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La reforma fiscal de Yolanda Díaz: ¿más presión para autónomos y empresas en 2025?

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado sus propuestas para una reforma fiscal que, de aprobarse, traerá consigo importantes cambios en los impuestos de los españoles.

Entre las medidas se incluyen aumentos del IRPF, el IVA en ciertos sectores, y el Impuesto de Sucesiones, que afectarán tanto a empresas como a autónomos.

Mientras el Gobierno justifica estas subidas como necesarias para garantizar la justicia fiscal y financiar el gasto social, las pymes y los autónomos temen un incremento significativo de los costes que podría poner en riesgo su viabilidad.

 

La propuesta de Yolanda Díaz, enmarcada dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, incluye varias subidas impositivas que afectarían tanto a las rentas del trabajo como a las del capital.

El IRPF aumentaría para las rentas más altas, mientras que el Impuesto de Sucesiones tendría un mayor impacto, especialmente en las herencias superiores a un millón de euros.

Además, el IVA podría incrementarse para algunos bienes y servicios, mientras se reduciría en otros sectores como la peluquería o el sector cultural.

Díaz ha defendido estas medidas como necesarias para lograr una «armonización fiscal», con el objetivo de reducir las desigualdades en la tributación entre diferentes regiones de España y asegurar que las grandes fortunas contribuyan más al sostenimiento del gasto público.

 

Contexto de la presión fiscal en España

Actualmente, España se encuentra en un nivel de presión fiscal moderado en comparación con otros países europeos, aunque los datos varían dependiendo del indicador utilizado. Según los últimos informes de la OCDE, la carga impositiva en España se sitúa cerca del 36% del PIB, lo que la coloca en una posición intermedia dentro de la Unión Europea. Sin embargo, los expertos señalan que el esfuerzo fiscal que soportan las clases medias y bajas es mayor que en otros países, dado que estas rentas asumen una parte importante de la recaudación.

El aumento de la fiscalidad en un contexto de inflación y crecimiento económico moderado podría aumentar este esfuerzo, afectando negativamente al consumo y la inversión.

 

Impacto en autónomos y pymes de la La reforma fiscal de Yolanda Díaz

La subida del IRPF, el IVA y otros impuestos como el de Sucesiones podrían ser devastadores para los pequeños negocios y los autónomos, que ya están lidiando con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el aumento de los costes salariales.

Estos colectivos, que representan más del 60% del empleo en España, verán incrementados sus costes operativos y la carga tributaria, lo que podría provocar una reducción de la inversión en sus negocios y la pérdida de competitividad.

 

Consecuencias de la subida de impuestos y la La reforma fiscal de Yolanda Díaz

La subida de impuestos podría tener varias consecuencias económicas.

Por un lado, podría frenar la recuperación económica de sectores que aún están superando las secuelas de la pandemia y la crisis energética.

Además, este incremento fiscal podría provocar:

  • Reducción del consumo: El aumento del IVA sobre ciertos productos y servicios encarecerá el acceso a los bienes básicos, reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos.
  • Menor inversión y emprendimiento: Las pymes y autónomos podrían verse desincentivados a invertir o iniciar nuevos proyectos, dada la carga fiscal adicional.
  • Deslocalización de empresas: Las grandes fortunas y empresas podrían buscar trasladarse a países con menor presión fiscal, afectando la recaudación y el empleo en España.

 

Conclusión La reforma fiscal de Yolanda Díaz: ¿más presión para autónomos y empresas en 2025?

Las propuestas fiscales de Yolanda Díaz para 2025 suponen un cambio significativo en el sistema tributario español, buscando una mayor redistribución de la riqueza.

Sin embargo, para autónomos y pequeñas empresas, este aumento de la carga fiscal podría generar dificultades añadidas en un momento económico ya complicado.

Mientras que las medidas buscan justicia social, es crucial encontrar un equilibrio que no comprometa la viabilidad de las pymes ni el empleo que generan.

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