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Permisos Retribuidos por la DANA: Empresas Arruinadas Soportan Toda la Carga en un Contexto de Inacción Gubernamental

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que establece permisos retribuidos no recuperables para trabajadores afectados por la DANA, lo que les permite ausentarse del trabajo cobrando el 100% de su sueldo sin necesidad de devolver las horas perdidas.

Mientras que la medida ha sido presentada como un avance en la protección laboral, la patronal, liderada por la CEOE, critica duramente que esta carga recaiga exclusivamente sobre las empresas, muchas de las cuales ya enfrentan graves dificultades económicas tras la catástrofe.

Este nuevo capítulo en la política laboral reabre el debate sobre el desequilibrio en las responsabilidades entre trabajadores, empleadores y administración pública.

 

Permisos Retribuidos por la DANA

¿En qué Consisten los Permisos Retribuidos por la DANA?

El Real Decreto 7/2024, publicado recientemente en el BOE, detalla las condiciones para que los trabajadores puedan acogerse a permisos retribuidos no recuperables.

Estas ausencias están justificadas en casos relacionados con las consecuencias de la DANA, como la imposibilidad de desplazarse al centro de trabajo, labores de limpieza y recuperación de bienes, desaparición o fallecimiento de familiares, y cuidado de menores o dependientes debido al cierre de colegios o residencias.

Estos permisos, considerados tiempo de trabajo efectivo, garantizan que los empleados mantendrán su salario y cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, cualquier acción desfavorable hacia un trabajador que ejerza este derecho, como un despido, será considerada nula.

En paralelo, el Plan Me Cuida permite a los trabajadores adaptar su jornada, reduciéndola hasta un 100%, aunque en este caso con una reducción proporcional de salario.

 

La Crítica de los Empresarios: Un Coste Insostenible

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado estas medidas de «insensatas» en un contexto donde muchas empresas afectadas por la DANA están al borde del colapso.

Según Garamendi, no se ha tenido en cuenta la delicada situación financiera de las empresas, que deben soportar el coste total de los permisos retribuidos mientras intentan recuperar sus actividades.

Además, ha señalado que estas medidas no fueron negociadas con los agentes económicos, lo que agrava la percepción de desconexión entre el Gobierno y el sector empresarial.

La patronal subraya que muchas empresas, especialmente pymes, enfrentan costes adicionales por daños materiales, interrupción de operaciones y pérdida de clientes, sin recibir un apoyo significativo del Gobierno en forma de reducciones fiscales o subvenciones directas para afrontar estas dificultades.

 

Contexto y Precedentes en Políticas de Protección Laboral

El enfoque del Gobierno recuerda a las políticas implementadas durante la pandemia de COVID-19, cuando las empresas asumieron gran parte de los costes asociados a los ERTE y permisos excepcionales.

Si bien estas medidas protegieron a millones de trabajadores, también dejaron a muchas pymes y autónomos al borde de la quiebra.

En este caso, las empresas afectadas por la DANA están recibiendo ayudas limitadas que no compensan las pérdidas ni cubren los costes adicionales de los permisos retribuidos.

Además, los permisos establecidos en el decreto ignoran las particularidades de ciertos sectores, como el turismo y la hostelería, que dependen de contratos temporales y estacionales.

Estas empresas ya enfrentan retos significativos para mantener a flote sus negocios, y la imposición de permisos no recuperables solo agrava la situación.

 

La Falta de Apoyo Gubernamental Directo a las Empresas

A diferencia de los trabajadores, que reciben protección total bajo el decreto, las empresas no cuentan con medidas claras de alivio fiscal ni con ayudas significativas para mitigar los costes asociados a los permisos retribuidos.

Aunque se han anunciado ayudas puntuales, su alcance es limitado y no llega a compensar las pérdidas sufridas por muchas compañías.

Por otro lado, no se han contemplado incentivos que ayuden a las empresas a recuperar su actividad, como reducciones temporales en las cotizaciones sociales, aplazamientos en el pago de impuestos o fondos específicos para la reparación de daños materiales.

Esta falta de medidas de apoyo genera una sensación de abandono entre los empresarios, que ven cómo toda la carga recae sobre ellos.

 

Las Consecuencias de una Política Desbalanceada

El descontento entre los empresarios refleja un problema estructural en la gestión de crisis en España.

Mientras que las medidas laborales se enfocan en proteger a los trabajadores, el apoyo a las empresas, que son las responsables de generar empleo y dinamizar la economía, queda en un segundo plano.

Esta estrategia, lejos de fomentar la recuperación económica, puede tener el efecto contrario: aumentar las quiebras empresariales y reducir la capacidad de generar empleo en el futuro.

 

Conclusión Permisos Retribuidos por la DANA: Empresas Arruinadas Soportan Toda la Carga en un Contexto de Inacción Gubernamental

Equilibrio Necesario entre Protección y Viabilidad

Si bien es innegable que los trabajadores afectados por la DANA necesitan apoyo para enfrentar las consecuencias de la catástrofe, la falta de un enfoque equilibrado en las medidas aprobadas por el Gobierno genera serias dudas sobre su sostenibilidad.

Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no pueden asumir indefinidamente el coste de políticas que ignoran su realidad económica.

El Gobierno debe reconocer que las empresas no son enemigos en la ecuación económica, sino socios indispensables para la recuperación.

En lugar de imponer medidas unilaterales, es crucial que se aborden las necesidades de todas las partes interesadas y se diseñen políticas que ofrezcan apoyo tanto a trabajadores como a empleadores.

Solo con un enfoque inclusivo se puede garantizar que las consecuencias de la DANA no se conviertan en un lastre permanente para el tejido productivo del país.

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