En los últimos diez años, la Hacienda española ha tenido que devolver, pierde, más de 22.000 millones de euros debido a la anulación de diversos impuestos por parte de los tribunales, al ser declarados inconstitucionales.

Esta situación ha generado un debate sobre la calidad de la legislación fiscal en España y las consecuencias económicas de estos reveses judiciales. ​

Principales impuestos declarados inconstitucionales, 22.000 millones que pierde Hacienda

A lo largo de la última década, varios impuestos han sido objeto de controversia y posterior anulación por parte del Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales.

Entre los más destacados se encuentran:​

• Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como «plusvalía municipal»: Este tributo gravaba el supuesto incremento de valor de los terrenos urbanos en el momento de su transmisión. Sin embargo, en 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el método de cálculo de la base imponible, ya que podía gravar situaciones en las que no existía tal incremento, obligando a los ayuntamientos a devolver lo recaudado indebidamente. ​
• Tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos: Entre 2013 y 2018, las comunidades autónomas aplicaron un tramo adicional en el impuesto sobre hidrocarburos. En 2024, el Tribunal Supremo lo declaró ilegal, alineándose con una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que abrió la puerta a devoluciones millonarias a las empresas afectadas. ​
• Pagos fraccionados mínimos en el Impuesto sobre Sociedades: El Real Decreto-ley 2/2016 introdujo un pago fraccionado mínimo para grandes empresas. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta medida, al considerar que vulneraba el principio de capacidad económica y afectaba a derechos y deberes fundamentales que no pueden ser regulados mediante decreto-ley. ​

Impacto económico de las devoluciones de 22.000 millones en impuestos inconstitucionales

La necesidad de devolver más de 22.000 millones de euros ha tenido un impacto significativo en las arcas públicas.

Estas devoluciones no solo representan una merma en la recaudación prevista, sino que también generan incertidumbre en la planificación presupuestaria del Estado y las administraciones locales.

Además, el proceso de devolución implica costes administrativos adicionales y puede afectar la confianza de los contribuyentes en el sistema fiscal.​

Causas de la inconstitucionalidad de los impuestos, 22.000 millones

Las razones detrás de la declaración de inconstitucionalidad de estos impuestos son diversas:​

• Vulneración de principios constitucionales: Algunos impuestos han sido anulados por contravenir principios como el de capacidad económica, seguridad jurídica o igualdad tributaria. Por ejemplo, el método de cálculo de la plusvalía municipal podía gravar incrementos inexistentes, lo que iba en contra del principio de capacidad económica.​
• Uso inadecuado del decreto-ley: La aprobación de medidas fiscales mediante decreto-ley, sin la debida justificación de urgencia, ha sido otro motivo de anulación. El Tribunal Constitucional ha reiterado que esta figura legislativa no puede afectar a derechos y deberes fundamentales, como el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.​
• Conflictos con la normativa europea: Algunos impuestos han sido declarados ilegales por contravenir la legislación de la Unión Europea, lo que ha llevado a su anulación y a la obligación de devolver lo recaudado indebidamente.​

Consecuencias para los contribuyentes y las administraciones públicas

La anulación de impuestos y las consecuentes devoluciones tienen varias repercusiones:​

• Para los contribuyentes: Aunque pueden recuperar lo pagado indebidamente, el proceso suele ser largo y complejo. Además, la falta de claridad en la legislación fiscal genera inseguridad jurídica y dificulta la planificación económica de empresas y particulares.​
• Para las administraciones públicas: Las devoluciones suponen una pérdida de recursos que podrían haberse destinado a servicios públicos. Asimismo, la repetición de errores legislativos puede afectar la credibilidad de las instituciones y su capacidad para gestionar eficazmente la política fiscal.​

Reacciones y medidas adoptadas ante los 22.000 millones en impuestos declarados inconstitucionales

Ante esta situación, diversas voces han reclamado una mejora en la calidad de la legislación fiscal.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado la necesidad de evaluar el impacto de las políticas fiscales y garantizar su coherencia con los principios constitucionales y la normativa europea. ​

Por su parte, el Gobierno ha manifestado su intención de reforzar los mecanismos de control y asesoramiento jurídico en el proceso de elaboración de normas tributarias, con el fin de evitar futuras declaraciones de inconstitucionalidad y las consiguientes devoluciones.​

Casos emblemáticos y jurisprudencia relevante

Además de los impuestos mencionados, existen otros casos que han sentado precedentes en la jurisprudencia fiscal:​

• Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), conocido como «céntimo sanitario»: Este tributo, aplicado entre 2002 y 2012, fue declarado contrario al derecho comunitario por el TJUE en 2014, lo que obligó a España a devolver alrededor de 13.000 millones de euros.​
• Impuesto sobre Depósitos en las Entidades de Crédito (IDEC): Varias comunidades autónomas establecieron este impuesto, pero el Tribunal Constitucional lo anuló en 2013 al considerar que invadía competencias estatales.​

Los costes ocultos de una mala legislación fiscal

Más allá de las devoluciones directas, la aprobación de impuestos que acaban siendo anulados acarrea una serie de costes adicionales que muchas veces no se reflejan en los titulares ni en los informes oficiales.

