Todas las prácticas de FP serán remuneradas al menos al 60% del SMI, esto tiene implicaciones para pymes y autónomos pero también para los estudiantes.

Una de las piezas estructurales del nuevo escenario educativo y laboral de España está cobrando mayor definición: las prácticas que forman parte de la formación profesional (FP) dejarán de entenderse como meros complementos formativos sin compensación.

Según anuncios recientes, la Seguridad Social y el Gobierno avanzan en establecer que todas las prácticas de FP sean remuneradas, fijando un mínimo del 60 % del salario de un trabajador en condiciones similares para el primer año.

Este cambio —anunciado y respaldado por la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación de la FP— representa un giro de 180 grados respecto a la tradición de las “becas de prácticas” sin salario real.

En este artículo de MundoEmprende analizamos el anuncio, su contexto normativo, su impacto en estudiantes, empresas y autónomos, los retos de implementación para microempresas, y las claves que el emprendedor debe tener en cuenta ante esta transición.

Terminaremos con una conclusión crítica sobre el alcance real y los riesgos de la medida.

¿Qué se ha anunciado y qué contempla exactamente?, las prácticas de FP serán remuneradas al menos al 60% del SMI

Recientemente, medios especializados han informado que la Seguridad Social ha confirmado que en España todas las prácticas formativas de FP deberán ser remuneradas.

En concreto, se establece que el salario no podrá ser inferior al 60 % del salario de un trabajador en condiciones similares durante el primer año de prácticas. Y para el segundo año, el porcentaje sube al 75 %.

La medida se enmarca en la Ley Orgánica de Formación Profesional, que entró en vigor en marzo de 2022, y que apunta a transformar el sistema hacia un modelo más dual, más integrado con la empresa y con incentivos al empleo.

Asimismo, se ha señalado que aunque la remuneración mínima se fija, la implementación completa del modelo tiene plazo hasta el año 2028 para que las empresas puedan adaptarse al cambio.

En resumen: ya no bastará con “hacer prácticas” sin retribución o con una “beca simbólica”. La norma fija mínimos retributivos vinculados al trabajo efectivo en empresa como parte de la FP.

Marco normativo y contexto previo

Para entender este salto regulatorio, conviene repasar cómo se llega hasta aquí.

Desde antes de la ley de 2022, existían dos modalidades principales en la FP: la modalidad dual general —donde el alumno realiza cierta parte en empresa, pero sin contrato laboral obligatorio— y la modalidad de FP dual intensiva, en la que la empresa asume mayor parte de la formación y existe contrato laboral.

En el ámbito de contratos de formación o aprendizaje, los convenios ya fijaban retribuciones mínimas: por ejemplo, para ese tipo de contrato, el salario no podía ser inferior al 60 % del salario que se aplicara al grupo profesional en el convenio durante el primer año y 75 % durante el segundo año.

Con la Ley Orgánica 3/2022, se impone una transformación del sistema de FP, con más prácticas en empresa, mayor peso de la empresa en la formación, y mayor cobertura de derechos para el estudiante.

En ese contexto, el anuncio de la Seguridad Social actúa como complemento: ya no solo se regula la modalidad del contrato, sino la retribución mínima para prácticas en empresa, vinculadas a la FP.

La urgencia tiene varias razones: los desequilibrios entre formación y empleo, las quejas de alumnos que realizaban prácticas sin salario, y la necesidad de profesionalizar la FP para mejorar la empleabilidad.

¿Por qué este cambio ahora? Razones y objetivos. Las prácticas de FP serán remuneradas al menos al 60% del SMI

El anuncio responde a varias necesidades estructurales:

• Derechos de los estudiantes: Durante años, muchas prácticas en FP o universitarias se han realizado sin retribución, o con compensaciones mínimas, lo que generaba críticas de precariedad. La remuneración mínima busca dignificar el trabajo formativo.
• Vinculación con empleo: Si la FP se va a convertir en una vía para el empleo, no tiene sentido que las prácticas sean costeros sin retribución. Este cambio mejora la transición de la formación al mercado laboral.
• Competitividad y calidad del sistema educativo: Un sistema de FP moderno exige que alumno, empresa y centro formativo participen activamente. Una compensación justa funciona como incentivo para las empresas a acoger alumnos.
• Mejora de la empleabilidad: Según los datos, los titulados en FP dual consiguen mejores salarios. La reforma apuesta por la calidad y la formación en entorno real de empresa.
• Homologación de condiciones: Igualar derechos formativos con derechos laborales en cierta medida. La remuneración, el contrato, la cotización —todo ello se aflora. Por ejemplo, desde 2024 se exige que todos los estudiantes en prácticas, remuneradas o no, estén dados de alta en la Seguridad Social.

