A partir del 3 de febrero de 2025, Hacienda refuerza el control de las sociedades, todas las mercantiles en España estarán obligadas a proporcionar a la Agencia Tributaria información detallada sobre sus accionistas y beneficiarios reales.

Esta medida, que se implementará a través del Modelo 036, forma parte de una estrategia más amplia para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, alineándose con las directrices europeas en materia de transparencia financiera.

Hacienda refuerza el control de las sociedades

Detalles de la nueva obligación

La Agencia Tributaria ha establecido que, a partir del 3 de febrero de 2025, las sociedades deberán informar sobre los titulares reales de las acciones o participaciones de la empresa.

Esta obligación se activará en los siguientes supuestos:

• Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores: Al constituirse una nueva sociedad, será necesario declarar la identidad de los accionistas y beneficiarios reales.
• Modificaciones censales: Cualquier cambio en la estructura accionarial, como la entrada o salida de socios, deberá ser comunicado.
• Baja en el censo: Al disolverse la sociedad, se requerirá informar sobre la situación de los accionistas en ese momento.

La información a proporcionar incluirá datos personales como nombre completo, DNI o NIE, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y porcentaje de participación en el capital social.

Esta medida busca identificar a las personas físicas que, de manera directa o indirecta, poseen o controlan más del 25% del capital o de los derechos de voto de la sociedad, o que, por otros medios, ejercen control sobre la misma.

Contexto normativo y objetivos, Hacienda refuerza el control de las sociedades

Esta iniciativa se enmarca en la Ley 10/2020, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que transpone la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El objetivo principal es incrementar la transparencia en la titularidad de las sociedades, dificultando así prácticas ilícitas como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.

La Unión Europea ha instado a sus Estados miembros a establecer registros centrales de titularidades reales accesibles a las autoridades competentes y a las entidades obligadas, como bancos y notarios, para facilitar la identificación de los beneficiarios finales de las estructuras societarias.

España, en cumplimiento de estas directrices, ha adoptado medidas para reforzar el control sobre las sociedades mercantiles y sus accionistas.

Procedimiento de presentación

Las sociedades deberán utilizar el Modelo 036 para cumplir con esta obligación.

Este modelo, tradicionalmente empleado para la declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, ha sido adaptado para incluir apartados específicos donde se detallará la información relativa a los accionistas y beneficiarios reales.

La presentación se realizará de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, siendo necesario disponer de un certificado digital válido.

Es importante destacar que la responsabilidad de la veracidad y exactitud de los datos recae en los representantes legales de la sociedad, quienes deberán asegurarse de que la información proporcionada esté actualizada y sea completa.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de esta obligación puede conllevar sanciones significativas.

Según la normativa vigente, no informar, hacerlo fuera de plazo o proporcionar datos incorrectos puede ser considerado una infracción tributaria grave, con multas que pueden oscilar entre los 300 y los 20.000 euros, dependiendo de la gravedad y reiteración de la infracción.

Además, la falta de transparencia en la titularidad real puede derivar en una mayor vigilancia por parte de las autoridades fiscales y financieras, incrementando el riesgo de auditorías y otras acciones de control.

Impacto en las empresas y recomendaciones

Esta nueva obligación implica que las sociedades deberán mantener un registro actualizado de sus accionistas y beneficiarios reales, lo que puede suponer una carga administrativa adicional, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Es recomendable que las sociedades adopten las siguientes medidas para cumplir con la normativa:

• Actualización de registros internos: Mantener una base de datos actualizada con la información requerida de todos los accionistas y beneficiarios reales.
• Procedimientos internos de control: Establecer protocolos para la recopilación y verificación de la información de los accionistas, asegurando su exactitud y veracidad.
• Asesoramiento profesional: Consultar con asesores fiscales y legales para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar posibles sanciones.

Comparativa internacional

La obligación de informar sobre los beneficiarios reales no es exclusiva de España.

Países como Alemania, Francia y el Reino Unido han implementado medidas similares en cumplimiento de las directivas europeas.

Por ejemplo, en el Reino Unido, el registro de Personas con Control Significativo (PSC) exige a las empresas identificar y registrar a las personas que poseen o controlan más del 25% de las acciones o derechos de voto.

Estas medidas buscan armonizar la transparencia financiera en toda la Unión Europea, facilitando la cooperación entre Estados miembros en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales.

Perspectivas futuras, Hacienda refuerza el control de las sociedades

La implementación de esta obligación representa un paso más en la estrategia de la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre las estructuras societarias y garantizar la transparencia en las operaciones financieras.

Se espera que, con el tiempo, estas medidas contribuyan a una reducción significativa de las prácticas ilícitas y a una mayor confianza en el sistema económico español.

Además, es previsible que la Agencia Tributaria continúe desarrollando herramientas y procedimientos para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de las empresas, promoviendo la digitalización y simplificación de los trámites administrativos.

Conclusión Hacienda refuerza el control: las sociedades deberán informar sobre sus accionistas a partir de febrero de 2025

La implementación de la obligación para que las sociedades informen a la Agencia Tributaria sobre sus accionistas y beneficiarios reales a partir de febrero de 2025 representa un avance significativo en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en España.

Esta medida, en consonancia con las directrices europeas, busca incrementar la transparencia y garantizar un control más efectivo sobre las estructuras societarias.

Sin embargo, es fundamental considerar el impacto que esta nueva exigencia tendrá sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen una parte esencial del tejido económico español.

La carga administrativa adicional podría suponer un desafío para estas entidades, especialmente en un contexto donde ya enfrentan múltiples obligaciones fiscales y burocráticas.

Por ello, sería recomendable que la Agencia Tributaria y las autoridades competentes proporcionen herramientas y recursos que faciliten el cumplimiento de esta normativa, minimizando así posibles efectos negativos sobre la operatividad de las pymes.

Además, es crucial que esta medida se implemente con una comunicación clara y efectiva, asegurando que todas las sociedades comprendan sus obligaciones y los procedimientos a seguir.

La transparencia y la colaboración entre las autoridades fiscales y el sector empresarial serán determinantes para el éxito de esta iniciativa y para fortalecer la confianza en el sistema tributario español.