En 2025, la sobrerregulación administrativa y burocrática supone un impuesto invisible por burocracia excesiva, una carga económica descomunal: 70 000 millones de euros al año, lo que equivale a 1 470 € por ciudadano o 4 410 € por hogar.

Esta cifra —catalogada como un «impuesto oculto»— revela hasta qué punto la dinámica normativa y la dispersión administrativa están estrangulando la productividad, la creación de empleo y la competitividad.

Según Daniel Lacalle, esta cifra podría elevarse incluso a 90 000 M€, representando el 6 % del PIB.

El impuesto invisible: ¿de dónde salen esos 70 000 M€?, burocracia excesiva

El coste se deriva de dos frentes principales: duplicidades, solapamientos y exceso normativo en los distintos niveles de la Administración.

Según el Instituto Juan de Mariana, el impacto económico equivale a unos 90 000 M€, distribuidos así :

• 500 M€ por fragmentación normativa autonómica.
• 430 M€ por obstáculos a la unidad de mercado en Europa.

Este dinero representa recursos que podrían invertirse en I+D, vivienda, educación o empleo, pero que se quedan en trámites interminables, licencias redundantes, inspecciones cruzadas y modificaciones constantes .

Consecuencias palpables para hogares y empresas del impuesto invisible de la burocracia excesiva

Familias castigadas

Cada hogar paga unos 4 410 € anuales en tiempo y coste directos por realizar trámites.

Esto implica menos ahorro y menos acceso a vivienda o consumo.

En un escenario de crisis inmobiliaria, estas trabas administrativas complican aún más adquirir una vivienda, ya que las licencias tardan más de un año en promedio.

Microempresas y pymes en asfixia

El 99,8 % de las empresas españolas son pymes o microempresas, y tienen menos capacidad para navegar regulaciones complejas.

Cataluña, por ejemplo, registra una media de 41 horas al mes dedicadas sólo a trámites administrativos.

En un país con 1,9 millones de empresas y 9,8 millones de trabajadores afectados por esta carga, lo que está en juego es la propia viabilidad empresarial.

Freno al crecimiento y la innovación

La acumulación normativa impide que las empresas crezcan —como subrayó Lacalle, las microempresas renuncian a expandirse luego de tres millones de euros de facturación —.

El informe del Instituto Juan de Mariana estima que 100 000 empleos podrían perderse en la próxima década por más normas.

Un laberinto legal: el contexto español y su comparación internacional

España, campeona de la complejidad normativa, en el impuesto invisible de la burocracia excesiva

Según Juan S. Mora-Sanguinetti, España ha aprobado más de 411.000 normas nuevas desde la democracia, registrando 12.704 en 2021 solamente.

Cada una puede tener una media de 11 referencias cruzadas a otras leyes, creando un entramado casi ininteligible.

Ruptura de mercado y disparidades autonómicas

La OCDE ha alertado históricamente sobre cómo las diferencias normativas entre comunidades autónomas limitan la unidad de mercado interna, obstaculizan la movilidad de empresas e incrementan la desigualdad productiva.

Cataluña o Andalucía, por ejemplo, tienen normativas duplicadas o contradictorias respecto a Madrid.

Contexto europeo y global

En la UE, la burocracia excesiva se valora como uno de los grandes frenos a la competitividad .

Otras potencias europeas han impulsado mejoras: la nueva normativa de IA europea incluye cláusulas activas para desregular.

La Comisión trabaja mediante una Vicepresidencia de simplificación regulatoria .

El coste oculto: productos, empleo, cohesión social, el impuesto invisible de la burocracia excesiva

Malestar social y menores salarios

El tiempo que se emplea en trámites es tiempo no dedicado a trabajar, innovar o adquirir formación.

La productividad se diluye y los costos se repercuten en salarios menores.

Menos inversión y empleo

Los recursos se desvían de inversiones productivas a equipos jurídicos, departamentos de cumplimento normativo, asesorías y gestoras de licencias.

Esto frena la creación de empleo y la competitividad internacional.

Vivienda inaccesible y desarrollo local estancado

La crisis inmobiliaria se agrava por la imposibilidad de construir, renovar o alquilar debido a la lentitud de permisos.

Las licencias tardan más de 12 meses, y la inversión en vivienda social se concentra en procesos administrativos engorrosos.

Propuestas para desregular sin perder controles, para eliminar el impuesto invisible de la burocracia excesiva

Certificación previa y ventanilla única

Implantar modelos similares a la licencia exprés, donde se aplican plazos máximos.

Un sistema de ventanilla única digital para territorios y trámites homogéneos sería vital.

Evaluación de impacto normativo

Extender y mejorar el Real Decreto 931/2017 para que toda norma requiera “test de simplificación”, revisión de referencias cruzadas, resistencia al cambio y coste-beneficio explicados.

Deregulatory sandboxes en sectores emergentes

Sectores como IA, blockchain o energía limpia deben permitir entornos controlados de innovación con normas flexibles, tal como exige la UE.

Homogeneización autonómica

Aplicación real de la Ley de Unidad de Mercado, con sanciones a reglamentos contradictorios entre comunidades.

Auditorías periódicas

Autoridades independientes —como Tribunal de Cuentas Europeo o una oficina nacional de reducción burocrática— auditando la realidad normativa.

Conclusión El impuesto invisible: 70 000 millones que España paga cada año por la burocracia excesiva

La sobrerregulación en España actúa como un impuesto invisible, un fenómeno silencioso con un coste económico equiparable al 6 % del PIB.

Se alimenta de la fragmentación autonómica, el exceso de nuevas normas y la burocratización.

La microempresa y el ciudadano medio lo soportan directamente.

Hoy los recursos se malgastan en buscar licencias, defenderse de inspecciones contradictorias o descifrar normativas cruzadas que impiden construir, contratar o innovar.

Las dinámicas de crecimiento, empleo y cohesión se ven afectadas de forma estructural.

Para revertirlo, no basta con ajustes de manual: es imprescindible un plan vigente de desregulación inteligente, que concilie protección con agilidad.

España podría convertirse en un terreno fértil para el emprendimiento, el empleo y la innovación si se reduce esa carga de 70 000 millones que hoy devora productividad, salarios y futuro.

El verdadero desafío no está en legislar más, sino en legislar mejor.