De nuevo, SMI al alza y permisos más generosos, como política electoral de un gobierno que está asfixiando la generación de riqueza.

En un nuevo capítulo de la política laboral española, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado dos medidas clave que marcarán el rumbo del empleo en los próximos meses: una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 y la ampliación de los permisos parentales retribuidos de 16 a 19 semanas.

Ambas decisiones, presentadas como avances sociales, llegan en un momento de gran tensión para las pymes, que siguen asimilando los efectos de anteriores subidas del SMI y asumiendo nuevas cargas organizativas, económicas y fiscales.

Si bien la protección de los derechos laborales es incuestionable como principio, crecen las voces que advierten sobre el desequilibrio entre las obligaciones que el Gobierno impone a las empresas y los recursos reales con los que cuentan —especialmente las pequeñas y medianas— para cumplirlas.

¿Estamos caminando hacia una mayor equidad o condenando a las pymes a una asfixia progresiva?

Este artículo analiza el contexto, los impactos y las posibles consecuencias de estas decisiones.

SMI: una nueva subida en el horizonte, SMI al alza y permisos más generosos

El Consejo de Ministros aprobó recientemente la revalorización del SMI para 2025, con un incremento del 4,4 %, situándolo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas.

Pero la ministra Díaz no se detiene ahí: ha anunciado que tras el verano convocará a la Comisión de Expertos para perfilar la subida del SMI en 2026.

El objetivo: cumplir el compromiso de situar el SMI en el 60 % del salario medio neto, como establece la Carta Social Europea.

Desde que Yolanda Díaz ocupa la cartera de Trabajo, el SMI ha subido un 62 %. Se ha pasado de los 735 euros en 2018 a los actuales 1.184.

Este fuerte ritmo de incremento ha sido celebrado por los sindicatos y por el propio Gobierno como una herramienta para luchar contra la pobreza laboral y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores peor remunerados.

La otra cara: costes crecientes para las pymes

Pero no todo el tejido empresarial recibe estas noticias con entusiasmo.

Según cálculos de organizaciones como CEPYME, las subidas del SMI afectan de forma desproporcionada a las pymes, que representan más del 99 % del tejido productivo español.

Para muchos pequeños negocios, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio o la agricultura, el salario mínimo no es una referencia lejana, sino el punto de partida real para miles de contratos.

El impacto directo se traduce en un aumento de los costes salariales, pero también en efectos secundarios: mayores cotizaciones sociales, subidas de bases mínimas y una presión sobre toda la escala salarial.

Todo ello sin tener en cuenta que estas empresas ya soportan una de las cargas fiscales más elevadas de Europa y una regulación laboral muy rígida.

Además, diversos estudios han demostrado que las subidas rápidas y generalizadas del SMI pueden tener efectos no deseados: destrucción de empleo en empresas con baja productividad, sustitución de trabajadores por automatización o ralentización de nuevas contrataciones.

Permisos parentales: más derechos, más organización, SMI al alza y permisos más generosos

El segundo gran anuncio del Ministerio de Trabajo es la ampliación de los permisos parentales retribuidos por nacimiento de 16 a 19 semanas.

De estas, dos podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla ocho años, ofreciendo así una mayor flexibilidad.

Para familias monoparentales, el permiso total podrá alcanzar las 32 semanas.

Este cambio responde a la necesidad de cumplir con la Directiva (UE) 2019/1158, que exige al menos ocho semanas retribuidas de permiso para el cuidado de hijos.

España había incorporado la figura al Estatuto de los Trabajadores, pero no su retribución, lo que provocó una sanción de 6,8 millones de euros por parte de la justicia europea.

Con este real decreto, el Gobierno asegura haber cumplido los compromisos con Bruselas.

El coste de esta ampliación asciende a 1.500 millones de euros anuales, que serán asumidos por la Seguridad Social, aunque los empleadores deberán seguir cotizando durante los periodos de baja.

A primera vista, parece una medida neutra para las empresas, pero en la práctica conlleva un reto organizativo de gran envergadura.

El reto invisible para las empresas

La ampliación del permiso parental —si bien es una mejora para las familias— implica para las empresas una mayor complejidad en la gestión de los recursos humanos.

