Cuando el Estado se expande: se asfixia la libertad económica y eso esta ocurriendo en España con el gasto, la deuda y los impuestos.

Las economías más dinámicas del mundo combinan crecimiento, innovación y, sobre todo, un terreno fértil para que individuos y empresas actúen con flexibilidad.

Pero ¿qué sucede cuando el Estado crece demasiado, el endeudamiento no parece tener freno y la presión fiscal se convierte en un lastre para la iniciativa privada?

En España, según el reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) adaptado del Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, estos tres factores —gasto público elevado, deuda persistente e impuestos robustos— están socavando la libertad económica del país, reubicándolo en posiciones poco favorecedoras dentro de los países desarrollados.

Este artículo analiza esas conclusiones, las compara con datos y análisis de otras fuentes, y sitúa el fenómeno en un contexto más amplio, con el objetivo de entender hasta qué punto España se está adentrando en una dinámica difícil de revertir.

El diagnóstico: España entre los países con menor libertad económica, cuando el Estado se expande asfixia libertad económica

De acuerdo con el artículo de Idealista, España sigue manteniéndose entre los países desarrollados con menor libertad económica, cuando el Estado se expande asfixia libertad económica.

En concreto, en la edición más reciente del Índice de Libertad Económica (ILE), adaptado por el IEE a partir de la evaluación de la Heritage Foundation, España ocupa el puesto 31 de 38 países de la OCDE —es decir, en el furgón de cola entre sus pares más desarrollados.

A nivel mundial, aparece en la posición 53 de 184 naciones evaluadas.

El informe apunta a tres vectores principales que empujan esta situación:

• Gasto público excesivo, que transforma al Estado en un actor monstruoso capaz de influir en la economía de forma invasiva.
• Deuda pública elevada, que consume márgenes fiscales y obliga a los gobiernos a dedicar recursos crecientes al servicio del interés.
• Presión impositiva severa y estructura tributaria hostil, que penaliza la inversión, el emprendimiento y el ahorro.

El IEE advierte que España está unos 7 % por debajo de la media de los países desarrollados en términos de libertad económica.

En medios como El País o Cinco Días, el tema ha sido recogido con preocupación: “España, entre los países de la OCDE con menor libertad económica, por su gasto y deuda pública” es ya un eslogan en titulares recientes.

En Cinco Días incluso se subraya que el IEE califica a España como “uno de los países desarrollados con menor libertad económica”.

Esa posición relativa (31 de 38) es tanto una crítica al diseño institucional y fiscal como una llamada de atención sobre los obstáculos que enfrenta la iniciativa privada.

Pero ¿cuál es la medida concreta de esa “libertad económica” y cómo se compara España con otros países?

¿Qué mide el Índice de Libertad Económica? Y ¿cómo le va a España?, cuando el Estado se expande asfixia libertad económica

El Índice de Libertad Económica (o Economic Freedom Index) es un ranking internacional elaborado por la Heritage Foundation (con colaboración del Wall Street Journal) desde 1995.

Evalúa a los países en base a detección y cuantificación de barreras institucionales y regulatorias en cuatro grandes bloques:

• Estado de Derecho (protección de los derechos de propiedad, independencia judicial, corrupción)
• Tamaño del Gobierno (carga fiscal, gasto público, intervención estatal)
• Eficiencia regulatoria (libertad de empresa, mercado laboral, libertad monetaria)
• Apertura de mercados (comercio, inversión, sector financiero)

Cada dimensión está compuesta por subíndices que reciben puntuaciones entre 0 y 100, y la media compone la puntuación global del país. Cuanto más alta la puntuación, mayor “libertad económica”.

Según el informe de Heritage para España (2024), la puntuación global es de 63,3, lo que ubica a España en la categoría de economías “moderadamente libres”.

De hecho, la cifra representa una caída de 1,7 puntos respecto al año anterior.

El promedio mundial en el índice suele situarse alrededor de los 59 puntos, lo que implica que España se halla algo por encima del promedio global, pero claramente por debajo de las economías más libres.

No obstante, otros componentes del índice traducen la fragilidad de la situación española.

Por ejemplo:

En materia fiscal, España obtiene puntajes bajos, reflejando una presión tributaria elevada y distorsiones en impuestos patrimoniales y sobre la propiedad.

En el tamaño del Estado, los indicadores de gasto público y déficit sacan a España del podio: el gobierno tiene un peso importante en la actividad económica.

La regulación y mercado laboral, los costes normativos, la rigidez y la burocracia elevan la barrera de entrada para nuevos emprendimientos.

