El rechazo del Congreso a la propuesta estrella del Gobierno para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas dejó un hueco táctico que la ministra Yolanda Díaz parece dispuesta a llenar con una respuesta normativa: el registro horario reforzado.

Según lo difundido, el Ejecutivo aprobará este martes un decreto para endurecer las obligaciones de control del tiempo de trabajo, aunque la reforma integral de la jornada quedó bloqueada.

Esta maniobra despierta inquietudes y controversias: mientras el Gobierno afirma defender derechos laborales, la patronal advierte que se trata de una represalia que ampliará costos y cargas para las empresas.

Este artículo examina con detalle la medida que se aprueba, qué implica para trabajadores y empresas, cómo encaja en el contexto de la reforma laboral paralizada y qué riesgos plantea para la gobernabilidad y el mercado laboral.

Qué propone el nuevo decreto de registro horario, ¿es el registro horario la respuesta al varapalo de la reducción laboral?

El proyecto que llegará al Consejo de Ministros este martes establece los siguientes puntos clave:

• La obligación de que cada empleado registre digitalmente su entrada, salida y pausas, en tiempo real, con criterios de objetividad, trazabilidad y fiabilidad.
• Que los registros incluyan una distinción clara entre trabajo efectivo, disponibilidad, horas extraordinarias u otras interrupciones.
• Que las empresas conserven esos registros durante al menos cuatro años y los pongan a disposición de los trabajadores, de la representación laboral y de Inspección de Trabajo.
• Que se entregue un resumen mensual junto a la nómina con el total de horas del mes.
• Que el Gobierno defina sanciones más estrictas: en lugar de penalizar a la empresa como entidad, se contemplan sanciones por trabajador incumplido, lo que multiplica el posible impacto económico.
• Que el registro cree presunción de veracidad del registro aportado por el empleado, invirtiendo la carga de la prueba hacia el empresario en caso de discrepancias.

De aprobarse por decreto —sin pasar por el Congreso—, esta medida sería un camino legalmente más expedito que enfrentar de nuevo el bloque parlamentario que tumbó la reducción de jornada.

Registro horario: contexto legal, antecedentes y razones

Antecedentes legales y proyecto anterior

Desde 2019 existe ya una obligación legal de que las empresas registren la jornada de sus trabajadores, aunque con vaguedades normativas que han permitido interpretaciones laxas.

El proyecto de ley de reducción de jornada que el Gobierno presentó incluía un artículo nuevo en el Estatuto de los Trabajadores (el artículo 34 bis) para garantizar un registro digital más riguroso, interoperable con Inspección, con exigencia de que cada trabajador asiente personalmente su jornada.

Pero el Congreso rechazó esa ley en su conjunto.

Con el rechazo parlamentario, el Gobierno decidió “separar” ese apartado del registro horario para aprobarlo por decreto, al no necesitar amplia votación legislativa.

Razones esgrimidas por el Gobierno, ¿es el registro horario la respuesta al varapalo de la reducción laboral?

La existencia de un fraude masivo de horas extra no remuneradas, estimado en más de 2,6 millones semanalmente, según datos del Ministerio.

La necesidad de defender a la clase trabajadora mediante un control riguroso del tiempo de trabajo efectivo.

La urgencia tras verse bloqueado el proyecto de reducción de jornada: el registro aparece como “pieza clave” que no requiere esperar al consenso político.

La conveniencia de garantizar transparencia y control en un mercado laboral donde las horas extra ocultas erosionan salarios y cotizaciones.

Las críticas desde la patronal y los riesgos para las empresas

La reacción empresarial ha sido inmediata y enérgica:

• Las PYMEs alertan sobre el coste burocrático: implementar sistemas digitales de registro fiable implica inversión en tecnología, formación, mantenimiento y supervisión interna.
• El cambio de régimen sancionador —multar individualmente por trabajador en lugar de a la empresa— multiplicará el riesgo económico.
• La carga de la prueba invertida: si el registro del trabajador se presume veraz, recae sobre la empresa demostrar lo contrario.
• Algunas empresas advierten que esta medida es más una “venganza política” que una propuesta razonada; la llaman represalia normativa por el rechazo parlamentario al paquete de reformas principal.
• Se teme que la medida genere litigios masivos y aumente la inseguridad jurídica si los registros no están blindados o si los sistemas no están homologados.