La ausencia de un trabajador durante casi cinco meses obliga a reorganizar equipos, buscar sustituciones o asumir sobrecargas de trabajo en plantillas reducidas.

Alejandro Gil, socio laboralista de MAIO Legal, advierte que esta medida «constituye un reto organizativo», especialmente para las empresas más pequeñas, que deben adaptar su estructura sin recursos adicionales.

Además, el uso escalonado del permiso (hasta los ocho años del menor) complica aún más la previsión y la planificación interna.

Una política que llega tarde… y con sanción, SMI al alza y permisos más generosos

Aunque el Gobierno presenta la medida como un avance en conciliación, lo cierto es que llega tarde.

La Unión Europea había exigido que la retribución del permiso parental estuviera vigente antes de agosto de 2024. España no cumplió y fue multada.

Ahora, el decreto intenta enmendar la situación con una fórmula intermedia que, aunque mejor que la anterior, no cubre todas las exigencias de la directiva comunitaria.

El problema de fondo es la forma en que se legisla: improvisación, falta de diálogo real con los agentes sociales y poca previsión del impacto económico y organizativo.

De nuevo, la consecuencia la asumen las empresas, que deben adaptarse de un día para otro a normativas complejas y costosas.

¿Qué ocurre en otros países europeos?

El caso español se sitúa en un contexto europeo donde muchos países están avanzando hacia modelos más flexibles de permisos parentales, pero también más sostenibles.

Suecia, por ejemplo, ofrece un permiso parental de hasta 480 días, pero con esquemas progresivos de retribución, incentivos fiscales y un sistema que permite adaptar los tiempos a las necesidades de cada familia y empresa.

Alemania y Francia también han optado por modelos mixtos, donde parte del permiso es obligatoria, parte voluntaria y parte transferible entre progenitores.

En todos los casos, existe un diálogo fluido entre Estado, empresas y trabajadores para asegurar que los derechos no se conviertan en cargas inasumibles.

¿Qué soluciones se están obviando con el SMI al alza y permisos más generosos?

Mientras el Gobierno insiste en subir salarios y aumentar permisos, las verdaderas reformas estructurales siguen sin llegar:

• Productividad: España sigue teniendo un grave problema de productividad. Se legisla como si el país estuviera a nivel de los países nórdicos, pero con una economía mucho más frágil.
• Carga fiscal: Las pymes españolas soportan una carga fiscal y administrativa que lastra su crecimiento. Subir costes sin aliviar impuestos no es una solución sostenible.
• Flexibilidad laboral: La rigidez normativa impide que las empresas puedan adaptarse con rapidez a los cambios. Flexibilidad no significa precariedad, sino herramientas para evitar el colapso.

Conclusión SMI al alza y permisos más generosos: ¿progreso laboral o reto empresarial?

Las nuevas medidas del Ministerio de Trabajo son el reflejo de una política laboral que, aunque parte de principios nobles, persiste en errores estructurales que ya han demostrado su ineficacia.

La subida constante del SMI y la ampliación de los permisos parentales sin una contrapartida de apoyo real a las pymes no solo generan tensiones económicas, sino que amenazan con destruir empleo, desincentivar la contratación e incluso perjudicar a quienes supuestamente se quiere proteger: los trabajadores con menor cualificación, los jóvenes y las mujeres.

La experiencia de los últimos años ya ha dejado claro que subir el salario mínimo sin mejorar la productividad lleva al desempleo y a la inflación de costes.

En lugar de atacar los síntomas, habría que centrarse en resolver el problema de fondo: un tejido empresarial poco competitivo por la falta de incentivos, de inversión y de un entorno favorable.

Cargar a las empresas con más costes, más permisos y más regulaciones sin aligerar la fiscalidad ni mejorar el marco productivo es como pretender que un coche averiado funcione a base de apretar más el acelerador.

La solución no está en seguir aumentando las obligaciones, sino en trazar un plan fiscal y laboral ajustado a la realidad de las pymes, con menos impuestos, más flexibilidad y medidas que incentiven la inversión, la innovación y la contratación.

Solo así podremos construir un mercado laboral justo, eficiente y sostenible.