Por ejemplo, en el capítulo de impuestos, un dato llamativo: en 2025, la tasa máxima del IRPF en España es del 54 % (combinando impuestos estatales y autonómicos), una de las más altas de Europa.

Ese nivel gravoso puede actuar de freno para los incentivos al emprendimiento o la reinversión de beneficios.

Otro punto: según análisis del Tax Foundation, España queda mal parada frente a otros países en impuestos sobre el patrimonio, impuestos a la propiedad y sobre transacciones financieras.

Además, muchas de esas cargas tienen un carácter distorsionador: incentivan la evasión, reducen la inversión productiva y penalizan el dinamismo.

En ese contexto, para el IEE y sus colaboradores, los déficits fiscales persistentes, el peso del Estado y una arquitectura tributaria desfavorable son los principales lastres que explican la debilitada libertad económica de España.

Los tres motores que erosionan la libertad económica

Gasto público: un estado que pesa demasiado, cuando el Estado se expande asfixia libertad económica

Un Estado con ambiciones amplias, generosas transferencias, múltiples competencias e intervención constante en la economía puede volverse una carga para los ciudadanos y las empresas.

Cuando el gasto público crece indiscriminadamente, termina absorbiendo recursos que podrían destinarse a la iniciativa privada.

Esa es la tesis central que defiende el IEE en su versión del índice adaptado para España.

La literatura económica lo recuerda: el gasto corriente (personal, pensiones, administración) suele tener un efecto menor en crecimiento que la inversión pública productiva (infraestructuras, ciencia, innovación).

Si gran parte del gasto se dedica a mantenimiento del aparato estatal, no se crea valor añadido.

En numerosas ocasiones, se observa que en España el crecimiento del gasto corriente ha superado al de la inversión. Aunque no es un fenómeno nuevo, la tendencia ha persistido con distintos gobiernos.

Además, en el plan fiscal 2025-2031 presentado por el Gobierno se ha fijado una regla que limita el crecimiento del gasto público al 3 % anual para recuperar la sostenibilidad.

Sin embargo, cumplirlo será complejo dependiendo de obligaciones crecientes en pensiones, sanidad, servicios sociales y presupuestos militares.

Otra mirada: la OCDE ha advertido que el aumento del gasto en defensa no debe financiarse con nuevos endeudamientos, porque eso agrava el riesgo fiscal, especialmente en países con niveles elevados de deuda como España.

Así pues, aunque el intento de frenar la expansión del Estado es loable en el plan oficial, hay un reconocimiento tácito de que el volumen del aparato estatal y el gasto público son variables decisivas en esta erosión de libertad económica.

Deuda pública: una carga creciente sobre el presente y el futuro

La deuda pública no es solo un número en los balances: implica obligaciones financieras, compromete futuras reformas y limita la capacidad del Estado para reaccionar ante crisis.

En España, la deuda acumulada sigue siendo un caballo de batalla.

El enorme endeudamiento de años anteriores absorbe recursos considerables en pagos por intereses.

En muchos casos, el propio servicio de la deuda se transforma en una especie de impuesto implícito: recursos que podrían invertirse en educación, innovación o infraestructura se redirigen hacia acreedores.

En ese sentido, la deuda constriñe el margen de maniobra fiscal.

Aunque en septiembre de 2025 se anunció que el Tesoro español reducirá la emisión de deuda en 5.000 millones de euros, del plan previsto inicial de 60.000 millones a 55.000 millones, la ratio de endeudamiento sobre el PIB sigue alta.

El Gobierno sostiene que dicha reducción es viable gracias al buen momento de la recaudación fiscal, el crecimiento económico robusto y un menor déficit.

Las proyecciones oficiales mencionan que la deuda pública podría descender al 76,8 % del PIB para 2041.

Aunque esa senda suena optimista, dependerá de que no surjan crisis adicionales, de que se mantenga la solvencia financiera y de que los intereses no se disparen.

Por otro lado, el hecho de que España siga captando demanda para su deuda muestra que los mercados confían en su solvencia. Las agencias crediticias han mejorado su calificación, lo que reduce la prima de riesgo y permite emitir deuda más barata.

Pero este alivio no disipa el hecho de que el pasivo sigue siendo muy elevado y frágil frente a choques macroeconómicos (subida de tipos, crisis externa, etc.).

En resumen, la deuda limita la libertad económica porque condiciona presupuestos, obliga a ajustes y, en última instancia, pone en jaque a gobiernos que carecen de margen de acción.

