La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, plantea encarecer los despidos, ha anunciado que llevará al diálogo social una reforma laboral que promete revolucionar el sistema de indemnización por despido en España.

La medida, impulsada por una recomendación del Consejo de Europa, busca que las indemnizaciones sean «disuasorias» y personalizadas, considerando las circunstancias de cada trabajador.

Sin embargo, el anuncio no está exento de controversia, y ya se anticipan tensiones con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que advierte sobre las consecuencias de este posible endurecimiento.

Yolanda Díaz Plantea Encarecer los Despidos para Frenar la Precariedad

El Contexto de la Reforma

Desde 2012, las indemnizaciones por despido improcedente en España están limitadas a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

Esta regulación, que sustituyó el tope previo de 45 días, fue una de las medidas más controvertidas de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy.

Para los despidos objetivos, la indemnización actual es de 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades.

La propuesta de Yolanda Díaz, bautizada como «despido restaurativo» o «disuasorio», apunta a cambiar este esquema.

Según Díaz, la reforma busca reparar de manera efectiva el daño causado al trabajador, adaptando la indemnización a circunstancias individuales como la edad, antigüedad en la empresa o vulnerabilidad económica.

El objetivo es garantizar que los despidos no sean una «fórmula fácil» para las empresas, especialmente en casos de abuso.

La Recomendación del Consejo de Europa

El anuncio coincide con una recomendación reciente del Consejo de Europa, que insta al Gobierno español a revisar las indemnizaciones por despido para que sean efectivamente disuasorias.

La resolución responde a una reclamación de UGT que considera que las compensaciones actuales no cumplen con los estándares de protección laboral.

Según el Comité de Ministros del Consejo de Europa, España debe garantizar que las indemnizaciones no solo compensen al trabajador, sino que también desincentiven despidos injustificados.

Impacto en el Tejido Empresarial de la propuesta de Díaz que Plantea Encarecer los Despidos

La CEOE y otras organizaciones empresariales ya han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida.

Endurecer las condiciones de despido podría generar incertidumbre jurídica y costes adicionales para las empresas, afectando especialmente a las pymes y autónomos, que representan el 99% del tejido empresarial español.

Desde la CEOE advierten que aumentar los costes laborales puede tener un impacto negativo en la creación de empleo, especialmente en un momento en el que el mercado laboral todavía muestra signos de fragilidad.

Además, apuntan a la posibilidad de un efecto contrario al deseado: que las empresas, anticipándose a las dificultades de despido, sean más reticentes a realizar contrataciones indefinidas.

Comparativa Internacional

En países como Alemania o Francia, los sistemas de indemnización son más elevados que en España, pero están vinculados a procesos judiciales largos y costosos que en ocasiones desincentivan las reclamaciones.

En el caso español, el marco actual permite una resolución más rápida, aunque los sindicatos argumentan que esto ha llevado a que los despidos sean más frecuentes y menos reparadores.

Tensiones Políticas y Sindicales

La medida podría profundizar el distanciamiento entre el Gobierno y la patronal, ya tensionado por otros temas como la reducción de la jornada laboral y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional.

Mientras que los sindicatos celebran la iniciativa como una herramienta para fortalecer los derechos laborales, los empresarios insisten en que estas políticas desincentivan la inversión y afectan la competitividad.

Conclusión La Nueva Frontera de los Despidos: Yolanda Díaz Plantea Encarecer los Despidos para Frenar la Precariedad

Aunque el endurecimiento de las indemnizaciones por despido tiene como objetivo proteger a los trabajadores más vulnerables y reducir la precariedad, la medida plantea interrogantes sobre su impacto en la estabilidad del mercado laboral y la competitividad empresarial.

El desafío para el Gobierno será equilibrar los derechos de los trabajadores con la viabilidad económica de las empresas, especialmente en un contexto donde las pymes y autónomos ya enfrentan crecientes costes operativos.

Sin medidas complementarias que incentiven la contratación o alivien la presión fiscal, esta reforma corre el riesgo de convertirse en un arma de doble filo que, lejos de proteger el empleo, limite su creación.