A partir de enero de 2025, el Gobierno de España pondrá en marcha una serie de cargas, medidas fiscales destinadas a garantizar y sostener el sistema de pensiones, especialmente ante la jubilación masiva de la generación del ‘baby boom’.

Estas medidas incluyen incrementos en las cotizaciones sociales, la introducción de una ‘cuota de solidaridad’ para los salarios más altos y ajustes en las bases máximas de cotización.

Si bien el objetivo es fortalecer el fondo de pensiones, estas políticas han generado debate sobre su impacto en el tejido empresarial y en los trabajadores con mayores ingresos.

El Gobierno español implementa nuevas cargas fiscales para sostener las pensiones

Incremento de las cotizaciones sociales

Una de las principales medidas es el aumento de las cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Este mecanismo, que se aplicará a todas las nóminas sin distinción de nivel salarial, implicará una cotización adicional del 0,8% sobre la base de cotización.

Para los empleados por cuenta ajena, este porcentaje se distribuirá en un 0,67% a cargo del empleador y un 0,13% a cargo del trabajador.

En el caso de los autónomos, el 0,8% será asumido íntegramente por ellos.

El objetivo del MEI es incrementar los ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la ‘hucha de las pensiones’, para afrontar las demandas del sistema derivadas del envejecimiento poblacional.

‘Cuota de solidaridad’ para salarios altos

Además del MEI, se introduce la denominada ‘cuota de solidaridad’, dirigida a los salarios que superan la base máxima de cotización a la Seguridad Social, que en 2024 se sitúa en 56.646 euros anuales y se espera que en 2025 alcance aproximadamente los 59.000 euros.

Esta cuota se aplicará de manera progresiva entre 2025 y 2045, afectando únicamente a la parte del salario que exceda dicho límite y no generará derechos adicionales en la pensión, actuando en la práctica como un impuesto.

La distribución de la ‘cuota de solidaridad’ para 2025 será la siguiente:

• 0,92% para la franja de ingresos entre la base máxima y un 10% por encima de esta.
• 1% para ingresos entre un 10% y un 50% por encima de la base máxima.
• 1,17% para ingresos que superen en más del 50% la base máxima.

Esta medida busca aumentar la recaudación para el sistema de pensiones sin incrementar los derechos de prestación correspondientes.

Ajustes en las bases máximas de cotización

Las bases máximas de cotización también experimentarán incrementos.

Para 2025, la base máxima se fijará en 4.909,50 euros mensuales, lo que implica que los trabajadores y empleadores deberán ajustar sus aportaciones en función de estos nuevos límites, impactando directamente en los costes laborales.

Este ajuste forma parte de una estrategia a largo plazo que prevé incrementos acumulados en las bases máximas de cotización hasta 2050, con el objetivo de reforzar la financiación del sistema de pensiones.

Impacto en empresas y trabajadores de nuevas cargas fiscales para sostener las pensiones

Estas medidas tendrán un impacto significativo en las empresas y en los trabajadores con salarios más elevados:

• Empresas: El aumento de las cotizaciones incrementará los costes laborales, lo que podría afectar la competitividad y las decisiones de contratación, especialmente en sectores con alta remuneración.
• Trabajadores: Los empleados con salarios superiores a la base máxima verán reducidos sus ingresos netos debido a la ‘cuota de solidaridad’, sin que ello se traduzca en mayores prestaciones futuras.

Además, estas medidas podrían desincentivar la atracción y retención de talento altamente cualificado, afectando la productividad y la innovación en el mercado laboral español.

Contexto demográfico y sostenibilidad del sistema de pensiones

España enfrenta un desafío demográfico significativo con el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del ‘baby boom’.

Se estima que la población de más de 65 años seguirá aumentando, lo que pone presión en el sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Para combatir esto, el Gobierno implementará una reforma elevando la edad de jubilación a partir de enero de 2025 y creando mecanismos como el MEI para aumentar las contribuciones de empresas y trabajadores.

Sin embargo, estas medidas generan incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Reacciones y opiniones sobre las nuevas cargas fiscales para sostener las pensiones

Las nuevas medidas han suscitado diversas reacciones:

• Consejo General de Economistas (CGE): Ha criticado los nuevos impuestos sectoriales a la banca y las grandes energéticas, considerándolos carentes de un fundamento económico claro y motivados por decisiones políticas. Además, señalan que estos gravámenes generan inseguridad jurídica e incertidumbre al aprobarse de forma fragmentada y apresurada.
• Organizaciones empresariales: Expresan preocupación por el incremento de los costes laborales y su posible impacto en la competitividad y en la creación de empleo.
• Sindicatos: Aunque reconocen la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, algunos consideran que las medidas podrían afectar negativamente a los trabajadores con salarios más altos y abogan por una reforma más equitativa.

Conclusión El Gobierno español implementa nuevas cargas fiscales para sostener las pensiones: impacto en salarios y empresas

El incremento de las cotizaciones sociales, a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), y la introducción de la ‘cuota de solidaridad’ para los salarios más altos, aunque buscan reforzar el fondo de pensiones, podrían tener efectos contraproducentes en la economía.

Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), el aumento de los costes laborales puede traducirse en una menor capacidad para contratar y retener talento, afectando su competitividad y potencial de crecimiento.

Los trabajadores con salarios elevados verán reducidos sus ingresos netos sin que ello se refleje en mayores prestaciones futuras, lo que podría desincentivar la productividad y la motivación.

Además, estas medidas podrían generar una mayor carga administrativa y financiera en un contexto económico ya desafiante, exacerbando las dificultades para las empresas y los trabajadores.

Es fundamental que el Gobierno considere estos posibles efectos adversos y explore soluciones que equilibren la necesidad de financiar el sistema de pensiones con el mantenimiento de un entorno económico dinámico y competitivo.

La implementación de políticas complementarias que apoyen a las empresas y protejan el poder adquisitivo de los trabajadores será esencial para mitigar los impactos negativos y asegurar una transición equilibrada hacia el nuevo marco fiscal.