El ministro enfoca las penalizaciones en mayor grado en la jubilaciones anticipadas de los salarios más altos.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aclaró ayer ante la comisión de seguimiento del pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, la propuesta de un pago de hasta 12.000 euros por cada año que se demore la jubilación.
El ministro explicó que este primer bloque de cambios tiene como objetivo llegar a un acuerdo con la patronal y sindicatos para la incentivación del retraso de la jubilación. Este pago único podrá variar entre los 4.700 y 12.000 euros, además de un nuevo sistema de penalizaciones centrado en la jubilación anticipada de los asalariados más altos.
Escrivá justificó esta reforma manifestando que gran parte de las jubilaciones anticipadas suceden en pensiones que superan los 2.100 euros. La penalización para los trabajadores que cotizan por las bases máximas y opten por la prejubilación pasará del 4% al 17%.
La penalización para este colectivo aumentará en todo tipo de situaciones, sin tener en cuente el tiempo de anticipación. El desincentivo, tal y como propone la Seguridad Social, se aplicará por cada mes que se adelante la jubilación.
Respecto al sistema de penalización vigente, los porcentajes son más altos. Un trabajador con menos de 28 años y medios cotizados y que opte por la prejubilación con dos años de antelación, su penalización sería del 21%, un 5% más que el porcentaje actual.
Por otro lado, los incentivos por el aplazamiento de la jubilación consistirán en dos opciones. El plan en cuestión ofrecería escoger entre un incremento de la prestación de entre un 2% y un 4% por año trabajado posterior a la edad ordinaria de jubilación; o un pago anual que variará entre los 4.700 euros y los 12.000 dependiendo de la pensión a percibir.
Más modificaciones con el mismo objetivo
Además de las anteriores modificaciones ya nombradas, el Gobierno tiene en mente muchas otras que persiguen el mismo objetivo.
Entre ellas, se encuentra restringir las cláusulas de jubilación forzosa. Mas en concreto, las cláusulas que permiten a las empresas despedir a los trabajadores que cumplen la edad legal de retiro si tiene derecho a percibir el 100% de la pensión. En principio, como ya ha comunicó el ministro Escrivá, la oferta sería prohibir la cláusula. Sin embargo, durante las negociaciones, la Seguridad Social ha tenido en cuenta la postura de la empresas, y ha retrasado la aplicación de la cláusula hasta que el trabajador no cumpla los 68 años.
Por otro lado, las modificaciones también tendrían efecto sobre la jubilación parcial. Actualmente, se permite al trabajador concentrar todo el tiempo que debe trabajar en un año para posteriormente no tener que hacerlo. Para regular esta forma de retiro, la Seguridad Social pondría un límite del 60% a la concentración de jornada.
Este primer paquete de reformas tiene como referencia el IPC. El nuevo modelo de pensiones se centraría en la inflación pasada y así poder evitar una caída de las pensiones como consecuencia de la caída de precios.
Las negociaciones de la segunda parte de la reforma tendría lugar en la segunda mitad de este año. La propuesta en general contemplaría un periodo de tres años.
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