Impuestos: asfixia para el dinamismo económico

El argumento más evidente de crítica al modelo es el peso fiscal.

Un impuesto demasiado elevado o mal diseñado puede desincentivar inversión, promover la evasión e inhibir nuevos emprendimientos.

Como ya se mencionó, el tipo máximo del IRPF en España es del 54 %, colocándolo entre los más altos de Europa.

En ese escenario, la diferencia entre lo que gana una empresa o un profesional y lo que acaba en sus manos es significativa.

También hay que sumar gravámenes patrimoniales, impuestos sobre la propiedad y a las transacciones financieras, elementos todos apuntados por estudios críticos como los del Tax Foundation como distorsionadores en el sistema español.

Otro efecto pernicioso: cuando el sistema tributario resulta complejo, burocrático y poco transparente, las barreras de cumplimiento se convierten en costes, especialmente para pequeñas empresas, autónomos y emprendimientos emergentes.

En ese sentido, muchos proyectos viables quedan fuera de la viabilidad por el coste administrativo o la inseguridad jurídica.

El IEE destaca que la estructura impositiva actual desincentiva la inversión y limita la capacidad del Estado para responder a crisis.

Una presión fiscal alta, acompañada por un gasto público gordo y una deuda pesada, conforma un escenario donde la creación de riqueza queda estrangulada.

España en comparación: quién lo hace mejor

Para calibrar lo que podría hacerse distinto, conviene mirar ejemplos o contrastes internacionales:

Irlanda, Suiza o Singapur, países que consistentemente ocupan los primeros puestos en los rankings de libertad económica, combinan menor presión fiscal, gasto moderado del Estado, marcos institucionales sólidos e incentivos a la inversión privada. El informe ILE 2025 se mencionan como referentes de entornos favorables.

En la Eurozona, algunos países han apostado por reducir impuestos a la empresa en momentos estratégicos para activar la inversión, amortiguando la carga estatal.

En la propia España, las comunidades autónomas que ofrecen regímenes fiscales más benignos parecen atraer capital, inversión o actividad —aunque no siempre se dispone de datos concluyentes.

No obstante, hacer la comparación internacional no significa copiar mecánicamente.

Cada modelo tiene que adaptarse al tejido productivo, a la estructura social y a la capacidad institucional de cada país.

Contexto macroeconómico: luces y sombras, cuando el Estado se expande asfixia libertad económica

Para no quedar en un discurso puramente teórico, conviene situar estos desequilibrios dentro del contexto macroeconómico reciente de España.

Crecimiento y recaudación

En 2024, el déficit público de España se redujo a 2,8 % del PIB (unos 44.600 millones de euros), gracias en parte a una recaudación récord.

Esa evolución positiva sugiere que el Estado puede recaudar más sin necesidad de subir impuestos excesivamente si la base impositiva crece (más empleo, salarios, actividad). Pero esa mejora está condicionada a que la economía mantenga su impulso.

Por otro lado, España ha emergido en 2025 como una de las economías más dinámicas de Europa, impulsada por el turismo, los fondos europeos, cierta recuperación del mercado inmobiliario e inversión extranjera.

Estas circunstancias favorables permiten cierto margen para reducir el endeudamiento y contener el crecimiento del gasto, como demuestra la decisión de recortar la emisión de deuda para 2025.

Riesgos inherentes

Sin embargo, la senda es estrecha. El plan fiscal del Gobierno para 2025–2031 proyecta reducir el déficit al 0,8 % del PIB, recuperar niveles anteriores de deuda y limitar el crecimiento del gasto al 3 %.

Pero esas previsiones dependen de variables delicadas: crecimiento constante, tipos de interés bajos, ausencia de choques externos (crisis energética, tensión geopolítica, inflación desbordada).

Además, con una deuda pesada, la sensibilidad a variaciones en el coste del endeudamiento es alta: una subida de los tipos puede erosionar los márgenes presupuestarios dramáticamente.

En ese contexto, cualquier desviación negativa pone en riesgo tanto la estabilidad económica como la capacidad de mantener políticas sociales sin recortes dolorosos.

Interpretaciones críticas y riesgos de la visión dominante, cuando el Estado se expande asfixia libertad económica

El diagnóstico del IEE/H Heritage es contundente, pero también merece matices críticos. Aquí algunas reflexiones:

El tamaño del Estado no es en sí malo: muchas funciones públicas tienen valor social claro (salud, educación, seguridad, infraestructuras).

