España se enfrenta a una posible sanción de casi diez millones de euros impuesta por la Unión Europea por incumplir de retribución del permiso parental de ocho semanas para el cuidado de menores.

Esta situación ha generado un intenso debate sobre las políticas de conciliación laboral y familiar en el país, así como sobre el compromiso del Gobierno con las directivas europeas.

España en el punto de mira por incumplir la retribución del permiso parental

El origen del conflicto

En 2019, la Unión Europea aprobó la Directiva 2019/1158, que establece medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral.

Entre sus disposiciones, se incluye el derecho de los trabajadores a un permiso parental de al menos cuatro meses, de los cuales dos deben ser retribuidos.

España tenía hasta el 2 de agosto de 2022 para transponer esta directiva a su legislación nacional.

Sin embargo, el Gobierno español aprobó en junio de 2023 un permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años, pero sin establecer su retribución.

Esta omisión ha sido considerada por la Comisión Europea como un incumplimiento de la directiva, lo que ha llevado a la apertura de un procedimiento de infracción contra España.

La sanción propuesta por la Comisión Europea por incumplir la retribución del permiso parental

La Comisión Europea ha propuesto una multa a tanto alzado de 6.832.000 euros, que se incrementa en 9.760 euros por cada día de retraso en la transposición completa de la directiva desde el 2 de julio de 2024. A día de hoy, la sanción acumulada asciende a casi diez millones de euros.

Además, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emite una sentencia condenatoria y España no ha corregido la situación, se añadiría una multa coercitiva diaria de 43.920 euros hasta que se cumpla con la directiva.

Discrepancias en el Gobierno español

El incumplimiento de la directiva ha generado tensiones dentro del Gobierno de coalición.

Mientras que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, aboga por la retribución del permiso parental y advierte sobre las consecuencias económicas del incumplimiento, el PSOE ha mostrado reticencias debido al impacto presupuestario estimado en 1.800 millones de euros.

En marzo de 2025, el PSOE votó en contra de una moción presentada por Podemos para retribuir las ocho semanas del permiso parental, argumentando razones económicas.

Reacciones de sindicatos y sociedad civil

Sindicatos como USO han criticado duramente la falta de retribución del permiso parental, señalando que convierte un derecho en un privilegio accesible solo para quienes pueden permitirse dejar de percibir su salario durante ocho semanas.

Además, han denunciado que el coste de la sanción propuesta por la UE podría haberse destinado a financiar el permiso, beneficiando directamente a las familias.

Sentencias judiciales a favor de la retribución

A pesar de la falta de transposición de la directiva, algunos tribunales españoles han emitido sentencias reconociendo el derecho de los trabajadores a la retribución del permiso parental.

Por ejemplo, una jueza de Barcelona condenó al Ayuntamiento a pagar 4.000 euros a un empleado que disfrutó del permiso sin remuneración, considerando que la directiva europea es vinculante y debe aplicarse incluso sin transposición nacional.

Comparativa con otros países europeos

La situación de España contrasta con la de otros países europeos que han cumplido con la directiva de conciliación.

Por ejemplo, en Alemania y Francia, los permisos parentales retribuidos son una realidad consolidada, lo que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar y promueve la igualdad de género en el ámbito laboral.

Implicaciones económicas y sociales de incumplir la retribución del permiso parental

El incumplimiento de la directiva no solo expone a España a sanciones económicas significativas, sino que también tiene implicaciones sociales.

La falta de retribución del permiso parental dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente para las familias con menos recursos, y perpetúa desigualdades de género en el cuidado de los hijos.

Posibles soluciones y perspectivas futuras

Para evitar la imposición de sanciones y cumplir con la directiva europea, el Gobierno español debe aprobar la retribución del permiso parental de ocho semanas.

Esto podría lograrse mediante la inclusión de esta medida en los Presupuestos Generales del Estado o a través de una legislación específica.

Además, es fundamental establecer un consenso político y social que priorice la conciliación laboral y familiar como un derecho fundamental.

Conclusión España, en el punto de mira de la UE por incumplir la retribución del permiso parental: una sanción millonaria en juego

La situación actual refleja una falta de compromiso con las políticas de conciliación y una descoordinación en el seno del Gobierno que pone en riesgo no solo la economía del país, sino también los derechos de las familias trabajadoras.

Es imperativo que España cumpla con sus obligaciones europeas y garantice la retribución del permiso parental, no solo para evitar sanciones, sino para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa.

La conciliación de la vida laboral y familiar no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para todos.

El cumplimiento de la directiva europea es una oportunidad para reforzar este derecho y demostrar el compromiso de España con la igualdad y el bienestar de sus ciudadanos.