

• Tienen uno o dos empleados.
• Operan con márgenes reducidos.
• No pueden repercutir fácilmente los costes en precios.

Para estos negocios, cada incremento de cotizaciones es un golpe directo a la viabilidad.

No solo encarece contratar, sino que reduce la capacidad de crecer, invertir o incluso sobrevivir.

Cotizaciones y PIB: una economía cada vez más presionada. España carga el coste del Estado del Bienestar sobre las empresas

Si se analiza el dato en relación con el tamaño de la economía, el diagnóstico se confirma.

Las cotizaciones sociales en España ya suponen el 12,7% del PIB, frente al 11,3% hace una década.

De ese porcentaje:

9,5 puntos corresponden exclusivamente a cotizaciones empresariales.

Es cierto que países como Alemania o Francia presentan cifras agregadas superiores (14,9% y 14,7%), pero con una diferencia clave: sus estructuras productivas, su productividad y su tamaño medio empresarial no son comparables al caso español.

Aplicar niveles de presión similares sobre un tejido empresarial mucho más frágil es una receta segura para frenar el crecimiento y cronificar los problemas del mercado laboral.

El argumento del Gobierno… y sus límites

Desde el Ejecutivo se defiende que este modelo es necesario para garantizar el pago de las pensiones públicas y la sostenibilidad del sistema.

Y es cierto que la OCDE constata que, entre 2023 y 2024, 26 de los 36 países analizados aumentaron las cotizaciones sociales y 28 incrementaron la presión sobre el IRPF.

Pero el problema no es solo que se recaude más, sino cómo y a quién se le exige el esfuerzo.

En España, la estrategia ha sido clara:

• No tocar de forma significativa la aportación de los trabajadores.
• No reformar en profundidad el gasto.
• Cargar el ajuste sobre las empresas y el empleo.

Desde una óptica liberal, este enfoque es cortoplacista y peligroso: si penalizas la creación de empleo, acabas erosionando la base que sostiene todo el sistema.

Efectos colaterales: menos empleo, menos inversión. España carga el coste del Estado del Bienestar sobre las empresas

La evidencia empírica es clara: cuando el coste laboral no salarial es elevado, las empresas reaccionan de varias maneras:

• Retrasan contrataciones.
• Sustituyen empleo por automatización.
• Externalizan servicios.
• Optan por fórmulas más precarias o temporales.

Todo ello tiene un impacto directo en:

• La calidad del empleo.
• La estabilidad laboral.
• El crecimiento a largo plazo.

España ya sufre una tasa de paro estructural elevada.

Seguir encareciendo el empleo no es una política neutral: es una decisión que condiciona el futuro del mercado laboral.

¿Un sistema sostenible o una huida hacia delante?

El debate de fondo no es técnico, sino político y económico:

¿Es sostenible financiar el envejecimiento de la población cargando cada vez más el coste sobre las empresas?

Para los autónomos y emprendedores, la respuesta práctica es clara: cada nueva subida de cotizaciones reduce incentivos para contratar y crecer. Y sin crecimiento empresarial, no hay empleo, no hay salarios y no hay recaudación futura.

Una alternativa liberal: repartir mejor el esfuerzo

Desde Mundoemprende, defendemos que la sostenibilidad del sistema pasa por un enfoque distinto:

Repartir de forma más equilibrada el esfuerzo entre empresas, trabajadores y Estado.

• Incentivar el empleo, no penalizarlo.
• Abordar reformas estructurales del gasto público.
• Apostar por crecimiento, productividad y base empresarial sólida.

Las cotizaciones no pueden seguir siendo el comodín fiscal cada vez que el gasto aumenta.

Conclusión: el empleo como cajero automático del Estado. España carga el coste del Estado del Bienestar sobre las empresas

Que España sea ya el tercer país de la OCDE donde más aportan las empresas vía cotizaciones sociales no es un motivo de orgullo.

Es una señal de alerta.

Para autónomos, pymes y emprendedores, este modelo significa:

• Más costes fijos.
• Menos margen.
• Más riesgo al contratar.

Un país que castiga al que crea empleo acaba condenándose a crecer menos, a recaudar menos a largo plazo y a depender cada vez más de parches fiscales.

Si España quiere un mercado laboral dinámico, competitivo y capaz de sostener su Estado del Bienestar, no puede seguir exprimiendo a las empresas como principal fuente de financiación.

Porque cuando el empleo se convierte en el impuesto más caro, el crecimiento deja de ser una opción y pasa a ser un problema.