En definitiva, se trata de reducir la brecha entre “práctica” y “empleo” y evitar que las empresas usen la figura del alumno en prácticas como mano de obra barata sin derechos.

Implicaciones para estudiantes, empresas y microempresas/autónomos, las prácticas de FP serán remuneradas al menos al 60% del SMI

Para los estudiantes

• Mejora de la retribución: cobrar al menos el 60 % del salario de un trabajador en condiciones similares es un avance.
• Mayor motivación y dignificación de su labor en empresa.
• Mayor probabilidad de que la empresa vea al alumno como parte integrante y no como “becario gratis”.

Para las empresas y micro-empresas

• Nueva carga: asumir la remuneración, cotización, cumplimiento del contrato-formación o convenio correspondiente.
• Adaptación de recursos: tutorías, supervisión, proceso formativo en empresa.
• Evaluar si acoger alumnos de FP es viable económicamente. Las microempresas ya cargan con otros costes y podrían ver esto como barrera.

Para autónomos y Pymes

Si actúan como empresa receptora de alumnos de FP, deben considerar el coste adicional.

Puede implicar que menos autónomos acogan alumnos si lo consideran demasiado gravoso, lo que podría reducir las plazas de prácticas disponibles.

• Cargas administrativas. Contrato, alta en Seguridad Social, retribución mínima, registro de horas de formación y trabajo efectivo.
• Para una microempresa, el coste administrativo puede no compensar el valor que el alumno aporta.
• Beneficios para empresas que lo gestionan bien
• Mejor vínculo con el centro de formación, posibilidad de incorporar talento formado “in-company”.
• Mejora de la reputación de la empresa como formadora.
• Posible ventaja competitiva por tener personal más preparado a la salida.

Para el sistema formativo y el empleo joven

Cambio de paradigma: más calidad, menos prácticas simbólicas.

Pero también riesgo de “efecto filtro”: si la empresa lo ve como coste, podría acoger menos alumnos y reducir oportunidades de formación.

Retos de implementación y zona de sombra, las prácticas de FP serán remuneradas al menos al 60% del SMI

Aunque el anuncio es positivo, existen retos importantes:

• Plazo de adaptación: Pese a que se fija el principio, se concede un plazo para que las empresas adapten. Hasta 2028 se contempla margen para que todo funcione plenamente. Esto genera dos velocidades: empresas que ya cumplen y otras que van a lo mínimo.
• Microempresas y autónomos: Muchos de ellos actúan como empresa receptora de alumnos porque lo consideran una forma de colaborar o de captar talento. La nueva carga económica puede disuadirlos.
• Control de condiciones y calidad de la formación: No basta con pagar salario mínimo. Las prácticas deben tener contenido formativo real, tutoría, supervisión. Si la empresa solo cumple por obligación, puede degradarse la calidad.
• Equilibrio retributivo vs. formación: La norma fija porcentaje mínimo, pero salvo que se especifique claramente el salario de referencia por convenio o trabajador similar, puede haber ambigüedad.
• Distinción entre modalidades de FP: Las prácticas universitarias, las extracurriculares, duales, a media jornada, etc., tienen condiciones distintas. La normativa debe adaptarse a la diversidad y asegurar que no se generen desigualdades.
• Capacidad de las empresas para asumir la carga: Las Pymes ya enfrentan otras reforman (facturación, digitalización, laboral, salarios mínimos). Agregar una nueva obligación puede generar resistencia o incumplimiento.
• Supervisión e inspección: Habrá que ver cómo el Estado controla el cumplimiento: ¿habrá sanciones si la empresa no remunera al 60 %? ¿Cuál será el mecanismo para verificar horas de formación vs. horas de trabajo?
• Efecto en el número de plazas de prácticas: Si las empresas reducen su disposición a acoger alumnos porque la práctica deja de ser “gratis”, podría haber menos plazas disponibles para los estudiantes. Esto requeriría compensaciones o incentivos adicionales.

Qué debe hacer un emprendedor, autónomo o microempresa hoy

Para quienes dirigen microempresas o equipos pequeños y pueden acoger alumnos de FP, es recomendable:

• Revisar los convenios de formación o prácticas vigentes: ¿qué tipo de contrato se usa? ¿Se remunera? ¿Se cotiza?
• Evaluar la capacidad financiera de asumir el salario mínimo del 60 % y la cotización correspondiente. ¿Compensa el valor añadido del alumno? ¿Es viable para tu negocio?
• Establecer un programa de tutorización interno: aunque la carga sea mayor, la calidad de la práctica y la formación generan valor.
• Valorar si optar por otros tipos de colaboración (becarios voluntarios, convenios sin empresa) puede quedar comprometido en el futuro.
• Planificar anticipadamente: si dentro de uno o dos años la obligación será total, la empresa que lo tenga ya organizado tendrá ventaja competitiva.
• Mantenerse al día con la normativa: hay variaciones por comunidad autónoma, por modalidad de FP, por jornada, por convenio específico.