Desde distintos despachos jurídicos ya se está discutiendo cómo adaptar los sistemas internos, asegurar la protección de datos y cómo enfrentar posibles discrepancias con trabajadores.

¿Qué ganan los trabajadores? ¿Qué peligros hay para ellos?, ¿es el registro horario la respuesta al varapalo de la reducción laboral?

Posibles beneficios

• Mayor protección frente a horas extra ocultas: un registro digital retrata el tiempo real trabajado, limitando abusos.
• Transparencia: el resumen mensual en nómina ayuda a comparar lo que se hizo con lo que se pagó.
• Acceso a registros: los trabajadores pueden comprobar su historial y usarlo como medio de reclamación en caso de discrepancias.

Riesgos y dudas

Si el sistema no es claro, el registro podría cristalizar abusos: empleados podrían registrar entradas/salidas incorrectamente, o empresas podrían presionar ajustes.

En debates de discrepancias, se invertirá la carga de la prueba sobre la empresa, lo que puede generar conflictos y litigios complejos.

La medida podría derivar en desconfianza: en entornos laborales tensos, el registro constante puede percibirse como vigilancia excesiva.

El diseño del sistema debe proteger los datos personales y evitar vulneraciones de privacidad.

El fracaso de la reducción de jornada y el nuevo escenario, el registro horario la respuesta al varapalo de la reducción laboral

El endurecimiento del registro surge como reacción al fracaso institucional: la propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas semanales fue tumbada en el Congreso.

Ante ese revés, el Gobierno ha elegido rescatar uno de los componentes más estructurales —el control horario— para no perder del todo su hoja de ruta en la reforma laboral.

El registro horario parece convertirse en el Plan B simbólico que mantiene viva la aspiración de cambiar el mercado laboral, aunque por una vía más limitada y reguladora.

No obstante, este paso deja claro que el Gobierno no está dispuesto a ceder terreno sin dejar una huella normativa incluso si no logra el paquete completo.

En ese sentido, el registro rígido puede jugar un rol político: reforzar la narrativa de defensa de los derechos del trabajador, posicionarse ante la oposición y mantener presión sobre empresarios.

Comparaciones con otros países y experiencias exitosas

En Alemania y Francia, los sistemas de control horario interconectados con la inspección pública permiten auditorías más fluidas y menos litigios.

En países como Portugal, el registro digital supuso mayor cumplimiento y una reducción de horas extras no compensadas.

En los países nórdicos, la cultura laboral y los convenios colectivos ya adaptan registros flexibles con control, sin necesidad de sanciones excesivas.

España tiene una ventaja: podrá aprovechar esas experiencias para evitar errores en diseño de sistema, interoperabilidad, protección de datos y costes de implementación.

Conclusión Plan B en marcha: el Gobierno utilizará el registro horario como respuesta tras el varapalo a la reducción laboral

El salto del registro horario reforzado no es menor: se convierte en una herramienta regulatoria potente para vigilar el tiempo de trabajo real, pero también en arma política frente al fracaso mayor de la reducción de jornada.

Si se diseña bien, puede corregir abusos invisibles; si se construye mal, puede generar litigios, costes excesivos e inseguridad jurídica.

Es un equilibrio delicado: no basta con imponer control, debe haber garantías de justicia, proporcionalidad y protección de trabajadores.

Si el Gobierno quiere que este decreto no sea solo una represalia legislativa sino un avance real, deberá dialogar con las empresas, aclarar sanciones, garantizar recursos técnicos y explicar cómo se aplicará en la práctica.

De lo contrario, el registro horario puede quedar como un símbolo de la confrontación política, no de la transformación laboral que prometía.