Estos costes ocultos afectan tanto al tejido empresarial como a la administración pública y a los propios ciudadanos:

• Inseguridad jurídica: Empresas y particulares planifican sus decisiones económicas —inversiones, gastos, previsiones fiscales— basándose en un marco legal. Cuando este cambia de forma drástica por sentencias judiciales, se genera incertidumbre que frena la actividad económica. Por ejemplo, empresas que pagaron millones en el impuesto sobre hidrocarburos se vieron envueltas en litigios durante años, sin saber si recuperarían su dinero.
• Costes de litigación: Para reclamar devoluciones, los contribuyentes deben acudir frecuentemente a los tribunales. Esto supone un coste para ellos en forma de abogados, tiempo y recursos, pero también para la Administración de Justicia, que ve saturados sus juzgados con causas derivadas de errores legislativos.
• Pérdida de confianza en las instituciones: Cuando los contribuyentes perciben que las normas fiscales son erráticas, arbitrarias o contrarias a derecho, se debilita la relación de confianza entre el ciudadano y el Estado. Esto, a su vez, puede alentar prácticas de elusión o economía sumergida.

¿Improvisación o estrategia recaudatoria?

Una de las grandes preguntas que surgen es si estas medidas fiscales declaradas ilegales son fruto de una deficiente técnica legislativa, o si responden a una estrategia deliberada para recaudar en el corto plazo, asumiendo que las consecuencias legales llegarán años más tarde, cuando otro gobierno o administración tenga que lidiar con las devoluciones.

Numerosos expertos han alertado de esta posible dinámica. Algunos impuestos se diseñan sin consultar suficientemente a juristas o economistas, o sin someterse a evaluaciones de impacto.

Otros se aprueban por decreto-ley sin respetar los límites constitucionales, como ocurrió con los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Esta forma de legislar, más propia de un cortoplacismo político que de una gestión responsable, acaba traduciéndose en pérdidas millonarias para el Estado.

Comparativa internacional: ¿es España una excepción?

España no es el único país en el que los tribunales tumban leyes fiscales.

Sin embargo, el volumen de devoluciones acumuladas en la última década, que supera los 22.000 millones de euros, sí coloca a nuestro país en una posición poco envidiable.

En economías avanzadas, los mecanismos de control previo, las auditorías legislativas y el debate parlamentario riguroso suelen evitar que medidas inconstitucionales o incompatibles con el derecho europeo lleguen a promulgarse.

Además, países como Alemania o Francia cuentan con tribunales constitucionales especialmente activos en vigilar la legalidad tributaria.

La diferencia radica en que, en España, estos mecanismos de prevención no están funcionando con la eficacia deseada, lo que genera una elevada tasa de conflictividad fiscal y un coste estructural para el conjunto del sistema.

¿Qué puede hacer el contribuyente?

Ante esta realidad, muchos ciudadanos se preguntan qué pueden hacer para proteger sus derechos.

Las siguientes recomendaciones son clave:

• Revisar con detenimiento los impuestos pagados en los últimos años, especialmente aquellos que han sido objeto de debate jurídico, y consultar con profesionales sobre la posibilidad de reclamar devoluciones.
• Estar atentos a sentencias del Tribunal Constitucional, Supremo o TJUE que puedan afectar a tributos ya satisfechos.
• Evitar pagos adelantados o ingresos a cuenta no obligatorios, en caso de duda sobre la legalidad de un tributo.
• Promover la cultura fiscal crítica, no desde la desobediencia, sino desde la exigencia de legalidad y buen gobierno.

Conclusión Hacienda pierde 22.000 millones en una década por impuestos declarados inconstitucionales: ¿fallos legislativos o estrategia recaudatoria?

La pérdida de más de 22.000 millones de euros por parte de Hacienda en una década a causa de impuestos declarados ilegales no es solo un dato escandaloso: es la fotografía de una grave patología institucional.

Este fenómeno pone en evidencia una deficiente técnica legislativa, una falta de controles previos eficaces, y posiblemente una política fiscal más orientada al corto plazo y a la recaudación inmediata que al respeto riguroso de la legalidad y los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Más allá del dinero perdido —que podría haberse destinado a educación, sanidad, innovación o inversión pública— está la erosión del principio de legalidad y la desafección ciudadana ante un sistema fiscal que muchas veces se percibe como injusto o arbitrario.

Es hora de reformar los procedimientos legislativos en materia tributaria, de fortalecer los órganos consultivos, de limitar el abuso del decreto-ley en materia fiscal y de exigir más transparencia en la toma de decisiones fiscales.

Porque una Hacienda eficaz no solo es la que recauda, sino la que lo hace conforme a derecho, con justicia y con visión de futuro.

En definitiva, la lección es clara: los errores fiscales no los paga el Estado, los paga el ciudadano.

Y ya van 22.000 millones de razones para exigir un cambio profundo.