Considerar que acoger a un alumno puede ser una inversión en talento.

Si se gestiona bien, puede dar beneficios: conocer al alumno, ver si encaja, recibir formación a cambio.

Si lo ves solo como coste, quizá haya que esperar a que la empresa esté preparada.

Impacto más amplio: educación, empleo juvenil y competitividad, las prácticas de FP serán remuneradas al menos al 60% del SMI

La medida tiene resonancias más allá de la empresa receptora de alumnado.

• Educación-empleo: En un país con tasas de paro juvenil elevadas, la FP remunerada puede incrementar la atracción de la Formación Profesional, reducir la brecha entre formación y empleo y fomentar titulaciones orientadas al mercado.
• Calidad del sistema FP: Si la formación es más exigente, con empresa involucrada, salario mínimo, tutorización, la FP mejora su prestigio y puede competir con la universidad como vía de futuro.
• Competitividad empresarial: Para que España aumente su productividad, necesita que los jóvenes se formen en empresa, tengan experiencia real, y no solo teórica. Esto es un paso en esa dirección.
• Equidad y valor social: Poner fin a prácticas sin retribución mejora la justicia social para estudiantes que de otra forma hacían “trabajo gratis”.
• Empresarialidad vs. restricción: Pero también hay tensión entre “hacer lo correcto” y “dar una carga adicional al pequeño negocio”. Si muchas microempresas dejan de acoger alumnos, el sistema puede perder acceso.
• Internacionalización del modelo: Países con modelos de formación dual fuerte (Alemania, Suiza) logran mayor inserción profesional, mejores salarios, menor paro juvenil. España aspira a eso. Esta reforma va en esa línea.

En el fondo, la medida es una apuesta por la profesionalización del talento joven y por hacer de la FP un puente real al mercado laboral, no solo un trámite académico.

Conclusión Fin al voluntarismo: todas las prácticas de FP serán remuneradas al menos al 60% del SMI

La decisión de la Seguridad Social de fijar un salario mínimo del 60 % del trabajador en condiciones similares para las prácticas de FP es un avance necesario, justo y esperanzador.

Representa una ruptura con la lógica de “práctica gratis” que durante años ha persistido.

Desde la perspectiva del estudiante, es una mejora de derechos; desde la perspectiva del sistema educativo, un paso hacia la calidad; desde la perspectiva de la empresa, una oportunidad de captar talento adaptado.

Sin embargo, la letra pequeña revela un doble filo.

Por un lado, las microempresas y los autónomos se enfrentan a un coste adicional que, en un momento de múltiples reformas, puede resultar excesivo o desalentador.

Si el tejido empresarial receptivo de alumnos se reduce, la medida podría generar el efecto contrario al deseado: menos plazas, menos oportunidades de formación.

Por otro lado, la implementación gradual con plazo hasta 2028 significa que la mejora será lenta y desigual; las grandes empresas pueden adaptarse antes, mientras que las pequeñas quedarán rezagadas, creando brecha interna.

Además, fijar una remuneración mínima no garantiza por sí sola calidad en la formación: será imprescindible que exista tutoría, seguimiento, contenido real de aprendizaje y vínculo empresa-centro.

Si la práctica se convierte solo en “jornada laboral pagada”, perderá su carácter formativo y reproducirá dinámicas de empleo de coste reducido.

Para el emprendedor informado la clave es anticipar: ver esta norma no como carga sino como palanca.

Aceptarla como inversión en talento, diseñar la acogida del alumno como estrategia de empresa, estructurar procesos internos que reviertan en productividad, no solo cumplimiento.

Si lo hacemos bien, la reforma puede ser catalizador de crecimiento.

Si lo vemos solo como obligación, puede quedar como nueva traba.

En definitiva: España abre una nueva era para la FP, donde las prácticas dejan de ser voluntarias o gratuitas y se convierten en empleo digno y formativo.

La gran pregunta es: ¿estará el tejido productivo preparado para asumir ese reto?

Porque si no es así, pagaremos el coste colectivo de un sistema de formación que prometía más de lo que el tejido empresarial puede asumir.

El desafío es doble: mejorar las prácticas y garantizar que las empresas —sobre todo las pequeñas— sigan siendo parte activa del proceso.

Solo así la reforma tendrá impacto real.