En el contexto de la campaña de la Renta 2025, el debate sobre la progresividad fiscal en España ha cobrado fuerza.

La progresividad fiscal, principio que establece que quienes más ganan deben contribuir en mayor proporción al sostenimiento del Estado, es una piedra angular del sistema tributario español.

Sin embargo, voces críticas argumentan que, en su aplicación actual, puede derivar en una carga fiscal desproporcionada para ciertos contribuyentes.

Progresividad fiscal en España

¿Qué es la progresividad fiscal?

La progresividad fiscal implica que el porcentaje de impuestos pagados aumenta con la capacidad económica del contribuyente.

En España, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el principal tributo que aplica este principio.

Los tramos del IRPF para 2025 son los siguientes:

• Hasta 12.450 euros: 19%
• De 12.450 a 20.200 euros: 24%
• De 20.200 a 35.200 euros: 30%
• De 35.200 a 60.000 euros: 37%
• De 60.000 a 300.000 euros: 45%
• Más de 300.000 euros: 47%

Estos porcentajes combinan los tipos estatal y autonómico.

Argumentos a favor de la progresividad fiscal en España

Los defensores de la progresividad fiscal sostienen que es un mecanismo esencial para reducir las desigualdades sociales y garantizar la financiación de servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones.

Además, argumentan que quienes tienen mayores ingresos se benefician más de la estabilidad y las infraestructuras proporcionadas por el Estado, por lo que deben contribuir en mayor medida.

Críticas a la progresividad actual

Sin embargo, algunos expertos y contribuyentes consideran que la progresividad fiscal en España ha alcanzado niveles excesivos.

Según un análisis publicado en La Razón, una persona con ingresos de 200.000 euros anuales paga 74.415 euros en IRPF, mientras que alguien que gana 20.000 euros paga 2.213 euros.

Esto significa que, aunque el primero gana diez veces más, paga 33 veces más en impuestos, lo que algunos califican de desproporcionado y potencialmente desincentivador para la inversión y el esfuerzo.

Efectos económicos y sociales

Una carga fiscal elevada sobre las rentas altas puede tener efectos negativos en la economía, como la fuga de capitales, la deslocalización de empresas o la reducción de la inversión.

Además, puede generar una percepción de injusticia fiscal si se considera que el sistema penaliza el éxito económico.

Por otro lado, una progresividad bien diseñada puede contribuir a una sociedad más equitativa y cohesionada.

Comparación internacional con la progresividad fiscal en España

En comparación con otros países de la Unión Europea, España presenta una presión fiscal media, pero con una estructura que recae en mayor medida sobre las rentas del trabajo y el consumo.

Mientras que en países como Alemania o Francia se recaudan más ingresos a través de impuestos sobre el capital y el patrimonio, en España estos tributos tienen un peso menor.

Propuestas de reforma

Ante este panorama, se han planteado diversas propuestas para reformar el sistema fiscal español:

• Reducir los tipos marginales del IRPF para las rentas más altas, evitando efectos confiscatorios.
• Ampliar la base imponible, eliminando deducciones y exenciones que benefician a determinados colectivos.
• Aumentar la tributación sobre el capital y el patrimonio, para equilibrar la carga fiscal.
• Mejorar la eficiencia del gasto público, asegurando que los impuestos se traduzcan en servicios de calidad.

Conclusión Progresividad fiscal en España: ¿justicia redistributiva o carga excesiva?

La progresividad fiscal es un principio fundamental para lograr una sociedad más justa y equitativa.

Sin embargo, su aplicación debe ser equilibrada, evitando cargas excesivas que puedan desincentivar la actividad económica y generar percepciones de injusticia.

Es necesario un debate sereno y riguroso sobre el diseño del sistema tributario español, que tenga en cuenta tanto la necesidad de financiar los servicios públicos como la importancia de fomentar el crecimiento económico y la inversión.

Solo así se podrá construir un modelo fiscal sostenible y aceptado por la mayoría de los ciudadanos.