España se enfrenta a una posible sanción millonaria por parte de la Unión Europea debido a la elevada tasa de temporalidad en su sector público.

A pesar de las reformas legislativas y los compromisos adquiridos, la temporalidad sigue siendo una asignatura pendiente que podría costar caro al país.

El problema de la temporalidad en el sector público

La temporalidad en el empleo público español ha sido una constante preocupación.

Según datos recientes, la tasa de temporalidad en las administraciones públicas ronda el 30%, muy por encima del 8% comprometido con la Unión Europea para finales de 2024.

Este incumplimiento ha llevado a la apertura de expedientes de infracción por parte de Bruselas, que podrían traducirse en sanciones económicas significativas.

Sectores más afectados

La situación es especialmente crítica en sectores como la sanidad y la educación superior, donde la mitad de los trabajadores tienen contratos temporales.

En la Administración General del Estado, la tasa de temporalidad es del 9,4%, mientras que en las comunidades autónomas y ayuntamientos supera el 40%.

Esta disparidad refleja una gestión desigual del empleo público en las distintas administraciones.

Las advertencias de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido varias sentencias criticando la falta de medidas efectivas para reducir la temporalidad en el sector público español.

En junio de 2024, el TJUE instó a España a convertir en indefinidos a los interinos que encadenan contratos temporales durante años y a indemnizar a aquellos que, tras años de temporalidad, han obtenido una plaza fija.

El plazo para reclamar estas indemnizaciones concluye el 13 de junio de 2025.

Las medidas del Gobierno y su eficacia

El Gobierno español aprobó en diciembre de 2021 la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Esta norma establece que la tasa de temporalidad no debe superar el 8% antes del 31 de diciembre de 2024.

Sin embargo, la implementación de esta ley ha sido lenta y desigual.

Aunque se han ofertado 544.151 plazas de estabilización, un tercio de ellas aún están sin cubrir.

Además, las administraciones continúan creando nuevas plazas temporales, especialmente en los ayuntamientos, lo que dificulta la reducción de la temporalidad.

Las propuestas de CSIF

El sindicato de funcionarios CSIF ha denunciado la situación y ha propuesto varias medidas para abordar el problema.

Entre ellas, destaca la eliminación de los límites a la tasa de reposición, que actualmente impide sustituir todas las bajas en las administraciones.

También propone sancionar a los responsables del abuso de la temporalidad y exige al Gobierno un incremento salarial del 0,5% en 2024 y una revisión del salario conforme al IPC en 2025.

Las consecuencias de no actuar con la temporalidad en el sector público

La falta de acción efectiva para reducir la temporalidad en el sector público no solo pone en riesgo la calidad de los servicios públicos, sino que también puede tener consecuencias económicas graves.

Las sanciones de la Unión Europea podrían suponer un coste millonario para el país.

Además, la elevada temporalidad afecta negativamente a la motivación y estabilidad de los trabajadores públicos, lo que repercute en la eficiencia de la administración.

La necesidad de una reforma estructural

Para abordar de manera efectiva el problema de la temporalidad en el sector público, es necesario implementar una reforma estructural que incluya medidas como la planificación estratégica de los recursos humanos, la mejora de los procesos de selección y la promoción de la estabilidad laboral.

También es fundamental fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del empleo público.

Conclusión Temporalidad en el sector público: España al borde de una sanción millonaria de la UE

La elevada temporalidad en el sector público español es un problema estructural que requiere una respuesta decidida y coordinada por parte de todas las administraciones.

La falta de medidas efectivas para reducir la temporalidad no solo incumple los compromisos adquiridos con la Unión Europea, sino que también pone en riesgo la calidad de los servicios públicos y la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

Es urgente que el Gobierno y las administraciones adopten medidas concretas y eficaces para abordar este problema y evitar las sanciones económicas que podrían derivarse de su inacción.