Así, el problema no es que el Estado ocupe espacio, sino cómo lo usa y qué tan eficiente es.

Si la administración pública es ineficiente, el gasto se desperdicia; si es eficaz, puede complementar la actividad privada.

Desigualdad y Estado redistributivo: un Estado reducido y baja presión fiscal podría acentuar diferencias sociales y dejar zonas vulnerables sin protección.

La libertad económica no puede entenderse sin valores de equidad ni cohesión social.

Riesgo de subfinanciamiento en servicios esenciales: si el recorte del gasto es impuesto sin estrategia, puede dañarse la calidad de servicios clave, lo que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y genera efectos contraproducentes en el bienestar.

Dependencia de supuestos favorables: muchas proyecciones que sustentan la reducción de deuda o déficit asumen crecimiento sostenido y estabilidad europea —elementos que están fuera de las manos del gobierno.

En un mundo cambiante (crisis global, volatilidad financiera), esas metas pueden convertirse en espejismos.

El debate ideológico tras la “libertad económica”: la noción de libertad económica usada en estos índices está fuertemente influida por perspectivas liberales que enfatizan mercados, competencia y reducción del Estado.

Pero hay otros modelos con componentes mixtos, donde el Estado actúa como regulador, moderador o promotor sin ocupar el espacio completo.

Propuestas desde el prisma de la libertad económica

Para que España pueda revertir parte del deterioro de su libertad económica, algunas líneas estratégicas (que combinan rigor técnico con sensibilidad política) podrían explorarse:

• Reordenar el gasto público: priorizar inversión productiva sobre gasto corriente, reducir duplicidades administrativas, digitalizar la administración y mejorar eficiencia.
• Reforma tributaria integral: simplificación, alivio en las tasas marginales más altas, eliminación de gravámenes distorsionadores, incentivos a reinversión, estímulo a emprendimientos.
• Plan de desapalancamiento gradual: mantener déficits moderados, controlar emisión de deuda, emplear crecimiento extra para amortizar pasivos, no confiar en un solo año bueno.
• Fortalecer el entorno institucional: mejorar la independencia judicial, reducir la corrupción, asegurarse de que las reglas no cambien abruptamente y dar más certidumbre a los inversores.
• Estímulo a la innovación y al capital humano: políticas que no son estrictamente de “libertad económica” pero complementan el modelo: formación, investigación, atracción de talento extranjero.

Estas propuestas no garantizan éxito sin adversidades, pero establecen una hoja de ruta coherente con una visión de Estado moderno, eficiente y no invasivo.

Conclusión Cuando el Estado se expande: cómo el gasto, la deuda y los impuestos asfixian la libertad económica en España

Cuando el Estado se expande asfixia libertad económica. La alerta que lanza el IEE —y que recoge Idealista— no debe tomarse como mero ejercicio de alarma, sino como un golpe de atención: España se juega mucho si continúa dejando que el Estado, la deuda y los impuestos se conviertan en cadenas invisibles.

En un entorno internacional donde la competencia por capital, innovación y talento es feroz, los países que facilitan la actividad privada tienen ventaja estructural.

Ahora bien: la propuesta no es reducir el Estado arbitrariamente ni convertir lo social en secundario.

La clave está en pensar un Estado más inteligente, no más grande.

• Un Estado que acompañe, no que asfixie.
• Un Estado que invierta donde debe y regule con sensatez donde es necesario.
• El Estado que no demande sacrificios desmedidos al sector productivo para sostener una carga estructural insostenible.

En última instancia, si España no logra equilibrar crecimiento con sostenibilidad, eficiencia con equidad, dinamismo con prudencia, seguirá condenada a debatir cada año su posición en los rankings y perder terreno frente a competidores más ligeros, más flexibles y más previsibles.

La libertad económica no es un dogma ideológico: es un instrumento para que el talento, la innovación y el esfuerzo encuentren un terreno fértil donde florecer.

Y hoy, ese terreno está siendo reducido, lenta pero con persistencia, por decisiones presupuestarias, fiscales y de endeudamiento que amenazan con cerrar el espacio de acción para quienes quieren emprender, crecer o simplemente vivir con más margen.

Si tú —como lector— fueras parte de esa economía activa —emprendedor, profesional, empresario— ¿qué tipo de reformas te gustaría ver primero? ¿qué peso estás dispuesto a asumir para que el Estado sea viable pero no invasivo? La respuesta de la sociedad a esas preguntas moldeará en gran medida el futuro de la libertad económica en España.